Honduras: Crisis política sobre la controvertida consulta
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Honduras está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia política. El presidente hondureño Manuel Zelaya destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado. Se hizo el anuncio después de reunirse con la cúpula de las Fuerzas Armadas con el fin de resguardar las urnas donde se realizará la consulta popular que el Poder Ejecutivo ha promovido para el domingo, 28 de junio, 2009. Esta consulta determinará si se convoca una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución [inglés].
El general Vásquez Velásquez se encontró en una situación difícil debido a que la petición u orden del presidente, como el comandante de las Fuerzas Armadas, contrastaron con la conclusión del Congreso Nacional y la Corte Suprema, que la consulta popular es ilegal. Justo después de la destitución de general Vásques Velásquez, el comandante del Ejército, general Miguel Garcia Padgett, el comandante de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez y el comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo renunciaron a sus cargos.
En las calles de ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, existe la constante tensión y preocupación de no saber qué va a suceder, con rumores de un golpe de Estado y una falta de apoyo para la democracia en el país, de parte de los partidarios y de los opositores. Se ve esto mayormente en la capital de Tegucigalpa, donde se han cerrado las escuelas y las empresas, las gasolineras y supermercados están llenos de personas que buscan provisiones, y hay presencia militar en las calles para impedir disturbios.
Los hondureños han utilizado sus blogs y redes sociales como Facebook, Blipea y Twitter para compartir lo que piensan acerca de la situación e informar al país y al mundo el curso de los sucesos.
Irina Vanessa Orellana de La Vida es Bella Aunque No Me Creas escribe este post para documentar lo que está pasando:
Escribo este post, principalmente para dejar una huella en la historia que estamos viviendo, esperando dentro de poco tiempo poder leer el mismo, con la satisfacción de que sólo estamos pasando por un mal momento, esperando que lo que se viene, no sea nada parecido a lo que otros latinoamericanos ya tienen en Venezuela o Nicaragua….escribo con el miedo que muchos y muchas hondureñas estamos sintiendo, al ver que este frágil sistema democrático se nos está yendo de las manos. Ojalá que no pase nada peor!
Sin embargo, hay mucha crítica contra Zelaya. David Morán de El Catracho escribe que los esfuerzos del presidente no traen ningún beneficio a la Constitución actual:
El irreversible presidente que tenemos arguye que nuestra Constitución ha sido pisoteada por los grupos facticos del país; pero él, en vez de hacer que se respete, pretende, luego del ultraje a que ha sido sometida, darle el tiro de gracia y asesinarla, esto con el fin de instaurar una asamblea constituyente que redacte otra, una que emule el sistema de represión socialista y paternal que existe en Cuba, sumiéndonos en una situación peor a la actual donde todos corremos el riesgo de perder nuestras libertades individuales.
Pero también hay partidarios de la consulta popular, como el blogger de Honduras en el Mundo que escribe que el acto de votar es un método de enterarse de cuánto apoyo existe y que la gente debería votar «No» si no están de acuerdo. Critica también a la oposición por sus «campañas de terror» y x lanzar indirectas de un golpe por estar en contra del cambio que el pueblo desea. Además, Juan Carlos Rivera de Mirada de Halcon critica a los medios de comunicación y a la prensa por su papel:
En Honduras, como siempre ha ocurrido, la prensa, controlada por grupos conservadores, recurre a las herramientas más burdas para frenar cualquier movimiento que implique un cambio de la estructura política puesto que supone, para ellos, la pérdida de privilegios, comodidades y recursos materiales, obtenidos, en la mayoría de los casos, de manera irregular.
Esta crisis que todavía está desarrollando en Honduras no recibe la atención de los medios de comunicación que reciben otros países, como Irán [inglés], escribe La Gringa's Blogicito.
Olga Iris Mencia B. de Hibueras opina que los sucesos en Honduras son necesarios para despertar al país, y se pregunta acerca de su futuro:
Lo que está pasando ahora en el país es lo que debe ser. Sin cambiar un ápice, con las renuncias debidas, con las destituciones dadas, con el apoyo de la gente, con las burlas de las oligarquías, con la indiferencia de la inconsciencia, con la movilización armada oficial, con los enojos del legislativo, con la corruptela tradicional del poder judicial, con el presidente y su personalidad. Cada hecho es un paso hacia el fortalecimiento de la soberanía. Cada hecho es un paso más hacía la agudización de la crisis, a ver más claro que la ciencia es ciencia y que la historia es irreversible aunque se juzgue cíclica, Que pasará en Honduras?
La historia se escribe cada día.
38 comentarios
CENTRO AMERICA… CENTRO AMERICA… PORFIN UNA VOZ.. ENTRE TANTA MENTIRA DE AMERICA DEL SUR.. Y TANTO SILENCION POR EL CHANTAJE DE LOS DOLARES….
EN HONDURAS HAY DEMOCRACIA….
Ramón Henriquez Conejeros nos dice:
Honduras
Informe sobre
Derechos
Humanos
Documento para difusión:
Ref.: Defensa de los derechos Humanos en Honduras.
Misión Internacional de Derechos Humanos, Tegucigalpa, Honduras.
Remite: Ramón Henríquez Conejeros (RHConejeros@Gmail.com)
Se disponía a presentar el informe preliminar en Tegucigalpa, Honduras, a las 10am local
(18 HCE), cuando el local donde se desarrollaría la rueda de prensa fue rodeado por fuerzas
del ejército hondureño. Ante la situación creada por las fuerzas represivas del gobierno
golpista, Enrique Santigo (delegado por IEPALA-España) procedió a remitir por correo
electrónico el informe que a continuación transcribimos, para el que pedimos su máxima
difusión de forma urgente.
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
i. Introducción.
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales
independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en
derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa
Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en
Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin
de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión
Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos
en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha
llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de
derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas,
diputados al Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la
Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias
de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la
Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel
Zelaya.
La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y
redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para
Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El
Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios
Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de
defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Solidaridad Mundial
(Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de
Estudios Tricontinental.
ii. Los hechos verificados por la Misión.
1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras
reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa
Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya
Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial
correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde
fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que
despegó a las 6:10 am de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y
ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la
custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se
encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2. En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a «improbar la
conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la
Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos
jurisdiccionales», cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma
constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín como
«Presidente Constitucional de la República» (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3. Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el
Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, restringiendo los siguientes
derechos constitucionales: la libertad personal, «detención e incomunicación por más de 24
horas» (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar
y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados
en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00
am en todo el territorio – conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el
término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 días después de su promulgación continua
en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados
derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la
Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras
dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución
hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave
de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.
4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua
siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente
contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto
posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a
través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando
aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el
interior del país.
5. Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de
garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios
entrevistados por la Misión, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su
contenido.
6. La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida
por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y
su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste
convocadas por el régimen de facto.
7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la
existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con
posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de
numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son
constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de
los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del
cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se
encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones
arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así
como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto
de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales,
defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas,
ciudadanos-as extranjeros, entre otros.
9. En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relación a este, según diversas
fuentes constatadas por la Misión, han sido reportadas las siguientes muertes de personas:
Isis Obed Murillo Mencias, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante
la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto
de Toncontin, Tegucigalpa; Gabriel Fino Noriega, periodista de radio Estelar, en el
departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su
centro de trabajo; Ramón García, líder del partido político Unión Democrática (UD), obligado
a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y
acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; Roger Iván Bados, ex
dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP),
amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la
fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; Vicky Hernández Castillo (Sonny
Emelson Hernández), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un
impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y
una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada «cuarta urna»,
encontrada muerta el 3 de julio en el sector de «La Montañita» en Tegucigalpa, lugar que fue
cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión
continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10. La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos
Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: Anastasio
Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado
en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían
chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue
desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11. En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de
amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la
sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas,
dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros,
diputados. Hemos documentado más de 100 personas en esta situación.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima
del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso
que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David
Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de
Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue
justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo
que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su
hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio
señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc.
Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del
Gobierno depuesto.
13. Según lo afirmado a la Misión por el General Director de la Policía Nacional. Sr. Escoto
Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque
de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al
golpe.
14. Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas
semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de
nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por
detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado
allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas
nicaragüenses.
15. Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de
derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel
Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García
Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David
Bendaña Mejía, José Gonzales, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar
Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Jirón. Ellos fueron detenidos
arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjería, siendo
sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de
detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con
otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni
a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional
Civil.
16. Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de «amenazas externas» al
régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna
respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la
seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes,
trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo
acreditado en Honduras.
17. Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política
xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e
invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes
sospechosas.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de
jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad
de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV
Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de
medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la
transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto
a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el
bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a
internet.
20. La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de
transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra
periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. Jhonny José Lagos Enríquez, así
como contra Luis Galdanes, conductor del programa radial «Tras la Verdad». El señor Lagos
viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de
Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede
aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las
trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita Ismael
Moreno, detenido temporalmente el periodista Romell Alexander Gómez Mejía y recibido
amenazas de muerte en el caso del periodista Romel Romero, canalizadas a través del
teléfono celular de su esposa, la Sra. Miriam Espinal. Igualmente, el Equipo de Reflexión y
Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de
amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran
permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en
Progreso.
22. Situación similar a las anteriores padece Osman Danilo Corea, periodista del Canal 26
TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han
indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras
versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa
relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de
Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de
los «camisetas blancas» (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle
los equipos en caso de desobedecer, añadiendo «porque nosotros mandamos, las fuerzas
armadas tenemos el poder». La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y
persecución sufrida por el periodista de televisora «La Cumbre» Sr. Jorge Orlando Anderson
del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23. El periodista Nahum Palacios de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo
Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4
miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del
Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de
Colón Sr. Wilfredo Paz ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora
si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa
de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuación de grupos
paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de
narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios,
quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV
Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25. La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus
puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; así como
actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el
régimen de facto y la empresa privada.
iii. Conclusiones La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y
sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado.
Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los
compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de
funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad
del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto
11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de
derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su
aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con
fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de
queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la
desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la
respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de
los derechos fundamentales de los y las hondureñas.
Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos
Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad
del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos
fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional
de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido
un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus
funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a
varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de
junio, como ocurre con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos
destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su
vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido
una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos
medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la
violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta
coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la
adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz
para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad
democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para
defender la democracia y los derechos humanos en Honduras.
iv. Recomendaciones
I. A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como
fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, así
como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno.
• Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante:
§ Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
§ Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
§ Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
§ Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas
en riesgo.
§ Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil
hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es
necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las
necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de
programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado,
manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las
organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
• Relaciones entre Unión Europea y Honduras.
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las
medidas siguientes:
– La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre
la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en
caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
– Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo,
como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea
que apoyan al gobierno de facto.
– Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar
las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
– Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la
UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
– Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión
Europea.
II. A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§ Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
§ Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones
que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en
contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que
contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los
mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en
particular considere la pertinencia de:
§ Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
§ Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
§ Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de
libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de
los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal
General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible
investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que
contempla la competencia por el crimen de persecución política.
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las
organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en
seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en
Honduras, han sido las siguientes personas:
• Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
• arcia Aguiluz (CEJIL)
• Viviana Krsticevic (CEJIL)
• Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
• Jorge Rojas (CODHES)
• Benjamín Cuellar (IDHUCA)
• Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
• Javier Mujica (FIDH)
• Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
• Enrique Santiago (IEPALA, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos – España)
• Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
• Hans Peter Dejgaard (IBIS – Dinamarca)
• Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y
Desarrollo del Parlamento alemán)
• Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación – Austria)
• Katia Nouten (CIFCA)
• Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
• Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental).
Atentamente, Ramón Henríquez Conejeros (Comité de Solidaridad con Honduras)
RHConejeros@Gmail.com
Fuente: adriariss@gmail.com
27 de Julio de 2009
http://www.honduraslaboral.org
Bueno amigos quiero comentar de forma objetiva lo que pienso de lo que sucede en mi pais con respecto al golpe de estado militar.
* no soy abogado pero si me a interesado mucho a raiz de los eventos que han ocurrido, he leido los 375 articulos que forma la constitucion de honduras, he analiza muchas situaciones inregulares cometidas por las partes y en esta ocacion me referire a una.
la cuarta urna.
esta situacion se dice que genero la crisis, la consulta popular que se decia en la propaganda publicitaria que todos los medidios de comunicacion de tv, radio y escritos hacian sin eseccion alguna, claro todos recibian buen dinero de pago por esa publicidad del estado y ahora no se acuerdan y se forma el famoso cerco mediatico de la informacion.
bueno pero siguiendo con la famosa cuarta, es muy cierto el presidente zelaya hiba a realizarla el 28 de junio, pero todos sabemos que ese dia se dio el golpe, si usamos el sentido comun, no se relizo el delito o traicion a la patria que se menciona, porque un ciudadano viola la ley cuando hay un hecho consumado, okey el congreso tiene la potesta de llamarle la atencion al poder ejecutivo y la corte suprema de justicia pero constitucionalmente no lo pueden remover de su cargo porque la misma constitucion lo prohibe .
segun los articulo 208, incisos 4,9,13., articulos 14,15,16,17 que bueno por ser extensos no incluyo el contenida pero que si estan interesados pueden bajar en internet la Constitucion de Honduras y leerlos, mencionan, que como cualquier proyecto de ley que el presidente presente al congreso podra ser aprobado o desaprobado por los 128 diputados, entoces si el proyecto de la cuarta urna se hubiera consumado, el congreso tenia la oportunidad de betarlo categoricamente o aprobarlo, este es el mecanismo norma que usan los poderes del estado con los proyectos de ley, ejemplo si el congreso lo betara y el ejecutivo no esta conforme con esa decision entonces interviene el tercer poder que es la corte suprema de justicia decidiento cual es la resolucion definitiva del proyecto ley, cuando se presento el proyecto ley que el ejecutivo presento al congreso con respecto al hoy no circula, para el ahorro de combustible, el congreso lo beto y tambien la corte suprema de justicia, en otras palabras no paso y por lo tanto no fue una realidad, como veran no es argumento que la cuarta urna fue el motivo para dar un golpe de estado, pienso objetivamente que desde el 28 de junio se han violentado una serie de articulos de la constitucion (3, 77, 102, 242 y otros), quien reclama esas violaciones ^nadie^, la aplicacion de la justicia se hara en un futuro cuando los protagonista de esta crisis esten ansianos o simplemente hayan muerto, la injusticia es por ejemplo este maestro que murio hoy por un disparo que seguramente lo hizo un policia tal como se ve en los disturvios que ocurriero en el eatadio nacional el domingo pasado donde murieron tres personas por balasos y se ve a los policias disparando su pistola de 9mm asia la manifestacion, es lastimoso que por los politicos revanchistas se a destruido a este pais en todos los aspectos.
pienso que detras del golpe de estado estan otros protagonistas del poder verdadero en honduras y que esto fue planificado muy bien para ser ejecutado, pero no contaron con tanta coplicacion que ustedes ya conocen y que los hara fracasar.
gracias mis amigos pienso que hay que reflexionar mucho estos eventos y concluir que unos pocos que estan en el poder arruinas a millones en un pais.
att. Ramdo
Ramdo,tienes toda la razon y gracias por ilustrar a los que opinan, sin siquiera conocer la constitucion de honduras,estoy de acuerdo contigo,cuando dices que el presidente Zelaya,no violo la constitucion,mas los que lo secuestraron, si la violaron,rotundamente el congrso no tiene la capacidad de sacar un presidente del poder,a quien le compete es a la corte suprema y ellos solamente sirvieron de esbirros,al confabularse con micheletti,para dar el golpe de estado,te dire:en honduras en el siglo recien pasado en le decada de los sesenta al noventa,se dieron hechos como este y en uno estubo metido el mal llamado micheletti,y hasta esta fecha nadie ha sido castigado por esos hechos deleznables,asquerosos,pues no se respeta la vida ni la integridad de las personas, ahorita en el pais hay una anarquia completa pues los golpistas no cejean en su afan de estar en el poder,aunque con ello tengan que asesinar personas humildes,que por lo
la verdad es que si hubo golpe de estado y nadie con dos dedos de frente puede calificar y decir que no hubo rompimiento del orden constitucional,solamente los que estan en las filas de los golpistas, dicen lo contrario,ya que les conviene,pero el pueblo de honduras esta en pleno movimiento para sacar a los usurpadores del poder constituido por medio del voto popular,y esta egnte sedienta de poder asalta y roba lo que con sacrificio se habia logrado desde las decadas del setenta al noventa,que los militares hacian lo que les daba la regalada gana,hoy el pueblo tiene que luchar para sacar el grupo de oligarcas del poder y tiene que ser rapido antes de que sigan asesinando mas gente humilde,pues si no se revierte este golpe de estado no habra justicia que castigue esos crimenes abominables cometidos por los militares y policias de honduras,por oredenes de micheletti y sus secuazes.