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Rusia: ¿Un gran cortafuegos que censure la RuNet?

El día 10 de julio, la Wikipedia rusa imitó los anteriores actos de protesta contra leyes de Internet estadounidenses e italianas al detener sus servicios y poner en la página principal un anuncio público [ru] que condenaba un proyecto de ley en proceso de revisión en el Parlamento ruso. La Ley 89417-6 [ru], «Sobre la protección de los niños ante información que perjudique su salud y su desarrollo», se presentó en la Duma a principios de junio, con el apoyo de diputados de los cuatro partidos políticos con representación; pero se ha convertido en el centro de una creciente polémica, ya que sus críticos la consideran un intento de copiar el Gran Cortafuegos chino.

Captura de la página principal «censurada» de ru.wikipedia.org. 10 de julio de 2012. El texto dice: «Imagina un mundo sin conocimiento libre».

¿En qué consiste la ley?

La ley crearía un registro (o una lista negra) de todo material en internet con información ilegal relacionada con niños (más concretamente, pornografía infantil, parafernalia de drogas o instrucciones relativas a la autolesión). Si una página aparece en esta lista, el servicio de alojamiento web tendrá 24 horas para avisar a su dueño, quien entonces está obligado a eliminar la información infractora. Si el dueño no actúa, el servicio tendrá que o cerrar la página o incluso eliminarla. En el caso de que no intervenga o se niegue a hacerlo, el servicio pasará a formar parte del registro y las proveedoras de acceso a Internet deberán cortar el acceso a todo el servicio de alojamiento. Todos los incluidos en la lista tendrán tres meses para apelar la decisión en los tribunales.

El proyecto de ley nació gracias a la Liga por una Red Segura [ru], la cual redactó el anteproyecto para el Ministerio de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación la pasada primavera. En aquel momento, el plan se limitaba a registrar las URL (sin incluir el filtrado de DNS o el bloqueo de IP) y a delegar la autoridad del control de la lista a organizaciones no gubernamentales. El dirigente de la Liga, Denis Davidov, explicó que el plan estuvo motivado por el miedo de los cibernautas a «un control excesivo por parte del Estado». Sin embargo [ru], los diputados de la Duma y el fiscal general tenían otra idea en mente: se expandió el alcance del registro, y el candidato más probable para supervisor es ahora Roskomnadzor (la Agencia Federal de Supervisión para las Telecomunicaciones y los Medios de Comunicación).

Gran parte de la polémica que rodea la Ley 89417-6 se centra en la preocupación que causa una redacción intencionalmente vaga, que abre la puerta a futuras expansiones de la aplicación del registro. Por ejemplo, el abogado Evgueni Ariévich, socio de Baker y McKenzie, dice [ru] que la lista negra podría crecer e incluir otras clases de información ilegal bajo otros códigos penales (tal como la relacionada con el extremismo, secretos de estado, información personal, etc.), así como emplearse para limitar el acceso a la información política y a las herramientas de movilización social. La sección más sensible de la ley parece el Artículo 5, Punto 4, Secciones 1 y 2, donde la propuesta delimita qué información de internet puede añadirse al registro sin una orden del juez y cuál requiere de aprobación judicial. Lo siguiente (sacado del proyecto de ley tras su primera lectura [ru]) pertenece a la última categoría:

[…] информации с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также информации содержащей пропаганду употребления наркотических средств, писхотропных веществ и их прекурсоров, информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству […]

[…] la pornografía infantil, al igual que la información que contenga propaganda sobre el uso de narcóticos, drogas psicotrópicas y sus precursoras, e información que anime a los niños a cometer actos que amenacen sus vidas y/o salud, entre los que se incluyen la autolesión y el suicidio […]

Del mismo modo, el proyecto de ley indica que en los siguientes casos se requiere control judicial:

[…] иной размещаемой в сети Интернет запрещенной к распространению в Российской Федерации информации – на основании вступившего в законную силу решения суда о признании информации запрещенной к распространению.

Otra información no legalmente difundida en la Federación Rusa [puede añadirse al registro] sobre la base de una decisión judicial que reconozca la ilegalidad de la información difundida.

El periodista Andréi Babitski ha criticado [ru] la imprecisión deliberada de este lenguaje y ha argumentado que la «información que anima a los niños a cometer actos que amenacen sus vidas» podría incluir páginas dedicadas a actividades de ocio peligrosas (como el paracaidismo o el alpinismo).

¿Quiénes apoyan la ley?

Por otra parte, Elena Mizulina, diputada del partido “Rusia Justa” en la Duma, sostiene [ru] que «nadie, excepto pederastas y capos de la droga, tiene que temer esta ley». Mizulina, una de las principales partidarias de la ley, descarta la idea de que el parlamento esté imponiendo un control excesivo sobre Internet. «El mecanismo se basa en la autoorganización», explica. Esto es, se pretende que el registro funcione de manera pasiva: los proveedores y las empresas harán la mayor parte del trabajo; el Estado se mantendrá apartado. No sorprende que Mizulina no esté sola en la Duma, donde se esperaba que el proyecto de ley pase la segunda lectura el 10 de julio.

Ilya Ponomarev, diputado de la Duma estatal, en un mitin de Serguéi Udaltsov, 29 de diciembre 2011. Foto de Alekséi Nikolaev, ©Demotix.

Puede que los lectores se lleven una ligera sorpresa, sin embargo, al saber que Ilya Ponomarev, otro diputado de Rusia Justa y, hasta hace poco, uno de los niños mimados del movimiento anti-Putin de la oposición, haya apoyado la ley. «Estoy convencido», anunció [ru] después que la ley pasara su primera lectura, «de que hoy hemos logrado un buen acuerdo mutuo entre la intervención del Gobierno y la autorregulación». En relación con los recelos que provoca la ignorancia mostrada en la ley respecto a Internet, Ponomarev citó la participación de la Liga por una Red Segura: «En realidad, la ley fue escrita por una sociedad de Internet, por gente que viene de este mismo campo».

El mismo día, el dirigente de la liga, Davidov, escribió un artículo de opinión [ru] en RBCdaily.ru, donde defendía la efectividad de la ley (sostenía que un sistema, aun incompleto, protegería a los más jóvenes y vulnerables) y afirmaba que el debate público acerca del proyecto de ley se había extendido ya por más de siete meses (citó foros en diciembre de 2011, febrero de 2012, etc.); asimismo, le otorgaba al Gobierno federal ciertos derechos paternos:

[…] если каждый родитель вправе самостоятельно настраивать ограничения на доступ в Интернет для своего ребенка, оберегая его от вредоносного контента, то и государство, заботясь о своих гражданах, вправе и должно ограничивать противоправный контент […]

[…] si cualquier padre es totalmente libre para establecerle límites al acceso a Internet de sus hijos para protegerlos de contenido peligroso, el Gobierno, por preocupación por sus ciudadanos, tiene derecho para restringir [el acceso a] contenido ilegal y la obligación de hacerlo  […]

El Consejo Presidencial da la señal de alarma

Los comentarios de Davidov parecen dirigirse a las inquietudes del Consejo Presidencial de los Derechos Humanos, que hizo pública su oposición a la Ley 89417-6 en una declaración [ru] emitida el 3 de julio de 2012. (Vladimir Legoida, representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en el Consejo, mostró su desacuerdo con este comunicado y escribió uno propio [ru] que guarda muchos parecidos con las tesis sostenidas en el artículo de Davidov). La declaración del Consejo —firmada por 22 miembros, aunque al menos seis de ellos han dimitido desde entonces— se centraba en la amenaza de la censura en internet, y comprendía cinco razones concretas para rechazar el proyecto de ley en su forma actual. A continuación, un resumen de estas:

  1. Incluir dominios enteros en el registro, en lugar de simplemente los enlaces al contenido ilegal, probablemente abarque a sitios que sí cumplen la ley.
  2. Al igual que la SOPA, la Ley 89417-6 impone lo que en realidad es un castigo colectivo contra las operadoras y los proveedores web como un sustituto poco efectivo del trabajo real de la policía.
  3. La filtración de datos reduciría la velocidad de toda la RuNet y dañaría el comercio electrónico y la innovación en la red.
  4. El aumento de la vigilancia pondría en peligro la privacidad de cada persona, con cada vez más accesos no autorizados a información confidencial.
  5. El equipamiento de bloqueo y filtros necesarios para hacer cumplir los requisitos de la ley costarían desde 50 millones a 10 000 millones de dólares estadounidenses (Sam Greene, por cierto, calcula [ru] el precio en unos 500 millones de dólares).

La opinión discrepante de Legoida es una refutación punto por punto de las quejas del Consejo. Su respuesta a la acusación de censura, por ejemplo, trata de la naturaleza de la información prohibida:

[…] цензура, по Конституции России, — это ограничение доступа граждан к законной информации. В то время как информация на сайтах, которые включаются в реестр, упомянутый в законопроекте, — незаконна и является результатом преступной деятельности.

la censura, de acuerdo con la Constitución Rusa, es la restricción a los ciudadanos del acceso a información legal, mientras que la información de los sitios que aparecen en el registro de la ley es ilegal y es consecuencia de un delito.

Perros bajo la alfombra

Se dice que Winston Churchill comparó la política rusa con observar a bulldogs peleando bajo una alfombra. Más allá de las declaraciones y las reservas acerca de la «Ley de la lista negra de Internet», el drama se ajusta a un creciente conflicto entre el personal presidencial y el gobierno del primer ministro. En efecto, antes del ardid publicitario de la Wikipedia rusa del día 10, las empresas del sector, en su gran mayoría, han guardado silencio [ru], y la atención en lo relativo a la Ley 89417-6 se ha centrado en el evidente desprecio [ru] que la Duma ha demostrado a la supuesta oposición de Dmitri Medvédev al proyecto de ley. (De hecho, Nikolái Nikiforov, ministro de Medvédev de Telecomunicaciones y Medios de Comunicación, tuiteó [ru] que la ley, tal y como se formula en la actualidad, es problemática.)

Parece que los diputados envían un mensaje: siguen el ejemplo del presidente, no del primer ministro. La politóloga Tatiana Stanovaia y otros han señalado [ru] el nacimiento de lo que precisamente es un gobierno presidencial paralelo, que tiene el fin de estar en la sombra de los deberes y poderes de los ministerios oficiales y eclipsarlos. El caso más obvio de usurpación ha sido el de Igor Sechin y su nuevo cargo [ru] en la comisión presidencial de la industria petrolera y energética. Dicho puesto cuestiona directamente los poderes del hombre de Medvédev, Arkadi Dvorkovich. El efecto doppelgänger se repite en todas partes: en la gestión de pensiones, en las políticas de investigación y de educación, y en otros muchos campos.

Se rumorea [ru] que Vladislav Surkóv, archienemigo de la oposición anti-Kremlin y actual viceprimer ministro de Modernización Económica, escribió un informe que apoyaría de la Ley 89417-6 si los diputados eliminasen la idea de la lista negra (lo que quedaría de la ley después de esto es otro tema). Ante las dudas y la oposición de Surkóv y Nikiforov, Putin, a finales de junio, añadió [ru] un nuevo departamento al personal presidencial que parece competir con la autoridad de los dos primeros. Este departamento, «Para la Aplicación de las Tecnologías de la Información y el Desarrollo de la e-Democracia», aún está pendiente de publicar un comunicado sobre el Gran Cortafuegos ruso.

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