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Venezuela: Algunas notas sobre el caso de Noticiero Digital

El hecho: En la Constitución venezolana, el Presidente no tiene la atribución de “ordenar” cualquier cosa al Ministerio Público, ya que son dos poderes del Estado, separados e iguales, con competencias muy diferentes y delimitadas. Sin embargo, él ordenó iniciar un procedimiento legal contra Noticiero Digital y la Fiscal General cumplió la orden. Además, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha dicho que la Asamblea Nacional deberá legislar en esta materia, dejando ver su desconocimiento del marco legal venezolano, ya que nuestra legislación penal ya contiene más que suficientes disposiciones sobre la difamación, insulto e información falsa. Sin embargo, ella no estaba más perdida que otros dirigentes políticos, como Aristóbulo Istúriz, ex Ministro de Educación, quien afirmó que cualquiera que utilice internet está sometido a la Ley de Responsabilidad Social, aunque la ley sólo cubre los temas relacionados con comunicaciones de radio y televisión.

  • La Asamblea Nacional ha manifestado que van a perseguir e investigar la comisión de este ilícito.

El hecho: Vivimos en un país donde hay fronteras legales entre los poderes del Estado, al menos en teoría, y esta no es competencia de la Asamblea Nacional, cuya función es básicamente legislar y no aplicar las leyes que crean. Si la Asamblea Nacional toma medidas en este asunto, interferirían en el campo de competencia de la Fiscal General, incurriendo en lo que se llama “abuso de poder”.

  • En el sitio web Noticiero Digital, la información falsa que planteó el conflicto se mantuvo publicadas por dos días. Había sido publicada en uno de sus foros, por usuarios que, obviamente, utilizaron seudónimos y, supuestamente, se habían registrado en el sitio web justo antes de que publicaran la información conflictiva.

El hecho: No existe una tipificación legal específica para este tipo de “delitos digitales”, pero tampoco es necesaria una. De acuerdo con nuestro Código Penal, la publicación de información falsa se considera un delito, castigado con hasta cinco años de prisión. Internet, ciertamente, no es ni puede ser un territorio sin ley, aunque sus características muy propias hacen mucho más difícil de lo habitual investigar y determinar si se cometió un delito en un territorio determinado y, por tanto, bajo el marco de aplicación de una cierta ley. Sin embargo, en todo caso, la persona a ser acusada de ese delito sería quien publicó la información falsa en el foro de internet y no los que manejan el sitio web, el cual tiene una nota de descargo que claramente establece responsabilidades sobre los dictámenes e informaciones publicados a través de los “espacios para la participación” de la página web, siendo el usuario el único y exclusivo responsable de sus opiniones e informaciones suministradas.
Lo que también es verdad sobre el crimen de información falsa, es que ha sido rara vez utilizado contra la gente que realmente cometen difusión de noticias que crean pánico en la colectividad, sino contra gente muy específica implicada en casos muy concretos, generalmente sobre personalidades políticas -o en algunas ocasiones, sus familias- como esta vez.

Una mejor vista sobre el tema, aquí en Global Voices Advocacy: Venezuela: Preocupaciones acerca de los controles en Internet.
Para obtener más información sobre la estructura del Estado venezolano, vean el documento oficial: Estructura del Estado (esp).
También en español, véanse las declaraciones del ex Ministro Aristóbulo Istúriz aquí y las declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, aquí.

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