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Colombia: La minga humanitaria rescata los cuerpos de los indígenas awá asesinados

El 23 de marzo del 2009, un grupo de 470 indígenas colombianos, en su mayoría del sudoeste y del centro del país, partieron de El Diviso, un corregimiento en la jurisdicción del municipio de Barbacoas en el departamento de Nariño. Era la minga humanitaria, una misión que los indígenas llevaron a cabo para  rescatar los cuerpos de sus compañeros del pueblo Awá, asesinados en febrero por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que reconocieron haber dado muerte a 8 indígenas, acusándolos de colaborar con el ejército. Una semana más tarde, el 2 de abril, el grupo de unas 700 personas (entre ellos unos cuantos periodistas de medios nacionales, alternativos y especialmente extranjeros, el senador indígena Jesús Piñacué y dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo; alrededor de 300 indígenas se unieron a la marcha durante su recorrido) regresaron a El Diviso, donde realizaron una audiencia pública. La minga logró recuperar 8 cuerpos, entre ellos 5 de la masacre de febrero.

El viaje

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que organizó la minga con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), estuvo publicando diariamente artículos sobre la misma en su blog. El 25 de marzo publicaron una nota acerca de la Asamblea Extraordinaria de Autoridades Indígenas, realizada el fin de semana anterior a la minga, donde discutieron acerca de cómo terminaron atrapados en medio del conflicto armado interno colombiano:

En esta región del país donde habitan cerca de 15.000 indígenas Awá la disputa por el control territorial por parte de los actores armados legales e ilegales y algunas estructuras del narcotráfico en medio de las comunidades indígenas ha puesto en riesgo la integridad física, cultural y territorial de los indígena[s]. Para la Asamblea [Extraordinaria de Autoridades Indígenas] esta disputa: “ha vulnerado nuestros derechos y nuestra autonomía, desconociéndonos como sujetos políticos y de derechos y nos consideran como estorbos tanto para el régimen de derecha como de izquierda por el hecho de defender nuestra madre tierra, nuestra autonomía y cosmovisión propia, por nuestra posición integral, amplia, clara, transparente en la insistencia por defender la vida”.

El 25 de marzo también, la minga encontró una fosa común con los cuerpos de Orlando Taicús (padre), James Taicús y Hugo Taicús (hijos), quienes, según las autoridades indígenas y basados en la información suministrada por la comunidad, fueron asesinados por las FARC en septiembre del 2008. El informe de una comisión de investigación de la minga, publicado el 2 de abril, afirma que a una menor de edad de la misma familia le amputaron la pierna después de haber recibido un disparo de un rifle. El resto de la familia (“3 viudas y 4 niños huérfanos”) fue desplazada del territorio. En el artículo del 27 de marzo, los indígenas señalan que encontraron miembros de la fuerza pública dentro del territorio indígena awá, y exigieron a todos los grupos armados abstenerse de cualquier acción contra la minga.

El 29 de marzo, la minga llegó al lugar donde probablemente ocurrió la masacre, el remoto resguardo Tortugaña Telembí, y halló cuatro cadáveres, de dos hombres (uno de ellos de 15 años) y dos mujeres embarazadas de menos de 25 años. El artículo afirma también que una comisión forense de la Procuraduría llegó a la zona selvática, con la guía y la protección de la guardia indígena. A los niños que murieron en el vientre de sus madres les pusieron Ñambí y Telembí, de manera póstuma, y fueron homenajeados por la minga luego de su retorno.

Al día siguiente, un quinto cuerpo fue encontrado en las cercanías, junto con pruebas de la presencia de los grupos armados, como escribe Sergio Vargas del periódico alternativo El Macarenazoo:

En el octavo día de Minga, lunes 30 de marzo, se desplazó la última comisión a una vereda cercana de El Volteadero, loma arriba. Allí, se encontró la octava tumba, se hizo el registro pertinente, pero, además, se hallaron pruebas de la presencia guerrillera: Trincheras construidas en el subsuelo y galones con estopines, aparentemente utilizados como bombas que funcionan con el mismo mecanismo de las minas quiebra patas, incluso se hallaban banderas blancas justo encima de donde estaban construidas las trincheras.

En el paso que utilizamos cerca de cuatro veces para desplazarnos de El Volteadero a El Bravo encontramos una mina que estaba desactivada, pero que fue acordonada por la seguridad de los mingueros. Estaba tapada con tierra, pero la salida de dos cables dio cuenta de que estuvimos al borde de una tragedia, no queríamos venir con más muertos. En ese mismo paso, se encontraba, al lado de la trocha, un laboratorio de procesamiento de cocaína. Desde la primera hasta la última vez que lo vimos hubo cambios sustanciales; al principio un plástico transparente lo recubría, pero ya al final éste se había caído, y varias canecas en su interior habían sido movidas. La Minga tenía prohibido pisar este tipo de terrenos, por lo cual es ilógico pensar que un miembro de la comisión humanitaria pudiera haber generado estos cambios, además integrantes de la guardia indígena aseguraron haber visto en sus inmediaciones dos guerrilleros armados ingresando al laboratorio.

Vargas también ataca a los medios de comunicación masivos (llamándolos “medios masivos de propaganda”) por haber “injuriado de [sic] la minga” al afirmar que los indígenas se “estaban muriendo de hambre” y que el senador Piñacué era uno de los más afectados. Esto fue porque dos helicópteros (uno de la Cruz Roja Colombiana y otro de la agencia de cooperación gubernamental Acción Social) habían llegado a la zona llevando comida. Según Vargas, la comida fue repartida a los indígenas desplazados en El Diviso.

El informe de la comisión de investigación

Finalmente, la minga regresó a El Diviso y presentó el informe elaborado por una comisión de investigación. A pesar de no haber hallado todos los cuerpos (aparte de las 8 muertes admitidas por las FARC, hubo otros 3 asesinatos y otros 6 indígenas siguen reportados como desaparecidos), la minga proclamó que habían cumplido su objetivo inicial, condenando la “la sevicia con que actuaron las FARC al degollar, torturar y asesinar a nuestros hermanos Awá”, incluyendo a las dos mujeres embarazadas con sus hijos, agregando que las FARC están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. La minga también condenó a los demás actores armados, como la guerrilla del ELN, los paramilitares y la banda de narcotraficantes conocida como Los Rastrojos, “quienes violan los derechos humanos de nuestras comunidades y vulneran nuestra autonomía como pueblos”. Continuaron afirmando que “cualquier acto de violencia que cometan los actores armados venga de donde venga será condenado y denunciado por nuestra organizaciones y organizaciones de [derechos humanos]”, exigiendo que sean condenados los autores materiales e intelectuales de la masacre. Asimismo aclararon que, contrario a lo que algunos medios publicaron con base en informes castrenses [Ing], “no había cuerpos minados”.

El informe de la comisión de investigación suministra detalles de lo que la minga encontró durante su recorrido de 10 días:

En desarrollo del recorrido se logró llegar a la quebrada el Ojal, perteneciente a la comunidad el Bravo, encontrando allí, a las 12: 45 PM, el cuerpo sin vida de Omaira Arias Nastacuás, quien fuera brutalmente asesinada contando al momento de los hechos con 3 mese[s] de embarazo. Según los testimonios, este cuerpo padecía muestras de torturas practicadas por arma blanca.

(…)

En la misma avanzada en predios de la desembocadura de la quebrada el Ojal al rio Bravo se logró encontrar los cuerpos (sic) de Blanca Patricia Guanga Nastacuas con aproximadamente 18 años de edad, quien en el momento de los hechos contara con 7 meses de embarazo. Se evidenció que su vientre fue abierto con arma blanca, extrayéndole el bebe. No logrando encontrar el cuerpo del bebe.

Al lado se encontró el cadáver de Robinson Cuasalusan, quien padeciera las mismas formas de torturas. Dedos amputados y degollado su cuello.

La comisión denuncia la orden que dio la FARC a los pobladores de no tocar ni dar información sobre los cuerpos ni sobre lo sucedido so pena de muerte.

Para esta comisión es de claro conocimiento que los argumentos que las FARC, presenten como actos justificatorios, es una farsa, pues las comunidades indígenas de Tortugaña, no son colaboradores ni sapos del Ejercito, por el contrario son comunidades que se encuentra aterrorizadas por los constantes combates que se han venido desarrollando en esa parte del territorio indígena Awá.

Por último esta comisión concluye, que antes de ocurrir los hechos el Ejercito Nacional si estuvo, en las viviendas de las víctimas instando a los comuneros participar en su lucha contra la insurgencia.

Expuestas las anteriores consideraciones, queda claro que por un lado el territorio Awá de Tortugaña es un cementerio colectivo y que es la Minga Humanitaria la que logra destapar ese escenario de impunidad que se venía gestando en este territorio por causa del temor de sus pobladores.

La minga afirma que logró hacer lo que algunos organismos del Estado no pudieron, evidenciando que “muchos de los argumentos oficiales del Gobierno son falsos y que faltó una real voluntad política y moral para rescatar los cuerpos e intervenir socialmente en la problemática del Pueblo Awá”.

Según un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, tres de los cuerpos hallados fueron trasladados por la comisión forense de la Procuraduría hacia el puerto de Tumaco, mientras que los funcionarios de la Defensoría registraron las coordenadas de los cinco restantes, para que los técnicos forenses de la Fiscalía General hagan la exhumación y el levantamiento de los cadáveres.

Caruri está de acuerdo con lo concluido por la minga acerca del gobierno:

En dos meses las autoridades colombianas no fueron capaces —ni tuveron siquiera la intención— de buscar esos muertos. Porque no eran suyos, no eran “de los suyos”, no eran importantes, no generaban retribuciones políticas, no daban votos.

Qué lástima. Qué vergüenza!

El domingo, la ONIC informó y denunció la muerte de Hermes Nastacuás, otro indígena awá que pisó una mina antipersonal puesta por las FARC. Sus tres hijos pequeños, que caminaban con él, resultaron heridos. Las minas antipersonales se encontraban en la misma zona en la que días antes había estado la minga humanitaria. La agencia de noticias EFE y otros medios locales hicieron eco de la noticia de este crimen.

1 Comentario

  • Estimados: pertenezco al equipo de producción de un programa radiofónico idigenista que depende la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, México; y estamos recabando información para realizar un programa dedicado a la problemática de los pueblos indígenas de Colombia para transmitirlo el próximo sábado 25 de abril del presente año; no se si tengan algun material sonoro que nos pudieran compartir, ya sea testimonios o música con la que podamos ilustrar al auditorio acerca de la situación que viven en sus comunidades.

    Esperando tender un puente de comunicación que sirva para fortalecer la justicia de los pueblos originales.

    Atentamente: Arturo Espinoza
    Producción programa “Territorios”
    Red Radio Universidad de Guadalajara.

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