En la madrugada del pasado domingo 2 de septiembre, aconteció uno de los crímenes más estremecedores de los últimos años en la República Dominicana. El asesinato de José Carlos Hernández (Chiva), un joven rockero dominicano de 23 años residente en Argentina. El homicidio tuvo lugar en un club nocturno del Distrito Nacional, tan solo unos días después de que José Carlos llegara al país de vacaciones. Los implicados (que conocían a la víctima desde hacía años) le asestaron 27 puñaladas con un arma que la Policía identificó como un cuchillo de 10 pulgadas tipo rambo. A pesar de que aún el Ministerio Público no ha emitido una explicación oficial de los hechos, se sospecha que haya sido lo que la Fiscal Yeni Berenice –una de las figuras más respetadas en el Poder Judicial- calificó como un crimen de odio y que a través de su cuenta de Twitter @YeniBerenice definió de la siguiente forma:
@YeniBerenice: El crimen de odio se motiva en prejuicios en función de raza, género, religión, nacionalidad, ideología, orientación sexual…
Según las hipótesis compartidas por las diferentes instancias gubernamentales, se cree que los victimarios asesinaron al joven por
diferencias socio-económicas, ya que todos se devolvían dentro de la “esfera del Heavy Metal” que en el país tiene un público bastante reducido. Pero como si la crueldad del homicidio no fuera suficiente para atormentar a la familia del occiso y a sus allegados, la prensa dominicana, vulneró la integridad de la memoria de José Carlos al impregnar los diferentes medios de comunicación de juicios de valor y acusaciones de satanismo y ritos diabólicos porque Chiva tenia perforaciones, cabello largo y vestía de forma diferente.
Las acusaciones estuvieron a la orden del día y los sectores más conservadores de la sociedad se hicieron eco de dichas difamaciones mucho antes de que se dieran a conocer los detalles y testimonios del caso. Sin embargo, una facción más liberal de la población pronunció su marcado desacuerdo con la situación, lo que acabó generando encandecidos debates, en las redes sociales sobre todo, acerca de los diferentes tabúes y prejuicios que aún dominan el imaginario de los dominicanos. Diversas personalidades de gran influencia en el país dejaron en claro su desacuerdo con la reacción generalizada frente al crimen. Mariana Barrenese, por ejemplo, economista especialista en políticas públicas, compartió a través de su Twitter:
@MaruBarrenese: Soy economista, especialista en Pol Fiscales. Salgo en TV, radio y diarios. Tengo 3 piercing y 3 tatoos. #BastaDePrejuicios
Asimismo, figuras de la farándula como la empresaria, locutora y conductora de televisión, Yolanda Martínez, publicó en su Twitter @YolandaMart:
@YolandaMart: A mi no me preocupan tatuajes ni piercings. A mí me preocupan el odio y la falta de compasión.
Por otro lado, el escritor y comunicador Camilo Venegas orientó su crítica en Twitter hacía el mal uso de los medios de comunicación y su rol en la perpetuación de desvalores de la sociedad, diciendo:
@CamiloVenegas: Los medios de comunicación a veces se convierten en eficaces promotores de prejuicios y antivalores, como el machismo y el racismo.
Pero el debate no estuvo circunscrito a Twitter, la mayoría de los programas televisivos y radiales dominicanos dedicaron espacios a discutir el tema a un nivel más académico y profesional. Diferentes organizaciones de la sociedad civil se sumaron a la discusión y aún a la fecha, la juventud continúa argumentando los pros y contras sobre los tatuajes, las perforaciones y los prejuicios en un sentido más amplio.
Todavía las autoridades no han oficializado ninguna de las versiones que pretenden explicar lo sucedido ni han anunciado ninguna medida enfocada a flexibilizar ciertas creencias y consideraciones que sustentan muchos de los estándares dobles que incluso ahora, en pleno siglo XXI, los dominicanos abrigan como verdades universales e irrefutables. Mientras tanto las investigaciones continúan y la presión social por que los hechos sean esclarecidos sigue en aumento -especialmente por la falta de confianza en la justicia dominicana y en los diferentes canales de difusión de información.
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