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Rusia: Críticas al servicio militar obligatorio

Las críticas al servicio militar obligatorio en Rusia tienen causas varias, entre las que se incluyen la poca eficacia económica, la corrupción gubernamental a la hora de conceder exoneraciones, la dinámica del estado demográfico ruso (que afecta a la capacidad del ejército de conseguir los efectivos necesarios) y la práctica de la dedovshchina [en] (palabra derivada de ‘ded’, ‘abuelo’), una violenta forma de novatadas dirigidas a los reclutas.

Pedro el Grande, conocido como el primer emperador de Rusia, creó el reclutamiento obligatorio en un intento de formar un ejército imperial ruso. La duración del servicio en el siglo XVIII era de por vida, pero fue reducida a 25 años en 1793, a 20 —más cinco más en la reserva— en 1834, y a 12 años en activo en 1855. Las primeras prácticas modernas de reclutamiento en Rusia datan de una ley de 1967 que apenas sufrió cambios hasta mediados de la primera década del siglo XXI, cuando en 2008 se redujo el servicio a un año para todos los hombres de entre 18 y 27 años.

Russian soldiers march during a rehearsal for the Victory Day military parade at Palace Square in St. Petersburg. Photo by Elena Ignatyeva, copyright © Demotix (18/04/11).

Soldados rusos marchan durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza del Palacio de San Petersburgo. Foto de Elena Ignatyeva, © Demotix (18/04/11).

En un post de The Volokh Conspiracy Blog, un blog grupal compuesto en su mayoría por profesores de Derecho, Ilya Somin puso la práctica [en] del servicio militar obligatorio en su contexto histórico, citando un artículo [en] del economista Joshua Hall:

El economista Joshua Hall tiene un interesante artículo que describe una de las normalmente ignoradas pero importantísimas ampliaciones de las libertades en las últimas décadas: el declive del servicio militar obligatorio. Indica que, en 1970, el 80 % de los gobiernos del mundo hacían uso de él, incluyendo los Estados Unidos y a muchos de los países democráticos de Europa Occidental. Alrededor de 2009, el porcentaje ya se había reducido a un 45 %; muchos de los países que todavía cuentan con él han reducido su duración y han facilitado las exoneraciones. Incluso Francia, el país que creó el servicio militar alrededor de los años 1790, lo abolió en 2001.

Asimismo, Hall también proporciona un buen resumen de los argumentos económicos contra el servicio militar obligatorio. La mayoría de la gente informada sabe que el alistamiento empeora la calidad del ejército, pues por norma general, los profesionales son mejores soldados que los reclutas a corto plazo, y que supone, además, un coste social enorme, al obligar a servir a gente que podría ser más productiva en otra ocupación. Hall indica otras dos razones menos conocidas por las que el servicio militar obligatorio es poco eficiente: supone una pérdida social, pues desvía a los afectados de sus ocupaciones preferentes y a favor de aquellos a los que se ha concedido la exoneración, y anima a los gobiernos a reducir el gasto en equipamiento militar y a sacrificar en su lugar más vidas en combate antes que a invertir en capital […]

Además de los problemas de escasa eficiencia económica asociados al servicio militar, existen riesgos gubernamentales, relacionados con la incitación a la corrupción. El International Defense and Security Programme Blog debatió [en] en términos generales la importancia de aplicar la ley del servicio militar obligatorio equitativamente, sin importar la situación socioeconómica, y después citó al ejército ruso como un ejemplo concreto de los métodos con los que el alistamiento obligatorio corrompe el ejército, así como las medidas que el gobierno ruso ha tomado para tratar el problema:

El servicio militar obligatorio puede ser una de las causas de la corrupción dominante en las fuerzas armadas. Este es el caso de Rusia. Para evitarlo, los posibles soldados pagan sobornos a las autoridades del ejército, al personal médico encargado de los controles y a los oficiales de la junta de reclutamiento. Esta clase de prácticas están muy extendidas y son conocidas por el público.

En julio de 2010, el nacionalista Partido Liberal Democrático, liderado por Vladímir Zhirinovski, presentó un proyecto de ley que permitiría a los reclutas potenciales pagar una suma equivalente a US$32.500 para no servir. El dinero recaudado se destinaría a pagar los gastos del Ministerio de Defensa. Esta medida, dirigida a las comisiones militares de Rusia, indica lo extendida que está la corrupción y admite claramente la existencia de esta realidad.

El gobierno ruso ha tomado medidas severas para encargarse de este problema. La duración del servicio militar se redujo a un año (antes era de 18 meses) en abril de 2008; además, la lista de exoneraciones es ahora más restrictiva. Sin embargo, el plan de los gobiernos federales entre 2004 y 2007 para poner en prueba la transición a fuerzas armadas completamente profesionales fue de escasa efectividad, debido a su pobre diseño y a la corrupción dominante, que impide que los soldados contratados reciban una remuneración completa.

El programa presidencial [en] para las elecciones de 2012 de Mijaíl Prójorov [en] incluía el fin del servicio militar obligatorio ruso para 2015:

• Crear un ejército profesional, móvil y poseedor de la más alta tecnología, capaz de responder rápidamente a conflictos regionales y locales;
• Prestar una atención especial a nuestras fuerzas nucleares estratégicas y a nuestras armas especiales como un medio para asegurar la independencia y seguridad de Rusia;
• Terminar con el servicio militar obligatorio de 2015 en adelante y comenzar la transición hacia un ejército profesional;
• Garantizar beneficios sociales para los veteranos de guerra (educación gratuita, exenciones fiscales y créditos blandos para la creación de negocios o la compra de vivienda) […]

Global Voices examinó en una entrada titulada «Rusia: La crisis demográfica significa que “no queda nadie para reclutar”» cómo la baja tasa de natalidad de la década de los 90 ha afectado a la capacidad de Rusia para alcanzar las cuotas de reclutamiento. No obstante, el colapso demográfico es sólo una de las causas principales que el general Nikolái Makarov, jefe del Estado Mayor ruso, enumeró en un artículo de RIA Novosti citado en la mencionada entrada de GV, siendo dedovshchina la otra:

A Rusia no le quedan jóvenes en edad de servir a los que reclutar. […] La crisis actual del servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas rusas se debe principalmente a la crisis democrática y al acoso y tratamiento brutal de los reclutas. […]

Marina Litvinovich informó [en] en Global Voices de una moda relativamente nueva, mediante la cual las cuentas en redes sociales de los fallecidos se convierten en una suerte de placas conmemorativas. Una de estas está dedicada a Evgeny Shamujin, un recluta que recibió una paliza mortal durante un ritual de la dedovshchina:

Me reclutaron en noviembre de 2007 y serví en la Academia del Ministerio para Situaciones de Emergencia en la región de Moscú. El 13 de mayo de 2008 recibí una paliza brutal por parte de mi compañero Aleksandr Reviakin. Pateó mi cabeza a pesar de que yo le pedía que parara, y al final perdí el conocimiento. Sufrí heridas graves y morí en el hospital el 19 de mayo de 2008, sin recuperar el conocimiento. El 14 de agosto de 2008, el juzgado militar de la ciudad de Solnechnogorsk sentenció a Reviakin a seis años y seis meses de detención.

Rusia tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo y se cree que cerca de un millón de rusos se han quitado la vida desde la caída de la Unión Soviética a principios de los 90. En el Russian Defense Policy Blog se argumentó [en] que las prácticas de la dedovshchina asociadas al servicio militar obligatorio hacen que los soldados más jóvenes sean aun más proclives al suicidio:

La dedovshchina siempre ha tenido la capacidad de llevar a reclutas desesperados a quitarse la vida para huir. De ahí que la mayoría de los casos de suicido en el ejército sean investigados bajo el artículo 110 del Código Penal de la Federación Rusa, «Incitación al suicidio». La tradición legal de Occidente tiene una larga experiencia con la incitación, pero la «incitación al sucidio» no es muy común. Ese no es el caso de los fiscales militares e investigadores criminales rusos.

El autor citó casos recientes en la prensa rusa de jóvenes soldados que se quitaron la vida o que intentaron hacerlo:

A finales de agosto, un recluta en servicio de guardia en Volgograd se pegó un tiro y dejó una nota de suicidio culpando a la dedovshchina de su unidad. El caso está siendo investigado bajo el artículo 110.

A finales de agosto, un recluta de una unidad de Krasnoyarsk fue destacado en una brigada de las tropas ferroviarias de Abakan como ayuda para la preparación de Tsentr-2011. Cuando sólo le quedaban tres meses de servicio, desertó y, supuestamente, se ahorcó.

A mediados de agosto, un recluta de Kaliningrado saltó desde el tejado del cuarto de calderas y sufrió varias heridas graves, aunque sobrevivió. Dejó una nota en la que pedía que no se culpara a nadie de su muerte.

A principios de agosto, un recluta del regimiento de misiles número 735, división de misiles número 62, se pegó un tiro mientras estaba de guardia nocturna. Había servido seis meses.

A principios de agosto en Belogorsk, un recluta en espera de desmovilización se pegó un tiro.

A principios de febrero, un recluta de Sergueivka se pegó un tiro. El caso está siendo investigado bajo el artículo 110.

La sensibilización pública acerca del número de soldados que se han quitado la vida es cada vez mayor. En junio de 2011 un artículo de Radio Free Europe describió [en] una protesta en Moscú en respuesta a la oleada de suicidios de los soldados de los meses pasados.

En un post de 2011, Russian Defense Policy Blog reveló los resultados [en] de un sondeo del Fond Obshchestvennoe Mnenie (Fondo de Opinión Pública) que encuestó a 3000 personas de las 64 regiones rusas. Muchas de las preguntas reflejaron la conciencia de que existe la dedovshchina, que está relacionada con el servicio militar obligatorio y que muchos jóvenes recurren a actividades ilegales para evitar ser alistados:

Por último, se preguntó a los participantes por su opinión sobre la situación del ejército ruso en los próximos años:

• 19% dice que mejorará.
• 19% dice que empeorará.
• 35% dice que seguirá igual.
• 26% dice que es difícil saberlo.

Sin embargo, cuando se les pedía que compararan las condiciones del servicio militar con las de hace 10 y 15 años, la mayoría respondía que eran mejores (39 %) y muchos menos decían que eran peores (14 %), en comparación con los rusos que respondieron a la misma pregunta en 2002 (solo un 6 % y un increíble 64 %, respectivamente).

1 Comentario

  • EDUARDO MANUEL ALEJOS TORIBIO

    La ley que regula dicho sorteo, señala la “prohibición del reclutamiento forzoso” . En esa vertiente, el ejército peruano al momento de ordenar que el sorteo deba ser implantado de manera obligatoria, iría en contra de la Constitución, ya que la vulneración de esta no se da de manera abstracta, sino al momento de afectar derechos fundamentales. Así pues, esta ley no llega a tener un fin constitucionalmente permitido y relevante, ya que va en contra de la norma fundamental.

    Así también, al no ser un reclutamiento voluntario, por el contrario forzoso, ya que no se llega a dar por iniciativa de los propios jóvenes, llegaría a restringir la libre voluntad de decidir qué es lo que los jóvenes prefieren, por lo cual, al vulnerar el derecho a la libertad, contraviene a lo establecido por la Constitución. Asimismo, el fin del sorteo para el reclutamiento de personal, no cuenta con justificación alguna para vulnerar los derechos de los jóvenes, por lo cual no resulta útil limitar sus derechos.

    En este caso el legislador introdujo la norma para establecer el sorteo del servicio militar obligatorio, con la intención de proteger la seguridad del Estado peruano (al que se llamará “a”), toda vez que al incluir más personal al ejército peruano, se daría mejor seguridad nacional.
    Esta seguridad del estatal puede ser concebida como un principio, el cual está dirigido a un bien colectivo (al que se llamará “b”). Asimismo, la libertad de los jóvenes peruanos llega a ser un derecho individual fundamental (al que se llamará “c”). Ahora bien, supongamos que “a” no es idónea para promover “b”, esto es, la seguridad nacional del Estado, y sin embargo, infringe “c”, o sea, el derecho a la libertad de los jóvenes peruanos.

    En este caso existe la posibilidad de declarar invalida “a”, pues, aceptar la validez de “a” no conlleva a ninguna ganancia para “b” sino sólo pérdidas para “c” . En definitiva, en el caso concreto, mediante el control de idoneidad no se ha podido detectar que se desarrolle un fin constitucionalmente posible y que dicha medida sea adecuada para concretizar el fin que se pretende alcanzar.

    Lo señalado ex ante permite manifestar que en el caso concreto no se puede afirmar la existencia de una finalidad constitucional por parte del sorteo para el SMO, entonces al no existir dicha finalidad, es menester precisar que se incurre en un estancamiento en el primer juicio de proporcionalidad, es decir, no llega a superar la idoneidad, por ende, dicha medida es desproporcionalidad.

    Asimismo, la vulneración de derechos fundamentales por medio del SMO es visible; toda vez que este proceso puede llegar a convertirse más en un obstáculo que en un servicio para el país. En ese sentido, sería factible implantar, cursos especiales para universitarios, como los han venido haciendo países aledaños, como se da en el caso chileno.

    Sin embargo, ¿Qué sucedería cuando un alto porcentaje de jóvenes tenga la posibilidad de perfeccionarse después de los dieciocho años? ¿Es posible diseñar un sistema de conscripción que además del respectivo entrenamiento militar, permita a los jóvenes no desvincularse de sus intereses vocacionales futuros?

    En buena cuenta, es necesario señalar, que hoy en día lo primordial no sería obligar a las personas a realizar actividades, más aún si es en contra de su voluntad; si no, se debe implementar nuevas políticas públicas que coadyuven al desarrollo académico y social de las personas, más no políticas que discrimen a sectores de la sociedad, puesto que estos cuentan con derechos inherentes por su naturaleza humana como todos los demás.

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