De Rudy Girón – Antiguadailyphoto.com con licencia Creative Commons License BY-NC-SA version 3.0 no reportada
El acceso a la información tiene un importante rol en las sociedades en transición y en las secuelas de una guerra. A decir verdad, los registros y archivos oficiales se están convirtiendo en herramientas para combatir la impunidad, aportando la evidencia para juzgar a los autores de crímenes. El acceso a los archivos y bases de datos han ayudado a arrojar luces en un importante caso [1] de desaparición forzada en Guatemala.
Edgar Fernando García tenía 26 años, era estudiante de Ingeniería, activista laboral y miembro del clandestino Partido Guatemalreco de los Trabajadores (PGT) cuando fue capturado por agentes de la policía en un calle en Ciudad de Guatemala y llevado para siempre. Su desaparición dejó atrás a su joven esposa, Nineth Montenegro de García, y una hija de 18meses. Era el 18 de febrero de 1984
Así es como la narración del Archivo de Seguridad Nacional [2] empieza a describir la experiencia de la experta Kate Doyle en un juicio para procesar a los responsables por la desaparición de García.
Ella dio su testimonio ante la Corte Criminal Guatemalteca basada en documentos estadounidenses que se han hecho públicos [3] elaborados por el Departamento de Estados y la Embajada de Estados Unidos de Guatemala al momento de la desaparición de García. Describen una campaña planeada por parte del gobierno guatemalteco para secuestrar y matar a activistas de sindicatos y líderes estudiantiles vinculados con la oposición.
Este descubrimiento fue posible debido a la Ley de Libertad de la Información que permitió la publicación por parte del gobierno de notas confidenciales, pero también requirió un exhaustivo trabajo de analistas de documentos para armar las piezas del rompecabezas a fin de reconstruir toda la estrategia del gobierno. Ciertamente, como indica el post de The Witness Blog sobre el caso, “Archivista puede estar en el centro de la responsabilidad y la justicia [4]”. En verdad, los archivos de la policía condujeron al arresto [5] de los autores, que fueron hallados culpables y sentenciados a 40 años de prisión.
The Witness Blog [6] destaca el creciente uso de registro de archivo como evidencia de crímenes de derechos humanos; hay una naciente comprensión de la absoluta obligación de los gobiernos a ser abiertos y transparentes:
El trabajo de Kate con el caso García ilustra claramente su posición de que los archivistas pueden tener un rol activo en la creación de un cambio. No solamente se cometió una seria violación a los derechos humanos cuando los policías se llevaron a la fuerza a García, sino que hubo grave violación al derecho de información de su esposa. Durante años, ella ha rogado que le den información, ido a morgues, cementerios, al jefe de estado. Kate afirmó, “ese silencio del estado es uno de los crímenes más grandes”.
Las bases de datos también jugaron un importante papel, gracias al apoyo de Benetech, como lo describen en su blog [7]:
El Programa Benetech de Derechos Humanos usa innovadores métodos de computación y análisis estadísticos para brindar evidencia objetiva de violaciones de derechos humanos. La información científicamente defendible en nuestros hallazgos sirve como una poderosa herramienta para combatir la impunidad y a hacer responsables a los autores responsables de sus crímenes. Daniel Guzmán presentó testimonio de experto legal. El testimonio de experto de Guzmán ayudó a los jueces en el caso a salir de dudas acerca de la autenticidad y confiabilidad de los documentos. Demostró que los registros son consistentes en estructura, y sobre todo contenido, con muchos otros documentos en los archivos y ni fueron escogidos deliberada ni selectivamente. Describió los patrones de información que encontró en los documentos y la probabilidad de que los oficiales de policía supieran de los 667 documentos relacionados con García. La estadística de Guzmán estima qué unidades de la policía tuvieron acceso a qué documentos y mostraron evidencia de comunicaciones entre el ejército y la policía.
Los familiares de Fernando, que han estado luchando durante 26 años para tener justicia, abireron http://casofernandogarcia.org/ [8] para compartir con el mundo, en inglés y en castellano, todas las novedades del juicio. Ahí se puede leer la declaración de Alejandra Garcia al cierre del juicio de su padre. Este es un resumen:
No busco venganza, ni la hubiera buscado mi papá, sino que busco la verdad, quiero saber a dónde lo llevaron, quiero saber por qué no lo acusaron formalmente, quiero saber quién dio la orden, quiero saber a dónde lo llevaron y a quién se lo entregaron, quiero saber qué le pasó. Mi corazón no puede descansar y estar en paz sin la verdad, por dura que sea, la verdad siempre cura el alma.
Según el derecho humanitario internacional, las familias tienen el derecho a estar informadas sobre el destino de los parientes desaparecidos, y las partes en un conflicto tienen la responsabilidad de buscar a los desaparecidos y facilitar las averiguaciones de las familias de los desaparecidos. Ahora, las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas, como las leyes de acceso a la información, pueden ayudar a cumplir estas obligaciones y ayudar a las familias a recordar a otras generaciones acerca de las lecciones aprendidas de un pasado violento, manteniendo la historia viva y abierta a cualquiera.