Recientemente, el gobierno de Puerto Rico ha emitido una orden para retirar a 200 familias de la comunidad Villas del Sol en Toa Baja, bajo el argumento de haber ocupado ilegalmente las tierras que son propensas a las inundaciones. Las fuerzas de la policía usaron gases lacrimógenos y atacaron a los miembros de la comunidad, la mayoría de ellos inmigrantes de República Dominicana.
Esta última semana, el gobierno cortó los suministros de agua y electricidad. Las familias están resistiéndose a la orden de desalojo afirmando que han vivido ahí durante años, construido sus casas y su comunidad y que los están expulsando sin aviso. En Puerto Rico, durante muchos años, las personas con antecedentes socioeconómicos menos favorecidos han ocupado terrenos públicos para construir casas debido a que los programas y políticas existentes del gobierno han hecho poco para reducir la pobreza y proporcionar una adecuada cantidad de viviendas a precios a su alcance.
La controversia ha provocado un apasionado debate en la blogósfera portorriqueña. En su blog Poder, Espacio y Ambiente, la profesora de derecho y experta en temas ambientales, Erika Fontánez, condenó la agresión policial:
La realidad es que por ser dominicanos, muchas de estas familias han tenido que soportar por todos estos años la discriminación, violencia e intimidación de la policía y de funcionarios de vivienda y hoy fue el más reciente episodio, justificado públicamente por el hecho de que no son propietarios. No son propietarios, cierto, pero acaso eso los descualifica de su dignidad humana, acaso el no serlo les priva de sus derechos civiles, de la dignidad y respeto. ¿No merecen, por no ser propietarios, un trato humano?
Fontánez también cuestionó el por qué el gobierno aplica diferentes parámetros a los constructores que construyen en terrenos ilegales igualmente peligrosos:
Y es que para los ciudadanos la implantación de la ley por medios violentos en este caso carece de legitimidad cuando ven que se aplica selectivamente contra un sector que está irrumpiendo el ordenamiento porque carece de un derecho básico y se le vuelca contra sí toda la violencia y el poder del estado, mientras otros irrumpen la ley para el lujo de casas de verano y permanecen impunes.
Michael Castro, autor del blog Poder 5, dice:
Aquí hay un dilema entre lo justo y lo legal. Ellos están violando la ley pero no por eso es justo que se les tire a la calle y se les deje desamparados sin un techo.
En El blog de Sheila Vélez, la autora, que es abogada, afirma:
Se trata de un derecho humano fundamental: el derecho a una vivienda adecuada. Ciertamente las estructuras que conforman la comunidad Villa del Sol distan de ser “viviendas adecuadas”. El suelo: inundable, las paredes: frágiles, los techos: de zinc y sin anclajes, agua potable y electricidad… En Puerto Rico existe un problema histórico de acceso a vivienda adecuada para amplios sectores de nuestra sociedad. Sobre todo en un sistema económico que privilegia la propiedad privada de la tierra y la vivienda. Y donde el concepto de vivienda aceptado socialmente se relaciona a una estructura unifamiliar, terrera y privada.
Villas del Sol es la segunda comunidad que ha capturado espacio en la blogósfera este verano boreal. En junio, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, firmó una ley que desmantelaba un innovativo proyecto comunitario de propiedad colectiva de tierras llamado Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña. Deepak Lamba-Nieves, estudiante de doctoral en Planeamiento y Desarrollo, que también participó en la creación del proyecto, explicó en su blog Trans(actions): Trans(acciones):
El Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña, orquestado por el Proyecto Enlace y el Grupo de 8 comunidades aledañas al cuerpo de agua, es un proyecto ejemplar que le sigue la pista no a las misiones de Hugo Chávez ni a la Reforma Urbana de Cuba, sino a iniciativas similares en los Estados Unidos que han logrado mantener un caudal de vivienda asequible para los pobres y las familias de escasos recursos.
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