La dictadura militar en Brasil duró exactamente 21 años, del 1 de abril de 1964 (Día de los Inocentes en Brasil, por lo que el ejército señala el día anterior, 31 de marzo, como el día del golpe) hasta el 1 de enero de 1985. Durante este tiempo de gran represión política, 380 personas murieron [pt] (una parte sustancial de guerrillas de izquierda contrarias al gobierno, y muchos estudiantes o simplemente personas que no apoyaban al régimen), de los cuales 147 siguen desaparecidos y no se sabe nada del destino de sus cuerpos.

Miles de brasileños fueron víctimas de tortura sistemática y arrestos arbitrarios, incluidas [pt] mujeres embarazadas, y en algunos casos niños, mientras que los hijos de los prisioneros políticos asistían [pt] a las sesiones de tortura.

Caricatura de @tonoise, con licencia CC 2.0

El 28 de agosto de 1979, el entonces dictador, João Figueiredo, promulgó la ley número 6683, conocida como la Ley de Amnistía que virtualmente excusó a los civiles y militares asociados con los crímenes cometidos durante el periodo, en previsión al casi final de la dictadura y la posibilidad de iniciar demandas en contra de los criminales.

El Coronel Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra [pt] fue el único miembro del ejército que fue procesado y condenado [pt] el 9 de octubre de 2008, con lo que se convirtió oficialmente en un torturador, aun cuando la penalidad no requería el pago de una multa ni prisión, sino que era solamente declarativo.

Pero después de 25 años del fin de la dictadura, hasta el momento nadie ha sido sancionado y los archivos militares que cubren ese periodo siguen cerrados, con lo que las familias de las 147 personas desaparecidas no pueden enterrar a sus seres queridos ni conocer la verdad.

Basados en esto, en febrero se creó un blog colectivo [pt] para exigir que se abran los archivos de la dictadura, teniendo en cuenta que la presidente de la República, Dilma Rousseff, fue ella misma víctima de torturas durante ese periodo y combatió en las guerrillas en contra del autoritario régimen.

Niara de Oliveira, de Pimenta com Limão [Pimienta con limón], creador del blog colectivo, dio las razones [pt]:

Para que nunca más ningún padre ni madre muera sin conocer el final que la dictadura militar y el Estado brasileño dieron a sus hijos, y que los archivos secretos sean reclasificados como públicos y que los torturadores y asesinos sean identificados y castigados.

Al final, no se construye una democracia plena con tantos esqueletos escondidos dentro del ropero.

Gabriel Pinheiro comenta [pt] sobre las expectativas de Dilma Rousseff:

En el día que prestó juramento como Presidente de Brasil, Dilma Rousseff se emocionó cuando recordó a sus compañeros de lucha que “cayeron en la marcha” contra el régimen militar. Más aún, invitó a su antiguos compañeros de cárcel a la toma de mando. El simbolismo presente en la elección de la ex-militante es claro: hoy, ella es también comandante suprema del Ejército. Por esos y otros motivos, gran parte de sus electores, incluido el que habla, depositaron en Dilma la confianza de que se tomaría una postura diferente con relación a los archivos militares y las investigaciones de los crímenes cometidos por el Estado durante ese período.

Leandro Parteniani no ve razón [pt] en mantener la censura en los archivos:

[…] no tiene ningún sentido, 25 anos después de la redemocratización, todavía tenemos documentos del período militar clasificados como secretos, ultra-secretos o restrictos. Permitir que esos archivos sigan cerrados, lejos de la vista de la gente, es negar a la sociedad un derecho fundamental y, por lo tanto, detener el avance democrático. A fin de cuentas, si las personas no comprenden exactamente lo que ocurrió en su pasado, ¿qué valor le darán a la democracia? ¿Cómo se espera afirmar un sistema democrático que esconde de la sociedad parte de su Historia?

También defiende que se establezca la Comisión de la Verdad, como ha pasado en los países vecinos de Brasil:

Vale recordar que, dentro de los países involucrados en la Operación Cóndor (alianza de varios regímenes militares d América del Sur, como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para coordinar represión a opositores de extrema izquierda), solamente Brasil no ha adoptado todavía una Comisión de la Verdad.

Un hombre en un pau de arara, caricatura de Carlos Latuff, con licencia CC

Ediane Oliveira nos recuerda [pt] que la Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que la amnistía creada durante el régimen militar era ilegal [pt], y que a Brasil no le importó la decisión:

La Corte de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la importancia de identificar y castigar a los torturadores de la Dictadura Militar, y decidió que mantener la Ley de Amnistía vulnera los acuerdos internacionales suscritos por Brasil. Pero desgraciadamente, el gobierno brasileño sigue ignorando la decisión.

[…]

La tortura está institucionalizada en el país porque no es posible castigar la tortura si se ha amnistiado a los mayores torturadores de nuestra historia sin siquiera tenerlos identificados.

Thiago Beleza compara [pt] la relación entre la tortura del pasado y la de estos días, en las estaciones de policía:

La impunidad de los asesinos y torturadores de ayer es la certeza de impunidad de los asesinos y torturadores de hoy. O el Estado es cómplice.

Rodrigo Cárdia contrasta [pt] la situación de Brasil con Argentina, un país que ha procesado a militares criminales:

Argentina, es verdad, sufrió una dictadura mucho más violenta que Brasil. En apenas siete años, fueron más de 30 mil los muertos y desaparecidos. Pero eso no significa que los 21 años de régimen militar brasileño merezcan ser olvidades. Pues acá también apresaron, torturaron, desaparecieron y mataron.

Amanditas es clara [pt] acerca de los derechos de las víctimas y sus familias:

Esas familias afectadas por el “régimen” no pueden ser ignoradas, tratadas como si hubiesen muerto junto con el “régimen”. Las familias no acabaron: están ahí, queriendo tener lo que parece ser un privilegio: el derecho de contar sus propias historias.

Finalmente, Luka explica [pt]:

Abrir los archivos de la dictadura militar no es solamente para honrar a los que cayeron en aquella época, sino también mostrar que no aceptaremos quedarnos sin noticias de los desaparecidos en este país.

Pau de arara nunca más [ver imagen arriba].

La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) tiene una petición en línea para solicitar que se abran los archivos, y ha iniciado la Campaña Nacional por la Verdad y la Memoria, con actores que hacen de famosos militantes de izquierda, muertos y desaparecidos.