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España: “Desobediencia sanitaria” ante masivos recortes

Grupos independientes de trabajadores y usuarios de la Sanidad Pública han creado una plataforma en protesta contra la reciente reforma sanitaria. El movimiento, de nombre Yo Sí Sanidad Universal (@Yosisanidaduniv), tiene como principal propuesta la desobediencia y objeción frente al nuevo Decreto-Ley 16/2012, impuesto por el Gobierno en un contexto de recortes, austeridad y protestas sociales.

El decreto, que entrará en vigor el 1 de septiembre, tiene como objetivo, según el Ministerio de Sanidad, “garantizar la universalidad del derecho”, y, en palabras del Gobierno del Partido Popular, es un paso hacia “la verdadera universalización” y “pone freno al despilfarro”.

La salud como negocio

Sin embargo, sus detractores coinciden en que el decreto, que dejará sin tarjeta sanitaria a unas 150.000 personas, está ideado para cambiar el sistema sanitario y crear un nuevo sistema de aseguramiento; esto es, un sistema que distingue entre personas aseguradas y personas no aseguradas. Pone, por tanto, en peligro el sistema sanitario al alcance de todos del que hasta ahora gozaba España. La página web de la plataforma lo entiende de esta forma:

Lo más grave de esta reforma sanitaria es precisamente que pasa de un sistema universal de derechos de las personas, basado en valores como la solidaridad social (“Me puedo quedar en el paro”, “Me puedo poner enferma estando en el paro”, “Hoy por ti, mañana por mí”) y de justicia social (“Todas las personas tienen derecho a educación y sanidad”, “Garantizar derechos a todo el mundo es la mejor manera de generar una sociedad mejor”) a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga, y debe justificar que es “asegurado/a”, que tiene un seguro que le cubra ante la posibilidad de estar enferma/o o necesitar cuidados de salud. El retroceso en derechos ciudadanos es abrumador, sin que se vaya a generar un ahorro importante.

Patricia (éste fue el nombre utilizado), miembro de la plataforma contra el decreto, explica que éste pretende conducir hacia un sistema “como el norteamericano, en el que la salud es un negocio”.

¿De qué forma?: restringiendo el acceso a la tarjeta sanitaria. El decreto se la quitará tanto a personas indocumentadas como a mayores de 26 años que nunca hayan dado de alta en la Seguridad Social. Esto se suma a otros recortes de derechos como el prepago médico o que algunas prestaciones que antes eran gratuitas (como las prótesis) dejen de serlo.

En la práctica, aunque la reforma afecta a un gran número de personas, se teme de forma inmediata por las personas sin papeles, que quedarán del todo desprotegidas a partir del 1 de septiembre. Así se reflejó en Twitter la reciente noticia de que el Gobierno cobrará a los indocumentados unos 700 euros al año (más caro que un seguro médico) por la sanidad, despertando un rechazo casi general.

Según Patricia, el real decreto no sólo es inconstitucional, sino además es injusto, y esa es la razón principal para la objeción de conciencia. La indignación popular crece, además, a medida que el Gobierno beneficia a las clínicas privadas en detrimento de la salud pública.

La página de Facebook de la plataforma digital ha subido un vídeo que muestra declaraciones de afectados y objetores, con el mensaje de que “todos tenemos derecho a la sanidad”.

Instrucciones para la desobediencia

Advirtiendo que la objeción de conciencia es un derecho “reconocido, pero poco regulado”, y que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la salud como uno de los derechos principales, la plataforma web plantea crear una red de objetores dentro del espacio sanitario. Para ello ofrece varios modelos de objeción de conciencia, dirigidos al personal facultativo, de enfermería y personal no sanitario, así como otras instrucciones y documentos legales e informativos.

La idea que defienden es que tanto el personal sanitario como el administrativo deben colaborar, y que incluso los usuarios que carezcan de tarjeta médica tienen que solicitarla y, cuando les sea denegada, “que recurran”. Advierten además de las posibles dificultades y problemas a los que un objetor puede enfrentarse.

Por el momento, alrededor de 1000 médicos se han sumado a la iniciativa de la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes indocumentados. Mientras, por otro lado, Sanidad les ha advertido de que no pueden atender a los sin papeles bajo pena de sanciones: la guerra por la salud está abierta.

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