Hacia fines de diciembre, el Consejo de Ministros de Mozambique hizo un anuncio importante. Se había revocado una concesión para la empresa de biocombustibles Procana de 30,000 ha de tierras en el distrito de Massingir.

La Ley de Tierras de Mozambique, aprobada en 1997, es bastante particular. Las tierras se estatizaron cuando se proclamó la independencia [en 1975], y la Ley de Tierras no cambió esa situación. La ley provee al estado de herramientas claras para controlar el uso de tierras. Los inversores del sector privado deben buscar acuerdos por 50 años sobre los derechos de uso de las tierras, que se conocen como Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (Derechos de Uso y Aprovechamiento de Tierras) o DUAT. Esos acuerdos no son vinculantes por el período completo de 50 años hasta después de un lapso de dos años, durante el que los inversores deben probar que utilizan las tierras productivamente.

El caso del acuerdo de Procana, que comprende una enorme región lindera con el Parque Nacional transfronterizo Limpopo, fue polémico desde que comenzó en 2007. Las comunidades establecidas en la zona del parque iban a ser reubicadas en las tierras que inmediatamente después se concedieron a Procana para la producción de caña de azúcar. Esas comunidades necesitaban las tierras para pastoreo, dado que su medio de vida es la cría de ganado. Parecía no haber ningún plan concreto para ocuparse del conflicto en ciernes. Más aún, había preocupación por que la necesidad de Procana de hacer uso del agua alterara la producción local de alimentos. Agrupaciones civiles apoyaron a las comunidades en sus negociaciones con los representantes oficiales del parque a través de un proyecto denominado Lhuvuka, pero parecía no haber progreso en la negociación con Procana.

Una escuela en Massingir. Fotografía de Ralph Pina, publicada bajo licencia de Creative Commons.

El sitio web de Lhuvuka cuenta con un artículo que resume los conflictos a:

[…] na ausência de uma decisão firme por parte do governo face ao processo de reassentamento das comunidades vivendo no PNL; politização do processo de reassentamento das comunidades vivendo no PNL, sem respeitar todos seus direitos e interesses; uso abusivo da força por parte dos investidores, não respeitando os direitos básicos das comunidades previstos nas legislações moçambicanas por saberem que por detrás deles há sempre pelo menos um membro do governo que os protege e predominância de gestores mais virados para “yes mans” por temerem perder os cargos que actualmente ocupam.

[…] la ausencia de una decisión firme por parte del gobierno cuando se enfrentó al proceso de reubicación de las comunidades viviendo en el parque; la politización del proceso de reubicación, sin respetar sus derechos e intereses; el uso abusivo de la fuerza por parte de los inversores, sin respetar los derechos básicos de las comunidades previstos en la legislación mozambiqueña porque saben que detrás de ellos hay siempre por lo menos un miembro del gobierno que los protege y una predominancia de gerentes indulgentes que temen perder los puestos que tienen.

Caña de azúcar. Fotografía de denn, publicada bajo licencia de Creative Commons.

El sitio web brasilero «Reporter Brasil», que se enfoca en el impacto social ambiental de los biocombustibles, publicó un artículo a principios de diciembre que rezaba:

Cerca de 30 mil hectares de savana nativa deverão ser convertidos em canaviais em Massingir, a região mais seca do país africano, provocando perda de biodiversidade e consumo excessivo de água (aproximadamente 409 bilhões de litros por ano para irrigação). E 38 mil moradores do entorno do Parque Nacional do Limpopo serão obrigados a deixar suas terras.

A Constituição de Moçambique decreta que todas as terras do país são propriedade do Estado, que pode conceder autorização de uso a empresas por períodos de 50 anos. Essa concessão, no entanto, está condicionada à ausência de comunidades tradicionais no território. Pelo jeito, lá, como no Brasil, boas leis não são garantia de boas práticas.

Cerca de 30,000 ha de sabana nativa se convertirán en campos de caña de azúcar en Massingir, la región más seca de ese país africano, lo que provocará una pérdida de biodiversidad y un consumo excesivo de agua (aproximadamente 409 billones de litros por año para irrigación). Además, 38,000 residentes en el área cercana al Parque Nacional Limpopo serán obligados a dejar sus tierras.

La Constitución Mozambiqueña decreta que todas las tierras del país son propiedad del Estado, que puede conceder autorización a compañías para su uso por períodos de 50 años. Esta concesión [particular], sin embargo, está condicionada por la ausencia de comunidades tradicionales en el territorio. Lo que significa que allá, como en Brasil, las buenas leyes no garantizan buenas prácticas.

(«Reporter Brasil» expresa su admiración por el artículo de la revista «Mother Jones» sobre Procana de marzo de 2009.)

El prolífico blogger mozambiqueño Carlos Serra publicó sobre el caso Procana desde sus inicios, hacia el final de 2007. Originalmente, el 50% de la compañía estaba en manos de la multinacional CAMEC, conocida como una empresa minera y de perforación. Los fundadores de CAMEC eran conocidos por relacionarse con países convulsionados como Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Zimbabue. Hace dos años, Serra escribió:

Mas convinha – este é um recado especial para o ministro da Agricultura, Erasmo Muhate -, também, estudar a trajectória de Phil Edmonds, chairman da CAMEC.

Es conveniente -este es un mensaje especial para el Ministro de Agricultura, Erasmo Muhate-, también, estudiar la trayectoria de Phil Edmonds, presidente de CAMEC.

Una vez más, Serra demostró su valía como analista político y económico cuando parecía advertir a principios de diciembre de 2009 que el gobierno se había puesto en contra de Procana.

Algunos artículos en línea afirman que los principales inversores de Procana perdieron confianza en la compañía a principios de 2009. El gobierno rescindió la concesión de tierras de manera oficial debido a la «falta de productividad» de la compañía, que había deforestado solo 800 de las 30,000 ha totales durante los dos primeros años en operación, y estaba muy lejos de generar empleo. Como en cualquier acuerdo de esa magnitud, originalmente estimada en más de 500 millones de dólares, solo se puede suponer que había una miríada de consideraciones políticas y económicas en juego.

En su reseña sobre el escenario económico mozambiqueño, el blogger Basílio Muhate encontró que el caso Procana era una excepción:

[…] as medidas de política económica levadas à cabo para fazer face as crises alimentar e financeira recentes, que incluiram subsídios aos pequenos agricultores e instalação de silos, os projectos da área de biocombustíveis iniciados em 2008 (A PROCANA foi uma excepção na medida em que pouco ou nada alcancou em relação às previsões), estão a ter impactos positivos no sector da agricultura

Las medidas de política económica llevadas a cabo para hacer frente a la crisis alimentaria y financiera recientes, que incluían subsidios para los pequeños productores y la instalación de silos y los proyectos en el área de biocombustibles iniciados en 2008 (Procana fue una excepción en que se se logró poco o nada en relación con las previsiones), están teniendo un impacto positivo en el sector agricultor.

Es difícil detectar si el caso de Procana sienta un precedente interesante para la regulación de las tierras en Mozambique, o si el gobierno de ese país examinará de la misma forma los acuerdos, que son cada vez más, con inversores extranjeros sobre tierras nacionales. O si el caso no es más que una excepción, un desempeño excepcionalmente malo por parte de inversores extranjeros. O ambos.

La autora quisiera hacer el siguiente descargo: trabaja para una agencia de desarrollo internacional que proporcionó fondos para Lhuvuka, pero no ha trabajado directamente en el proyecto. Escribe para Global Voices en calidad de voluntaria.