Todos los enlaces llevan a páginas en portugués excepto cuando se mencione lo contrario.
Luego de la aprobación de la Ley de Mobilidad Urbana [1] a comienzos del 2012, entró en juego una discusión en torno a las rutas con peaje en todo el territorio nacional. De acuerdo a la ley, las ciudades estarán habilitadas para cobrar un «peaje urbano» con la intención de disminuir el tráfico y mejorar la circulación alrededor de la ciudad. Sin embargo, la implementación de otro peaje hace que la movilidad interna sea imposible de llevar a cabo para una parte de la población, dado que varias autopistas federales y estatales importantes ya han sido privatizadas.
De acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de Concesionarias de Autopistas (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR [2]), de las cuales 55 empresas son miembros,
Essas concessionárias operam 15.365 quilômetros de rodovias, o que corresponde a aproximadamente 7% da malha rodoviária nacional pavimentada.
Estas concesionarias operan 15,365 kilómetros de autopistas, correspondiente a aproximadamente 7% de todas las rutas nacionales pavimentadas.
[3]Cabinas de peaje– Itiparina. Foto por Mariana Braga. (CC BY-NC-ND 2.0)
Las tarifas varían desde R$ 1.40 [US$ 0.80] (Autopista BR 101 desde Curitiba a Santa Catarina) a R$ 11,20 [US$ 6.20] (Autopista BR 116 desde Rio de Janeiro a Além Paraíba). Podría parecer irrelevante dentro de un contexto de más de 180.000 kilómetros de calles pavimentadas a través de todo el país; aunque, ademas de que corresponden a las principales autopistas estatales y nacionales, las cabinas de peaje están instaladas a una distancia de aproximadamente 80 km entre cada una, dependiendo de la ubicación.
Desde 2007, estuvo circulando un correo electrónico [4] en internet, describiendo la tesis final de la estudiante de leyes Márcia dos Santos Silva, del estado de Rio Grande do Sul. En su tesis, la estudiante afirma que:
o direito de ir e vir é cláusula pétrea na Constituição Federal, o que significa dizer que não é possível violar esse direito. E ainda que todo o brasileiro tem livre acesso em todo o território nacional. O que também quer dizer que o pedágio vai contra a constituição.
El derecho de ir y venir es una clausula fundamental en la Constitución Federal, lo que significa que tal derecho no puede ser violado. Por otra parte, todo brasilero tiene acceso libre a todo el territorio nacional. También significa que las autopistas con peajes van en contra de la Constitución.
Aunque el correo electrónico presenta cierta información falsa, como la constitucionalidad de la libre voluntad tanto para pagar como no pagar estos impuestos (todo analizado en el blog [5] del asesor de negocios Marcelo Galvani). Márcia dió una entrevista [6] a la radio CBN, en la cual continuó defendiendo su posición en contra de las rutas con peajes. Un punto válido de su argumento corresponde al hecho que los ciudadanos aún pagan un impuesto específico (cargado sobre los precios de gas) a la construcción y mantenimiento de rutas públicas.
Debajo de su entrevista publicada en Youtube, una discusión entre aquellos que defienden la posición de los estudiantes y aquellos que estan en contra de su argumento, refleja una discusión mayor sobre las rutas con peajes. ¿Esta implementación sería constitucionalmente correcta dado que existen impuestos específicos dedicados a las autopistas?
[7]Trabajando en autopistas BR 158, en Mato Grosso. Foto por minpanplac. (CC BY-NC-SA 2.0)
En un comentario publicado en Internet por el usuario sucrilhos [8], él argumenta que,
O direito de um termina onde o do outro começa (…) O direito de ir e vir não diz que você pode ir pra onde quiser… se pensar desse jeito eu teria direito constitucional de entrar na sua casa quando quisesse… e você sabe que não posso, porque você tem o direito da propriedade privada e por ele você pode deixar entrar só quem você quiser, a menos que seja emitida uma ordem judicial….A mesma lógica se aplica aos pedágios, as estradas são privadas. Eles podem cobrar se quiserem.
Alehage [9], por otro lado, referiendose al Art. 150, I, V de la constitución, la cual autoriza a las rutas con peajes, defiende que,
As leis se anulam umas às outras e não defendem aos nossos. Fácil saber que existam leis autorizando o pedágio, mas essas leis entram em conflito com a lei que Márcia citou. Ela não está espalhando desinformação, só defendeu uma tese sobre o assunto em uma faculdade, e é incompreensível tanta agressividade de vocês. Se criarem leis taxando o ar, a respiração… vamos apoiar, ou ser fora-da-lei?
De acuerdo a la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT [10]),
O processo de implantação [da concessão de rodovias] iniciou em 1995 (…) Esta parceria entre o governo federal e os governos estaduais deu continuidade ao processo de descentralização das atividades do Estado na área de transporte, transferindo à iniciativa privada a prestação de determinados serviços que, apesar de serem essenciais à sociedade, não precisariam, necessariamente, ser oferecidos pelo poder público. Essa transferência de responsabilidade vem possibilitando ao Estado, a alocação de maiores verbas para as atividades sociais, estas indelegáveis.
Una vez transferidos al sector privado, los concesionarios pueden reajustar el peaje inicial de acuerdo a los gastos y la inflación. En un caso reciente, sin embargo, publicado en el sitio Bom Dia Feira [11], la Justicia Federal demostró estar en contra del concesionario Via Bahia, el cual quería reajustar el peaje a un aumento medio del 9.33%, porque no concluyeron las mejoras en la autopista BR-116, ubicado en el Estado de Bahía, como se prometió.
El periodista Adamo Bazani, escribe en su blog Ponto de Ônibus [12], que
desde quando foi criado [o CIDE – Imposto sobre combustíveis], em 2002, o tributo arrecadou R$ 68,8 bilhões. Mas deste total, apenas R$ 35,6 bilhões foram investidos em melhorias nos transportes, um dos principais objetivos deste tributo, mais um, dos muitos impostos que o brasileiro paga.
desde que se creó [CIDE – impuesto sobre combustible], en 2002, ha reunido R$ 68,8 mil millones [US$ 38 mil millones]. Pero de este total, solo R$ 35,6 mil millones [US$ 20 mil millones] se invirtieron en mejoras de transporte, uno de los objetivos principales de tal tributo, y solo otro de los muchos impuestos pagados por los brasileros.
Independiente de la posición judicial o ideológica, algunos conductores desafiaron a la ley y prefirieron «huir» de las cabinas de peajes. Algunos videos están circulando en Internet que muestran como circular sin pagar.
Inconstitucional o no, en un país como Brasil, que depende sumamente del transporte, la discusión con respecto al pago de un peaje levanta ciertas consideraciones indispensables para el crecimiento sostenible de un país. Mientras que nuevas alternativas de transporte no reciben fuerte inversión, aparece el pago de impuestos y peaje, una vez más, esto es contradictorio a «obtienes lo que pagas».