En Puerto Rico, el debate público sobre violencia doméstica se ha puesto al rojo vivo. Unos cuantos blogs han estado siguiendo de cerca la decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico según la cual las víctimas de violencia que están en relaciones adúlteras no pueden ser protegidas según la Ley 54 en contra de la Violencia Doméstica [1] [ing]. Y recientemente, la Corte de Apelaciones de San Juan (la ciudad capital) determinó que otra mujer víctima de violencia doméstica no podía recibir la protección ofrecida por la Ley 54 [2] porque, supuestamente, la relación con el agresor era únicamente sexual.
La coalición feminista Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico [3] ha estado al frente, denunciando los recientes ataques a una ley (Ley 54 de 1989 [4]), considerada entre lo más avanzado en legislación en contra de la violencia doméstica en Latinoamérica. Hace poco, el Movimiento Amplio también publicó un post pidiendo al Jefe de la Oficina de Defensa de la Mujer y la Legislatura [5] que apoye la inclusión de todas las mujeres, a pesar de su orientación sexual, según las disposiciones de la Ley 54. Esto fue en respuesta a un caso resuelto hace poco, donde se determinó que una mujer fue asesinada por su pareja, otra mujer.
A las personas y políticos que repiten los disparates de los fundamentalistas religiosos, les tenemos que aclarar que si dos personas del mismo sexo inician una relación sexo-afectiva, del tipo que sea, mantienen una relación de pareja tal y como la define la Ley 54… y si es así, tienen derecho a recibir la protección de esa ley cuando esa relación se torna en una violenta.
En otro post [2] la coalición condena una vez más la resolución y advierte a los responsables que la historia los juzgará duramente:
Aquellas personas que siguen pensando en destruir la Ley 54 a base de prejuicios moralistas o religiosos, serán juzgadas por la historia como lo que son: enemigos de la humanidad y de los derechos humanos de las mujeres.
[6]El Movimiento Amplio convocó, junto con otras organizaciones, una protesta/actuación durante Semana Santa frente al Capitolio para denunciar el "fundamentalismo religioso" del gobierno. Foto cortesía de MAMPR.
[7]Foto cortesía de MAMPR.
El jurista y blogger Hiram Meléndez Juarbe publicó en la revista digital 80 Grados [8] que la Corte Suprema había sido inconsistente en sus decisiones, y contrastó sus resoluciones sobre la Ley 7 (ley que autorizó despidos masivos en agencias del gobierno), escoltas policiales para ex gobernadores contra las de la Ley 54 [9]:
Entonces, la deferencia a las ramas políticas que figura prominentemente cuando se cuestiona la Ley 7, se desvanece cuando se cuestionan las escoltas (al punto de inventarse nuevos derechos económicos) y desaparece completamente cuando se enfrenta a la protección de víctimas en relaciones extramatrimoniales bajo el texto claro de la Ley 54.
Meléndez Juarbe siente que la nueva estructura conservadora de la Corte Suprema explica estas resoluciones y siente que la siguiente descripción de la actual Corte Suprema de Estados Unidos hecha por Ronald Dworkin [10] [ing] se aplica a la Corte Suprema de Puerto Rico:
Sería un error suponer que esta falange derechista está guiada en su celo por alguna ideología o principio político o judicial muy conservador. No parece guiado por ningún principio judicial ni político, solamente por una lealtad partidista, cultural y tal vez religiosa. Se exhorta a la restricción judicial y la deferencia a las legislaturas cuando estos organismos pasan medidas que los conservadores políticos favorecen… Pero la coalición de derecha abandona la restricción cuando golpea la legislación a la que se oponen los conservardores…Ronald Dworkin, la Falange de la Corte Suprema 47-48 (2008)
Meléndez Juarbe agrega:
Y es que, con este Tribunal, como señala Dworkin, cuando sea relevante, cuando la ideología económica, religiosa y política esté en juego, emergerán transparentemente esas visiones. Simple y sencillamente. Así es que debemos leer al Nuevo Tribunal Supremo.