Durante años, los regímenes de Oriente Medio y el Norte de África han empleado la tecnología occidental para hacer seguimiento y vigilar a los ciudadanos en línea. Durante meses, se acusó a la empresa estadounidense Blue Coat de proporcionar a la familia Assad productos para llevar a cabo la represión en línea. Finalmente esta admitió [en] que el régimen sirio había estado usando sus productos, aunque sin su consentimiento directo. Pero esta no es la única empresa de occidente que presta estos servicios. La empresa italiana Area S.p.A., una empresa de vigilancia con sede en Milán, está instalando un sistema que permitirá al gobierno sirio «introducirse prácticamente en cualquier sistema con Internet del país» [en], en los teléfonos móviles, los teléfonos fijos y los vehículos. Area emplea equipos de empresas de diversos países: NetApp Inc., de Estados Unidos; Qosmos SA, de Francia; y Utimaco Safeware AG, de Alemania.
Comercio de las tecnologías de vigilancia y embargo a Siria
Existen diferencias sustanciales entre las implicaciones de vender esta tecnología para empresas como BlueCoat y para empresas europeas como Area o Utimaco. Desde que en 2004 Estados Unidos impusiera un embargo comercial a Siria [en], donde se incluyen las exportaciones que no sean de alimentos o medicinas, vender productos a Siria está prohibido. BlueCoat, que vende dispositivos de seguridad que pueden utilizarse también para interceptar el tráfico de las comunicaciones, se vería seriamente comprometida si actuara en violación de los acuerdos mercantiles, pero la empresa ha negado en numerosas ocasiones [en] que venda productos al régimen sirio. Según afirma Jacob Applebaum, investigador de Tor, «BlueCoat está mintiendo a todo el mundo sobre Siria. Saben perfectamente cuáles son los números de serie empleados gracias a los archivos de registro (phone home) que impiden que los dispositivos BlueCoat funcionen sin que la empresa lo sepa.
Los productos de Area están diseñados específicamente para hacer intercepciones dentro de la ley. Esta empresa se define a sí misma como «una empresa italiana lider en el suministro de soluciones tecnológicas destinadas a ayudar a las agencias del orden en las actividades de intercepción». La empresa tiene un acuerdo con el gobierno sirio por el que esta ayudará a los agentes a rastrear y analizar los datos de teléfonos móviles, líneas de teléfonos fijos, centrales telefónicas, así como los datos de acceso a Internet y los vehículos. El acuerdo también incluye cursos de formación para los agentes gubernamentales. No obstante, a estas empresas (Area, Utimaco y Qosmos) no se las cuestiona desde el punto de vista legal por proporcionar estos servicios al gobierno sirio. Desde mayo, la Unión Europea ha impuesto una serie de sanciones a Siria, donde se incluye, por ejemplo, la prohibición de la venta de armas [en], pero estas no afectan a la tecnología de vigilancia. Los activistas en pro de los derechos humanos se preguntan porqué, desde entonces, se ve una relación directa entre las tecnologías para el filtrado y vigilancia de datos, y el rastreo, las detenciones, la tortura y el asesinato de los oponentes potenciales de Siria.
¿Resulta suficiente el acuerdo actual sobre los controles a las exportaciones?
La Electronic Frontier Foundation (EFF por sus siglas en inglés o Fundación Fronteras Electrónicas) ha estado trabajando con las empresas en un propuesta [en] para realizar auditorias a sus clientes y detectar posibles abusos de los derechos humanos. El marco de trabajo incluye una investigación destinada a determinar «quiénes son sus clientes» antes y durante la venta y a evitar la participación en aquellas transacciones en las que haya pruebas o sospechas palpables de que la tecnología suministrada por la empresa va a usarse para facilitar la violación de los derechos humanos. No obstante, sucesos como la Intelligence Support Systems World Americas Conference [en], celebrada en octubre, donde las empresas del sector de la seguridad comparten consejos a cerca de las últimas técnicas para la «intercepción legal» empleadas para espiar a los ciudadanos, demuestran que las empresas no se preocupan mucho por el posible empleo abusivo que pueda hacerse de sus productos por todo el mundo. Según Rebecca McKinnon [en], «el uso de tecnologías amorales con propósitos inmorales se ha incrementado en la era de Internet. Mientras los ingenieros y las empresas sigan alegando que no tienen responsabilidad sobre el contexto político en que sus invenciones y productos se emplean, el problema se irá agravando». Pero ¿qué pasaría si las empresas actuaran por su cuenta? Jillian York, directora de Libertad de Expresión Internacional en EFF, reconoce que «si las empresas no actúan por su cuenta, la adopción de enfoques reglamentarios parece algo inevitable».
Posiblemente, lo más cerca que hayamos estado nunca de regular el suministro de este tipo de servicios a regímenes represivos sea el Acuerdo Wassenaar [en] sobre el control de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso. En este régimen multilateral de control a las exportaciones [en] participan 40 estados que han aceptado ciertas restricciones que deben aplicarse a las exportaciones de armas, pero también de tecnologías clasificadas de doble uso (tecnologías que normalmente se emplean para usos civiles, pero que pueden tener aplicaciones militares). En cuanto a la tecnología para la vigilancia y control, se hace referencia a ellos de forma breve: «ML11.a.: Los sistemas o equipos electrónicos diseñados bien para la vigilancia y la supervisión del espectro electromagnético para la inteligencia militar o la seguridad, o bien para oponerse a tales controles y vigilancias».
No obstante, ni las directrices para catalogar las tecnologías en dicha categoría ni las restricciones se definen con claridad. ¿Qué tipo de sistemas electrónicos de vigilancia se incluye en esta categoría? Y ¿qué se debe hacer si una tecnología de este tipo pertenece a esta categoría? La falta de claridad permite que las empresas puedan modificar las especificaciones de sus productos para esquivar las restricciones y hace que emprender acciones legales contra ellas resulte muy complicado.
Apoyar la lucha ciudadana por la libertad
El uso de este tipo de tecnología de vigilancia se ha convertido en una necesidad equiparable a la importación de armas para que los regímenes represivos puedan continuar ejerciendo la represión contra los ciudadanos. Por lo tanto, ¿no sería lógico que este tipo de productos y servicios de vigilancia se incluyera dentro de las prohibiciones a la importación? ¿No debería existir una política similar a la de las armas que especifique qué tipo de dispositivos pueden o no pueden exportarse y bajo qué condiciones? De acuerdo con el investigador y hacker Arturo Filastò, «dar a estos países la capacidad de rastrear y analizar los datos de teléfonos móviles y otros dispositivos no es una buena idea. Los legisladores deberían de averiguar cuál es la mejor forma de regular este uso y poner en práctica las medidas apropiadas. Se pueden barajar un gran número de opciones: tecnologías que puedan desactivarse de forma remota cuando se hace un uso inapropiado de ellas, limitar el uso de los dispositivos… Este asunto debe tratarse de forma urgente, ya que en la actualidad no está regulado por ley».
Durante la conferencia titulada «Mediterranean: Cultural Dialogue after the Arab Spring», que se celebró el 28 de octubre en Barcelona, activistas de Oriente Medio y África del Norte, así como miembros del Parlamento Europeo debatieron sobre la posición que debería optar Europa para apoyar la libertad y las demandas de los ciudadanos de la zona sur de Mediterráneo. Todos estamos de acuerdo en que los ciudadanos árabes tienen motivos para desconfiar de las declaraciones de los gobiernos europeos, ya que Europa ha prestado su apoyo, bajo distintas formas y durante muchos años, a los regímenes represivos, y aun continúa haciéndolo. Proporcionar a los regímenes dictatoriales tecnologías para controlar y censurar a los ciudadanos es una forma de hacerlo y podría usarse para boicotear todos los intentos por promover la libertad, la justicia y la estabilidad en la región. En este contexto, encontrar los medios para regular esta situación apremia.