Para el gobierno de Costa Rica la prioridad en este momento es aprobar un plan de impuestos denominado “Solidaridad Tributaria” (ver hashtag #planfiscal [1]), y por ello incluso ha dejado en blanco la agenda de la Asamblea Legislativa [2] (el Congreso), para que solo discutan sobre ese tema.
Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, partidos políticos de oposición y empresarios le han declarado la guerra a esta reforma fiscal, la cual fue paralizada por una acción de inconstitucionalidad [3] interpuesta por el diputado de oposición Luis Fishman. El recurso se basa en que la vía rápida [4] que se le dio en el Congreso no permite a los diputados analizar bien el plan. La vía rápida se utiliza para proyectos con carácter prioritario y disminuye el margen tiempo de discusión para votar una ley.
[5]Crítica al Plan Fiscal durante la manifestación de los indignados de Costa Rica del 11.11.11. Fotografía por Luis Diego Molina
Los ciudadanos también alzaron su voz contra el paquete de impuestos y más de dos mil personas marcharon el pasado 13 de diciembre hasta la Asamblea Legislativa para exigir que se archive el plan [6]. El punto que genera más rechazo es el que busca cambiar el impuesto de venta del 13% que se aplica a los bienes por un impuesto de valor agregado del 14% que también incluiría los servicios, hasta ahora exonerados.
Al respecto de la movilización contra el plan, el blogguero El Chamuko escribió en El Infierno en Costa Rica [7] que:
Este Chamuko ve con buenos ojos que al fin se lograra articular en un solo movimiento a los sectores populares contra este garrotazo gestado por el pacto PALI [«el pacto PALI» es un apodo que se utiliza en redes sociales para denominar el pacto que realizaron el partido gobernante Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana, segunda fuerza política del país, que desembocó en el Plan Fiscal que se encuentra en estudio]. Este Chamuko cree firmemente que el gobierno debe recaudar bien los impuestos existentes y eliminar completamente el 70% de evasión fiscal, y esto no se logra cerrando soditas y tiendas de tarjetas, son necesarias acciones más contundentes para agarrar a los grandes evasores.»
Los sindicatos que llamaron a manifestarse advirtieron que las protestas continuarán el próximo año, sin importar si los diputados aprueban el plan. En el sitio Web [8] de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), un importante sindicato, afirman que:
Si el proyecto es aprobado en primer debate antes del 24 de diciembre, no nos cruzaremos de brazos; las acciones de protesta seguirán en el 2012, aun cuando la Sala Cuarta declare que no contiene vicios de inconstitucionalidad”.
El mismo día de la manifestación el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento [9] donde manifestó que el plan “no es conveniente para el país” y llamó el gobierno a combatir la evasión (ver acá [10] el pronunciamiento en .pdf). Anteriormente grupos empresariales también se opusieron públicamente [en] [11] al plan.
Ante este panorama el objetivo del gobierno de aprobar este proyecto antes de que finalice el año se ha complicado en gran medida. Costa Rica cerrará el 2011 con el mayor déficit fiscal de América Latina [12], lo cual pone al gobierno entre la espada y la pared en este tema.
Consciente de la urgencia de buscar soluciones para esta disyuntiva, el ciudadano David Solís, comentó a través de un artículo de opinión publicado en la revista digital Amauta [13], que:
Los sectores populares estamos dispuestos pagar impuestos pero que sea de forma equitativa, lo cual implica derrotar este plan fiscal y generar un real acuerdo social respetuoso para las familias trabajadoras donde el Estado perciba más impuesto por un proyecto que rompa la regresividad de los impuestos actuales y de los propuestos por el PLN-PAC.»