El 27 de julio de 2006, el ciudadano rumano Lucian Paduraru y su esposa embarazada salían de su casa en Barcelona cuando cinco hombres se le abalanzaron y le dieron una paliza. Los hombres, que resultaron ser Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, no se identificaron como tales. Habían confundido a Paduraru con un peligroso atracador.
Después lo llevaron a la comisaría de Les Corts, donde siguieron con los golpes, los insultos y las amenazas, e incluso le llegaron a meter una pistola en la boca. Solo cuando uno de los mossos se dio cuenta de la existencia de cámaras en la sala donde estaban ocurriendo los hechos cesaron los malos tratos. Se da la circunstancia de que Paduraru es hemofílico. Este caso es uno de los expuestos en el informe «La sal en la herida» [pdf] de Amnistía Internacional sobre la violencia policial en España.
Los cinco mossos fueron juzgados en la Audiencia de Barcelona por los delitos de torturas, lesiones y detención ilegal. Tres de ellos recibieron una condena de seis años y siete meses, otro de dos años y tres meses y al quinto se le impuso una multa por malos tratos. En recurso, el tribunal supremo rebajó las penas, que quedaron suspendidas a la espera de que se resolviera el indulto que habían solicitado.
En febrero de 2012, el gobierno concedió un primer indulto alegando que «investigaciones policiales posteriores» proporcionaban «nueva y valiosa información con relación a los hechos». También se tuvo en cuenta el currículum de los agentes y «la gran cantidad de apoyos y adhesiones al indulto». El indulto reducía aún más las penas de prisión, a dos años, lo que unido a la falta de antecedentes de los mossos encausados les eximía de ingresar en la cárcel. También conmutaba su inhabilitación para ocupar cargos públicos, sustituyéndola por una suspensión de dos años.
No obstante, la Audiencia de Barcelona tomó la infrecuente decisión de obligarles a ingresar en prisión, alegando alarma social y la peligrosidad de estos delincuentes. A lo que los mossos respondieron pidiendo un segundo indulto.
Hace unos días, el gobierno de España, desoyendo la opinión pública, concedió el segundo indulto a los condenados, conmutando la prisión por multas de 7200 euros, a pagar «a plazos» de 10 euros durante dos años.
Este segundo indulto ha indignado a los ciudadanos, que lo perciben como un claro movimiento del gobierno a favor de la impunidad en un delito tan grave contra los derechos humanos. En Twitter, los hashtags #indulto y #justiciadeespaña se colocaron entre los trending topics esa misma tarde. Abraham Escobar #14N y Gloria Marcos expresaban su indignación:
@abraham_escobar: El indulto a los mossos torturadores es vergonzoso. Este sistema político está roto. La injusticia se legaliza y la impunidad se consolida.
@gloriamarcosmar: Gano Ping liberado, torturadores indultados, el #PP alentando la brutalidad policial. ¿En q país vivimos? #JusticiaDeEspaña
Ricardo Sixto critica las últimas iniciativas del ministerio de justicia:
@Rsixtoiglesias: España: se indulta a torturadores y se imponen tasas por recurrir a la justicia. No existe ya un estado de derecho http://www.publico.es/espana/446355/
Este indulto ha tenido la virtud de sacar a la luz unos hechos que vienen produciéndose desde hace años. Los españoles comienzan a descubrir que el indulto, un mecanismo pensado para humanizar la justicia, ha sido utilizado con profusión por parte de los gobiernos españoles para anular las condenas a delincuentes muy próximos al poder. Como explica Ignacio Escobar en su artículo «El indulto: un abuso de poder cotidiano»:
[…] somos uno de los países occidentales donde el Gobierno más abusa de esta prerrogativa arbitraria. Desde 1977 ya llevamos 17.620 indultos, siempre según los datos del BOE [Boletín Oficial del Estado]. Entre los perdonados está lo mejor de cada casa: golpistas del 23-F [golpe de estado del 23 de febrero de 1981], terroristas de los GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación], políticos corruptos, jueces prevaricadores, grandes empresarios y banqueros defraudadores, narcotraficantes… Es una media de 480 al año.
Zapatero concedió 3.226 durante sus dos legislaturas mientras que Aznar -plusmarquista nacional- casi dobló este número, con 5.916 indultos. Por comparar, George W. Bush aprobó en ocho años solo 200 indultos en EEUU, un país casi siete veces más grande que España […]
Cerca de 200 jueces se han unido para firmar un manifiesto de repulsa ante el indulto a los mossos torturadores. Estos son algunos extractos del comunicado:
[El indulto] supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.
[…]
La tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. […] Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento.
[…]
La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha defendido la decisión del gobierno:
[…] lo que no puede […] es pensarse que otros poderes del estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la constitución se las da al gobierno de España, y el indulto no es una facultad del poder judicial sino que es una facultad del poder ejecutivo.
Pero es posible que este indulto sirva para algo, como dice Ixaiac a un artículo del Huffintong Post:
Ayer el SUP [Sindicato Unificado de la Policía], hoy 200 jueces. Quizás sí que algo se esté moviendo. Aunque para muchos va a ser demasiado tarde. Pero ojalá más y más conciencias se remuevan contra este constante abuso de poder. Nadie sobra a la hora de restaurar la justicia social.
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