Sigue el proceso de reforma constitucional en República Dominicana [1], y en esta ocasión el punto de controversia ha sido la aprobación del artículo 69, que establece lo siguiente: «Las cuencas altas de los ríos y la zona de biodiversidad endémica, nativa y migratoria son objetos de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada. La ley regulará las condiciones, normas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas».
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Foto de Rocío Díaz
La segunda parte de este artículo, la que habla del libre acceso a playas siempre y cuando se respete el derecho a propiedad privada, ha sido motivo de queja entre gran parte de la población que entiende que se le está coartando su derecho a asistir a playas donde hay inversión privada, es decir, hoteles, clubes y otras infraestructuras. Periódicos [3], blogs y programas de televisión ciertamente lo interpretaron así, convirtiéndose el tema del libre acceso a las playas en una causa más de lucha que despertó amplias protestas en estos medios, así como en Twitter y Facebook, donde incluso se ha formado un grupo exhortando a no permitir la privatización de las playas [4], pues muchos temen que de esta decisión surja esa posibilidad.
Manuel Moisés Montás del blog Toy Jarto explica de dónde sale este temor [5]:
Una vez reconocidos los derechos de apropiación y explotación a título exclusivo de las playas dominicanas, es de esperarse que algunos particulares (gente con dinero) procedan a adueñarse de las que resulten más hermosas, mejor ubicadas o idóneas para la explotación turística, relegando así al grueso de la población a playas de segunda o tercera categoría que, andando el tiempo, no tardarán en deteriorarse con motivo de la afluencia masiva de personas huérfanas de recursos para ir a bañarse en las playas privatizadas.
A pesar de la reacción negativa que ha generado el artículo 69, muchas otras personas recuerdan que desde siempre el acceso a playas donde operan hoteles ha estado restringido, siendo la diferencia que ahora está establecido así en la Constitución. Algunos incluso defienden la idea de que se regule el acceso a estas playas. Enedina Pereyra, autora del blog Bracuta, hace un llamado a los dominicanos que protestan a ponerse en los zapatos de empresarios [6] que han tomado una playa, la han limpiado y la han transformado en un espacio ideal para vacacionar. Al mismo tiempo, hace una comparación gráfica entre una playa privada y otra pública, con énfasis en los pobres modales del dominicano promedio que visita una playa.
Tantas protestas ha habido sobre el artículo 69 que hasta la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes [7] (ASONAHORES) se ha visto en la obligación de aclarar el punto: en un comunicado publicado el jueves 8 de octubre en un periódico de circulación nacional, la entidad dice que el nuevo texto representa un avance porque establece un equilibrio entre el uso de un patrimonio natural del país y el derecho de propiedad privada. A pesar de estas declaraciones, desde el jueves 8 de octubre se han realizado protestas, siendo la mayor manifestación la del viernes 9, realizada frente al Congreso Nacional por jóvenes con vestimenta playera y pancartas con la consigna «Esta no es mi Constitución», la que ha invadido numerosas paredes en Santo Domingo, Santiago y otras ciudades.
Las protestas suscitadas, si bien son apoyadas por la mayoría de la población -sean jóvenes, viejos, pobres o clase media-, algunos, como es el caso de los autores del blog Ahí e’ Que Prende, lo ven como una acción impulsiva [8] basada en una mala interpretación de un texto que tan solo avala lo que ha venido sucediendo desde siempre con las playas donde hay complejos hoteleros: acceso restringido solo a sus visitantes. A pesar de esto, el equipo de Ahí e’ Que Prende reconoce que se han cometido atropellos con la actual reforma constitucional.