Desde sus comienzos, internet se ha beneficiado de una gestión relajada y descentralizada, una combinación de reglamentos gubernamentales específicos, coordinación técnica por parte de las compañías y la labor de un conjunto de organizaciones de interesados –oficiales y oficiosas– que ha guiado el desarrollo de internet, como IETF, W3C y el IGF [en, los 3 enlaces], por mencionar algunas.

Estas organizaciones de interesados [en] suelen estar constituidas por tecnólogos, expertos académicos y miembros de la sociedad civil, así como de representantes de los gobiernos y de las grandes empresas. Históricamente han operado de forma abierta, transparente, inclusiva y de consenso. Este marco ha dado a los usuarios de la mayor parte de los países una libertad considerable para innovar, participar y construir la red en sus propios términos. En otras palabras, ha creado y protegido la red abierta, descentralizada y global que conocemos.

Mapa del tráfico global de internet. Etiquetada para reutilización. Publicada por Martin Irvine.

Pero este marco no es inamovible. En el mes de diciembre, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de las Naciones Unidas, decidirá si regulará la política y los patrones técnicos futuros del internet global y cómo lo hará. Hasta ahora, la UIT se ha limitado a fijar los patrones técnicos para los sistemas de satélites, radio y telecomunicaciones internacionales, además de promover el acceso a las tecnologías de la información. No obstante, algunos estados miembros han expresado interés en expandir la autoridad de la UIT a las políticas y asuntos técnicos relacionados con internet.

La emergencia de la UIT como cuerpo regulador de internet arrebataría la autoridad al conjunto descentralizado de organizaciones de interesados que ha tutelado internet desde sus orígenes y convertiría la regulación de internet en un proceso más centralizado y menos inclusivo.

Numerosas organizaciones civiles y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Egipto, la Unión Europea, India, Kenia, Pakistán, EE.UU. y otros países, se han unido para pedir, con una carta abierta, más transparencia por parte de la UIT y de sus estados miembros cuando consideren propuestas que podrían atribuirle poder para regular internet. Esta petición se basa en los compromisos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (una conferencia organizada por la UIT) de construir una sociedad de la información centrada en la gente, inclusiva y orientada al desarrollo. Los compromisos de la cumbre exigen que las organizaciones internacionales garanticen una significativa participación de todos los interesados –y en particular de los países en desarrollo– en la regulación y la gestión del entorno global de las tecnologías de la información.

La carta expone:

El éxito continuado de la sociedad de la información depende de la participación de los interesados de la sociedad civil (junto con la comunidad académica y técnica, el sector privado y los gobiernos) (…) esta participación depende de la transparencia y apertura de los procesos en cada etapa de diálogo sustantivo y procedimental.

La carta pide a los líderes de la UIT y a los estados miembros que eliminen las restricciones para compartir documentos relativos al proceso del tratado y que abran este proceso a una participación significativa de la sociedad civil «proporcionando oportunidades para expresarse formalmente y acordando a las perspectivas de la sociedad civil un peso equivalente al de otros interesados». Anima a los estados miembros a «abrir procesos públicos en el ámbito nacional para solicitar opiniones sobre las enmiendas formuladas de todos los interesados relevantes, incluyendo a la sociedad civil, y para someter las propuestas individuales a un debate público».

Cuando los gobiernos regulan internet sin pedir la opinión de la sociedad civil, de académicos y de expertos técnicos, es muy posible que las políticas resultantes implanten limitaciones indebidas a la privacidad de los usuarios y a su derecho a la libertad de expresión y de información.

Mientras los defensores de ese sistema se centran en casos extremos como las prácticas de control de Siria [en] y las políticas de filtros de China [en], la ley europea ACTA [en] y la estadounidense SOPA, son también un claro ejemplo de políticas formuladas con escasa o nula participación de la sociedad civil. Concretamente en 2012 hemos visto que los usuarios de internet y los ciudadanos concienciados están deseando participar en un debate público sobre la forma de regular internet. El núcleo de la sociedad de la información –y de internet– es la propia gente, y los ciudadanos se juegan mucho con una regulación que podría tener un enorme impacto en su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la privacidad.

El surgimiento de la UIT como institución reguladora de internet representaría un cambio radical en la gestión de internet en la esfera global. Las negociaciones de diciembre pueden tener consecuencias negativas e inesperadas, sobre todo si no se permite que todos los interesados tengan voz en el proceso: los nuevos reglamentos podrían socavar el éxito de internet como plataforma para la innovación, el crecimientos económico, el desarrollo humano y la participación democrática.

Las organizaciones de la sociedad civil y los académicos están invitados a unirse a esta iniciativa para tratar las deficiencias en el proceso del tratado de la UIT. La carta ha sido publicada en varias webs de organizaciones de la sociedad civil. El Center for Democracy & Technology (CDT) publica la carta en inglés, junto con una lista actualizada de firmantes e instrucciones de cómo firmarla. La ONG chilena Derechos Digitales la ha publicado en español. Este artículo se irá actualizando con las nuevas traducciones que vayan apareciendo.

Este artículo ha sido escrito conjuntamente por Ellery Biddle y Cynthia Wong [en], Directora del Proyecto para la Libertad Global en Internet del CDT.