La industria minera ha incrementado su importancia en Guatemala, donde debido a los precios del mercado de algunos metales y minerales, las tierras en las que muchas comunidades están ubicadas son de gran demanda. A menudo, estas comunidades, especialmente de indígenas, exigen se les diga cómo serán usadas sus tierras. Algunos consideran que las protestas de las comunidades donde el gobierno ha autorizado la minería, ahuyenta la inversión en la región, mientras que otros consideran que es el derecho de los indígenas sobre sus tierras. A continuación, las consideraciones de los bloggers.
Las regulaciones estipulan que las compañías mineras deben pagar una renta a las comunidades, sin embargo, el progreso en la región aún está ausente. Jorge Jacobs de El Dorado [1] apunta, referente a las regulaciones:
Tanto dinero que se sabe que se está aportando, pero no se sabe en qué se está gastando, la población percibe solamente los beneficios que traen las inversiones de capital, como lo son los empleos directos e indirectos, y se hace la pregunta del millón: ¿a dónde va a parar todo ese dinero?
Y cualquier reglamento o ley que no sea la restitución de la legítima propiedad privada de los propietarios del subsuelo, que son los propietarios del suelo, seguirá haciendo de los auténticos dueños del subsuelo simples observadores de cómo en manos gubernamentales, y a discreción de los políticos de turno, los ingresos por minería se diluyen en un presupuesto que no los beneficia y en “obras sociales” que nadie ve por ningún lado.
Compartiendo algunas de sus preocupaciones, el cineasta francés Gregory Lasalle publicó en Red de Solidaridad de Guatemala [2] los videos realizados por los Periodistas, mostrando cómo las decisiones para detener la minería están siendo tomadas por las propias comunidades. Dijo:
…seguimos preocupados de la manera como el (nuevo) legislativo y el gobierno de Álvaro Colom van a dar seguimiento legal a estas consultas realizadas al nivel municipal.
Eso es porque la principal autoridad en materia constitucional dijo que tales sondeos no son legalmente vinculantes como aclaró Pluriculturalidad Jurídica [3]:
La Corte de Constitucionalidad sentenció recientemente la inconstitucionalidad del carácter obligatorio del resultado de la Consulta de Buena Fe realizada contra la explotación minera en el municipio de Sipacapa del Departamento de San Marcos en Guatemala.
Ale Oliva hace en su post Algo sobre minería… [4] algunas observaciones:
Poco o escaso beneficio de las áreas en las que se realiza la minería en comparación con el impacto que se produce. De manera directa la minería genera empleos directos e indirectos, pero en términos generales no mejora la calidad de vida de la población. Una pregunta importante es ¿Qué pasará cuando las minerías terminen sus operaciones en ese lugar?
Y la situación es aún más compleja ya que, de acuerdo a CERIGUA BLOG [es] en su post: Un juicio contra líderes indígenas ha comenzado [5]…
Un debate histórico ha iniciado en la sede el Tribunal De Sentencia de San Marcos, en el que siete hombres indígenas, defensores de los recursos naturales en sus comunidades, son acusados por la empresa Montana Exploradora de Guatemala, de incitación a delinquir, amenazar y agredir al jefe de seguridad de la corporación. De acuerdo con un artículo de opinión de Irmalicia Velásquez Nimatuj, publicado en el diario El Periódico, detrás de la acusación lo que menos importa son las agresiones al jefe de seguridad, sino tratar de silenciar, a través del sistema de justicia, a cientos de hombres y mujeres indígenas, la mayoría analfabetas, que fueron astutamente persuadidos por Montana para vender sus tierras por unos cuantos quetzales.
Pueden enterarse de más acerca del juicio en Resistencia de 7 [6].
Muchos guatemaltecos de diferentes orígenes concuerdan que el sistema legal falla, que los beneficios no están llegando a las comunidades y que en el futuro habrá un problema, porque no habrá nadie que pague los daños cuando las compañías terminen su trabajo.
Escrito por Renata Avila [7].