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Dos mexicanos enfrentan la cárcel por “terrorismo” via las redes sociales

Marucho Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gillus_22) son dos ciudadanos mexicanos que han sido arrestados con cargos de “terrorismo y sabotaje” en el estado de Veracruz de México tras hacerles responsables de difundir rumores de un ataque relacionado con los narcos a través de Twitter y Facebook.

Daniel Hernández escribe en Los Angeles Times [en]:

En Veracruz, el activo usuario de Twitter Gilberto Martinez Vera (@gilius_22) escribió el pasado jueves acerca de un supuesto ataque en un colegio de primaria en la localidad de Boca del Río, cercana a la ciudad de Veracruz. El mensaje original en Twitter de Martinez Vera decía: “tomaron a 5 niños, un grupo armado, psicosis general en la zona.” Mencionó a una cuñada, pero después dijo que se había equivocado de escuela y mencionó otra, lo cual no hizo más que aumentar la confusión.

Maria de Jesus Bravo Pagola (@MARUCHIBRAVO) hizo, según algunas fuentes, unas declaraciones similares en su cuenta de Facebook que citaban testimonios de padres presa del pánico corriendo a la escuela mencionada en los mensajes. Su Twitter está inactivo desde el 22 de agosto.

Las autoridades no han podido confirmar el ataque. El día siguiente, Martínez, un profesor, y Bravo, periodista y ex funcionaria del estado, fueron arrestados en sus domicilios.

El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, comentó en Twitter antes de los arrestos:

Ya tenemos ubicado el origen de toda la desinformación de hoy, quiero informar q esto tendrá consecuencias legales Art. 311 (terrorismo)

A pesar de la afirmación del gobernador de Veracruz de que los detenidos crearon y difundieron los rumores, mucha gente informa que recibieron llamadas directamente de las escuelas para que avisasen a los padres de los ataques mencionados. (Ver video al respecto).

Amnistía Internacional en México expresó su preocupación sobre el arresto y acusación a los dos ciudadanos mexicanos y pidió escribir a las autoridades:

-  Llamando a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre  maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades

-  Pidiendo que sean respetado el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y exigiendo por una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera.

La Jornada Veracruz informó que la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz no defenderá a los acusados, pues la ley los limita en este sentido.

Sin embargo, la Revista Proceso, publicó un artículo en el que los abogados de los detenidos denuncian “torturas psicológicas” para obtener declaraciones de Gilberto y María de Jesús.

El capítulo mexicano de Artículo 19 condenó las detenciones y exige a Duarte la liberación de los “tuiteros” mexicanos:

Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluyen la condena a la difusión de información falsa o sin confirmar.

La detención de usuarios de Twiter por terrorismo es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información con cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año y ahora el uso discrecional de la ley para perseguir a los usuarios de Twitter es un exceso.

ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador Javier Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de  este derecho de manera injustificadas y desproporcionadas en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública.

El senador Francisco Castellón Fonseca del partido PRD, conocido por su labor con la sociedad civil para defender los derechos digitales y la libertad de expresión, hizo unas declaraciones en las que califica a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Veracruz como “el autoritarismo más oscuro”:

con pleno respeto a la autonomía del estado de Veracruz, solicite al gobernador Javier Duarte, retirar los cargos en contra de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por terrorismo y sabotaje mediante el uso de redes sociales en Internet.

Javier Castellón Fonseca observó que los gobernadores y parlamentarios de Veracruz, Tabasco y Nayarit han aprobado leyes contra las redes sociales con las que “han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación y acceso al conocimiento. Les debe quedar claro que no se debe controlar lo que circula en la red ya que con esto se cortaría los más elementales principios de libertad de expresión”.

Reporteros Sin Fronteras escribió una entrada de blog [en] donde consideran este episodio un ejemplo de:

cómo se está derrumbando el imperio de la ley en tanto que la ofensiva federal contra el tráfico de drogas sigue teniendo un precio para la sociedad mexicana. El coste en muertes desde diciembre de 2006 supera ya las 45.000.

Javier Duarte ha defendido la decisión de perseguir a los ciudadanos mexicanos con una entrada en Twitter que argumenta que el castigo recibido no es por ser usuarios de Twitter, sino por “las consecuencias que sus irresponsables actos causaron”.

Gilberto y Maruchi siguen confinados en la prisión de Pancho Viejo en el estado de Veracruz y, si fuesen condenados, según el artículo 311 del Código Penal del estado de Veracruz podrían enfrentarse a sentencias de 3 hasta 30 años de prisión.

ContingenteMX, una red del activismo civil que apareció el año pasado en México, ha enviado una petición que exige su liberación inmediata.

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