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Brasil: Amenaza a la autonomía de tierras indígenas

Este post es parte de nuestra cobertura especial Derechos Indígenas.

A mediados de julio del 2012, el gobierno federal brasileño emitió, por medio de la Procuraduría General [en] o AGU, el Decreto 303 [pt] que busca restringir la autonomía de las tierras indígenas en Brasil. Varios movimientos sociales que luchan por los derechos de los pueblos indígenas [pt] han criticado fuertemente esta medida tanto en Brasil como en otros lugares.

Luana Luizy del Consejo Indígena Misionero (CIMI) resume [pt] las implicaciones del decreto:

a Portaria 303 determina, entre outras medidas, que as terras indígenas podem ser ocupadas por unidades, postos e demais intervenções militares, malhas viárias, empreendimentos hidrelétricos e minerais de cunho estratégico, sem consulta aos povos. Por um mero instrumento, a AGU desconstrói o direito constitucional indígena de usufruto exclusivo da terra de ocupação tradicional.

El Decreto 303 determina, entre otras medidas, que la tierra indígena puede ser ocupada por unidades, puestos y otras intervenciones militares, varias redes de infraestructura, compañías hidroeléctricas y mineras de naturaleza estratégica, sin consultarles a los pueblos [indígenas]. Con un simple instrumento, el AGU ha quebrantado el derecho constitucional de los indígenas al uso exclusivo de las tierras que tradicionalmente han sido ocupadas por ellos.

Los que están en contra de la medida piden su revocación inmediata pues la consideran [pt] “una afrenta a los derechos garantizados por la Constitución Federal y por instrumentos internacionales como la Convención 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los pueblos indígenas y tribales, que es ley en el país desde el 2004, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Los pueblos indígenas como obstáculo para el desarrollo

Indigenous protest in Brasilia, 2011

Protestas indígenas en Brasilia, 2011. Foto de Intenational Rivers en Flickr (CC BY-NC-SA 2

El decreto llega en un momento en el que las políticas de desarrollo implementadas por el gobierno de Dilma Rousseff han colisionado visiblemente con los derechos de las comunidades indígenas en el país. Según el IBGE (Instituto brasileño de geografía y estadística), en el 2010 había más de 800 000 indígenas brasileros [pt].

La represa de Belo Monte ha estado en el centro de la atención pública pues puede que sea  la tercera más grande del mundo si se llega a construir. Según un reporte de Global Voices en agosto, su construcción se suspendió por orden del Ministerio Público Federal en el estado de Pará debido, entre otras cosas, a que no se consultó a los grupos indígenas antes del decreto legislativo que autorizaba su construcción. Sin embargo, la suspensión solo duró un par de días y el 27 de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil falló [pt] a favor del procurador general, quien reclamaba la continuación de los trabajos.

Casos como los de la represa de Belo Monte exponen la fragilidad de Brasil en cuanto a su posición respecto a sus compromisos internacionales con los derechos humanos, tal como se vio en el 2011 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió, a modo de medida de precaución, que el gobierno de Dilma suspendiera inmediatamente la construcción de la represa.

Sin embargo, dada la influencia del país en el continente americano, el mismo sistema interamericano de derechos humanos se puso en riesgo. Así lo cree la socióloga Bonaventura de Sousa Santos, quien escribió [pt] acerca de las presiones que el CIDH ha desatado:

O Brasil protesta contra a decisão, retira o seu embaixador na Organização dos Estados Americanos (OEA), suspende o pagamento da sua cota anual à OEA, retira o seu candidato à CIDH e toma a iniciativa de criar um grupo de trabalho para propor a reforma da CIDH no sentido de diminuir os seus poderes de questionar os governos sobre violações de direitos humanos.

Brasil protesta contra las decisiones, retira a su embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA), suspende los pagos de su cuota anual a la OEA, retira a su candidato del CIDH y toma la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma que limite el poder del CIDH para cuestionar a los gobiernos acerca de violaciones a los derechos humanos.

Sousa Santos describe [pt] más a fondo y de manera tajante [pt] la línea que siguen las políticas de desarrollo “progresistas” actuales:

Os territórios passam a ser terra e as populações que nelas habitam, obstáculos ao desenvolvimento que é necessário remover quanto mais rápido melhor.

Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones indígenas que los habitan se convierten en obstáculos para el desarrollo que se deben eliminar; entre más pronto, mejor.

M. Marcos Terena, bloguero y activista indígena, apoyó esta misma opinión en su tuiteo del 9 de agosto sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas [pt]:

@MarcosTerena: Nós Indigenas lembramos nesse nosso Dia que a Portaria 303 da AGU ve nas nossas terras, ouro, novas estradas, etc, menos nós os Indignas

@MarcosTerena [pt]: Nosotros los indígenas recordamos en este, nuestro día, que el Decreto 303 del procurador general ve en nuestras tierras oro, nuevas carreteras, etc, más de lo que nos ve a nosotros, los indígenas.

Cero Tolerancia

Indigenous protest against Decree Law 303/12 in Manaus

Protestas indígenas contra el Decreto 303/12 en Manaos. Foto de Fora do Eixo en Flickr (CC BY-SA).

El Decreto 303 ha provocado una unidad sin paralelo entre varios movimientos sociales, como los líderes indígenas miembros del Comité GATI (Gestión Ambiental y Territoral Indígena), la Red de Pueblos Indígenas de Brasil (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB), El Consejo Indígena Misionero (CIMI) y la Asociación Nacional de Trabajadores de Funai (la institución gubernamental de asuntos indígenas, Fundação Nacional do índio).

Su objetivo ha sido concientizar a los legisladores, al poder judicial y a la sociedad brasileña, no solo sobre las implicaciones de esta medida sino también sobre todos los actos en curso que “demuestran un contexto de quebrantamiento de las políticas indígenas en el país y una afrenta a los pueblos indígenas y a sus tierras”, como por ejemplo:

o novo decreto de reestruturação da Funai, Decreto 7778/12, as PECs [Propostas de Emenda à Constituição] 038, que daria ao Senado a competência exclusiva para demarcação de terras indígenas e, 215, que transfere essa atividade para o Congresso.

el nuevo decreto de la reestructuración de Funai, decreto 7778/2012, la Enmienda Constitucional 038, que daría al Senado competencia exclusiva para delimitar tierras indígenas y la 215, que transfiere esta actividad al Congreso.

El Instituto Humanitas UNSINOS, en su página web [pt], compartió más información sobre esta y otras medidas que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y el medio ambiente:

Governo Dilma promove a maior cruzada contra os direitos indígenas com trapalhadas jurídicas. http://bit.ly/NiSQjo

El gobierno de Dilma promueve una gran cruzada contra los derechos de los indígenas con trampas jurídicas http://bit.ly/NiSQjo [pt]

Como respuesta a las acciones tomadas recientemente, a finales de agosto el gobierno propuso suspender el Decreto 303 “hasta que salga el fallo de la suspensión de la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la acción jurídica relacionada con Raposa Serra do Sol” (Global Voices informó de esta delimitación territorial en 2009) y hasta que se “cree un grupo de trabajo compuesto por el Ministro de Justicia, AGU, Funai y los representantes de los pueblos indígenas para discutir las condiciones establecidas en el Decreto 303/2012 y otras formas de hacer viables los procesos de demarcación de las tierras indígenas”.

La Red de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) se opuso [pt] a esta suspensión pues cree que “hará latente los riesgos muy extendidos de conflictos de tierras en el país” y promete “seguir actuando y luchando para lograr la completa revocación del Decreto 303 del procurador general”.

Este post es parte de nuestra cobertura especial Derechos Indígenas.

João Miguel Lima y Raphael Tsavkko Garcia [pt] contribuyeron en este post.

2 Comentarios

  • mariano palhares

    Brasil no amenaza la autonomia de tierras indigenas. Por la Constituición, el território nacional pertenece a todos los brasileños, y se sujeta a ala autoridad federal, elejida directamente por el voto de la populación, sino estariamos creeando islas dentro del pais lo que no es admisible. Cuanto a la explotacion de minerios, puede o no ser aprovada y se hará con el respecto a la populación índia. LOos extranjeros hablan mucho de Brasil pero no existe pais en el mundo que ocupe el 13% der su território, o ma sde un millión de quilómetros cuadrados, con reservas indigenas, para 1 million de personas, encuanto los otros 1989 millones tiene que compartir los otros 87%. Cada indio en Brasi, cuenta con mil quilómetros cuadrados de tierras en promedio, encuanto miles de brasileños pobres no tienen un hectar de tierra para plantar.

  • Di Brasilia

    Mariano Palhares hablo todo!!!

    “…estariamos creeando islas dentro del pais lo que no es admisible”
    NO ES ADMISSIBLE!!

    “Cada indio en Brasi, cuenta con mil quilómetros cuadrados de tierras en promedio, encuanto miles de brasileños pobres no tienen un hectar de tierra para plantar.”

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