Desde comienzos de enero de este año, miembros de diferentes naciones indígenas brasileñas han estado acampando enfrente del Ministerio de Justicia en Brasilia D.F. Las comunidades indígenas acusan al gobierno y la FUNAI [1] (Fundación Nacional del Indio) – la agencia nacional de protección para los indígenas en Brasil – así como a las Organizaciones no-gubernamentales (ONGs), de traición por no consultar a los líderes indígenas en asuntos que les conciernen. En marzo, el AIR (por sus siglas en portugués para Campamento Revolucionario Indígena), lanzó un blog [2] [pt] en donde dispuso sus reclamos.
Nosotros los guerreros y guerreras de las etnias Pankararu, Korubo, Mundurucu, Krahô-Canela, Fulni-ô estamos acampando desde hace más de 70 días enfrente al Congreso Nacional, en Brasilia, con el objetivo de la revocación del Decreto n° 7.056/09 de la Funai y de la salida de la cúpula mafiosa de la Funai, CNPI, ISA y demás Ongs, que tienen como finalidad exterminar a los indígenas de Brasil.
El decreto n° 7.056 fue publicado el día 28 de diciembre de 2009, de manera autoritaria, en el que los líderes no fueron oídos y el presidente de la Funai junto con las Ongs pasaron por encima de los derechos indígenas y las leyes internacionales como el artículo 169 de la OIT, que redacta que los indígenas tienen que ser escuchados en cualquier decisión relacionada a ellos.«El indio es tierra y no se pueden separar.»
El mencionado Decreto n° 7.056/09 fue tratado por el congreso como una reestructuración de la FUNAI pero los grupos indígenas dicen que, en la práctica, cierra 24 oficinas administrativas, 9 oficinas de área y puestos en todos los pueblos [4] [pt]:
La ausencia de estos puestos fue severamente perjudicial a todas las comunidades de todo el territorio nacional, pues, el único apoyo de la Funai – aunque precario – vino de las oficinas administrativas y los puestos.
Entre las 11 demandas [5] [pt] que los representantes indígenas expusieron están: la creación del CNDI (Consejo Nacional de Derechos Indígenas) – el cual daría a los pueblos indígenas autonomía en el manejo de su patrimonio, derechos e intereses, la consulta a los indígenas en cuestiones relacionadas al medioambiente y la defensa de sus derechos sociales, culturales y religiosos, el respeto por las tierras indígenas y sus recursos naturales. Los indígenas también demandan el proceso al presidente de la FUNAI, Márcio Meira, y a su equipo, por fallar en atender a las demandas señaladas. En su blog, la FUNAI defiende su posición [6] [pt] aludiendo haber lidiado, a lo largo de 3 años de existencia, con más de 30 casos tales como:
Violencia y criminalización de los liderazgos y las comunidades indígenas; conflictos territoriales que incluyen a indígenas; población carcelaria indígena en Brasil; operaciones policiales en tierras indígenas; regularización agraria de tierras indígenas; etno-desenvolvimiento de los pueblos indígenas; Estatuto del Indio; aprovechamiento de los recursos naturales, minerales, hídricos y forestales presentes en tierras indígenas; educación indígena, investigación de las lenguas indígenas; situación de extrema vulnerabilidad del pueblo Guarani Kaiowá; reformulación de la política de atención y del subsistema de salud indígena; reestructuración, planeamiento estratégico y Plano Plurianual del órgano indigenista.
En una carta abierta al pueblo brasileño, publicada en su sitio web y reproducida [7] [pt] en otros blogs, el Campamento Revolucionario Indígena acusa a la FUNAI de contribuir con un desarrollo nacional que no es el mejor para el interés indígena; de hecho, choca con éste:
En nombre de un crecimiento económico defendido por toda la Nación, tenemos a nuestros territorios invadidos por rutas, vías ferroviarias, plantas hidroeléctricas y otros emprendimiento, todos aprobados por la FUNAI con un simple «sin obstáculos para el emprendimiento x o y«, sin que esos procesos garanticen el pleno cumplimiento de la legislación ambiental e indígena que actualmente está en vigencia.
Pero el campamento Revolucionario Indígena [2] [pt] resiste, apostado desafiante junto al Ministerio de Justicia, aunque recientemente fue trasladado por la policía [10] [pt] al frente del Palacio Itamaraty, mientras aguarda por la anulación del Decreto n° 7.056/09.