WCIT y su relación con Internet: Retos y desafíos

En esta segunda parte (ver la primera parte ^[1]) del análisis ^[2] de la fundación Vía Libre ^[3], se toma en consideración los retos y desafíos planteados tras la celebración de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionale ^[4]s (CMTI, o WCIT por sus siglas en inglés) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Después de la WCIT, y más allá
Por Enrique A. Chaparro

VI. Posiciones encontradas

Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubái. Foto  de itupictures ^[5] en Flickr, reproducida con licencia Creative Commons ((CC BY 2.0).

Nadie se sorprenderá si decimos que hay sectores (gobiernos y sector privado) que conciben las comunicaciones solo o primordialmente como una oportunidad de generar renta; otros para los que el alcance de las comunicaciones debe estar subordinado a las políticas de estado, y finalmente otros, como nosotros y otras organizaciones sociales, que creemos que la cuestión fundamental es de servicio público y acceso irrestricto.

Todas estas posiciones se confrontan y entrelazan en cada foro relacionado con las telecomunicaciones, inclúyase o no la Internet. WCIT no habría de ser menos, y de movida conocíamos la existencia de múltiples posiciones. Las mas interesantes eran:

(P1) La de los Estados Unidos y la UE, que procuraban que no se tocase nada del ITR 1988 salvo arreglos cosméticos. Esta postura contaba también con el apoyo de países ligados a los EE.UU. por afinidades políticas y TLCs, de los operadores de redes Tier 1 de Estados Unidos, Australia, Japón e India, y grandes compañias de servicios con base en Internet, de las cuales Google es la más prominente. Esta postura es afín con la mayoritaria de la UE (y por lo tanto las englobo en una sola), de que el ITR ya no es necesario y la cuestión debe dejarse librada al libre accionar de los mercados (1);

(P2) Una suma de propuestas de China, la Federación Rusa, el mundo árabe y algunas naciones africanas, que aspiraban a la inclusión expresa de Internet en el ITR (2), un mayor involucramiento de los estados miembro de ITU en la gestión de la Internet, la inclusión de las cuestiones de “ciberseguridad”, y una “garantía de no exclusión” de acceso a la Internet para todos los estados.

(P3) La de las grandes operadoras de telecomunicaciones europeas (incluyendo las redes Tier 1 de Europa), agrupadas en ETNO, cuyo punto central de agenda era aumentar beneficios, partiendo del hecho de que son ellas las que proporcionan la infraestructura que hace posible la Internet. Los puntos más “peligrosos” de su propuesta eran la posibilidad de negociar libremente entre operadoras pautas de calidad de servicio, lo que de aplicarse a la Internet destruye automáticamente la neutralidad de la red (3), y la idea de generalizar, extendiéndolo al mundo de la Internet, el método “sender pays” (que comprenderán fácilmente cuánto disgustaba a las corporaciones como Google, Facebook o Twitter).

Alrededor de estas posiciones se tejieron fuertes campañas previas, para ensalzar las propias y desacreditar las ajenas. El argumento central de los defensores de (P1) a favor de su propuesta fue el clásico “si funciona no lo arregles” (4) contra los defensores de (P2) sostuvieron que el control de los estados sobre sus tramos locales de Internet implicaba amenazas a las libertades de expresión y de información, y al derecho a la vida privada (5) . La campaña contra la propuesta (P2) (y en menor medida contra la (P3), que por sus vericuetos técnicos parece más difícil de explicar) adquirió escala global, motorizada no solo por los estados partidarios de (P1) sino también por corporaciones como Google, particularmente activa, medios de prensa y ONGs usualmente preocupadas por cuestiones de libertades públicas en la Internet.

VII. El desarrollo
Esa campaña no solo fue muy intensa durante los días previos a la WCIT, sino que también se mantuvo durante la conferencia y fue reflejada en medios de prensa con titulares catastróficos y notas apocalípticas (6). La intensidad de la campaña hizo que al comenzar la conferencia el presidente de la UIT, Hammadoun Touré, asumiera el compromiso de que el ITR no iba a tratar cuestiones relacionadas con Internet y que las decisiones, como históricamente había sucedido en la UIT, se iban a tomar por consenso.

Los sostenedores de la propuesta (P2) insistieron en ella, presentando un borrador con su posición de máxima para sondear el ambiente, retirándolo luego para presentar otro un poco más tibio, que también retiraron. La situación pareció estancarse.

Fracasadas todas las movidas tendientes a incorporar las cuestiones de Internet explícitamente al ITR, los últimos borradores antes de la sesión final parecían acercarse bastante a la propuesta (P1), salvo por algunos pequeños detalles. El texto que avanzaba hacia la reunión final no contenía mención alguna a la Internet, y se habían agregado dos salvaguardas importantísimas:

En el Preámbulo, la declaración de que “Los Estados miembros afirman su compromiso de implementar estas Regulaciones de una manera que respete y sostenga sus obligaciones de derechos humanos”
En el Art. 1.1., la declaración expresa de que “Estas Regulaciones no se ocupan de los aspectos de las telecomunicaciones relacionados con los contenidos” (7).

Pero sobre el fin de la jornada previa a la final, los Estados Unidos y sus aliados automáticos (el Reino Unido y Canadá) patean el tablero. ¿Por qué se “enojan” los EE.UU., y todos los medios que habitualmente le hacen coro al gobierno estadounidense y a las grandes corporaciones de ese país levantan títulos catástrofe (Wall Street Journal(8) , Forbes (9), pasando por CIO Magazine (10) o AOL Government (11)?

Aparentemente, por la incorporación de los artículos 5A y 5B. Demasiado, si se analiza, para generar una movida que, según el New York Times (12), aparece como concertada. Otro factor es que el miércoles se rompió la trama del consenso y se llevó a voto una resolución sobre Internet (13), pero un factor central de irritación parece estar en la incorporación de una declaración acerca del derecho de acceso de los estados miembros a los servicios internacionales de telecomunicaciones.

¿Por qué habría de resultar grave para los EE.UU y sus aliados una declaración aparentemente tan inocua (14) colocada en el Preámbulo? Esta declaración, que previamente se había propuesto como parte del artículo 3, es consistente con una propuesta de los estados árabes en la reciente WTSA, T09-WTSA 12-C-0064 (15). Al aprobársela, impide (de jure, claro, que en la práctica es otra cosa) a los Estados Unidos bloquear arbitrariamente el acceso a las telecomunicaciones internacionales (y por extensión razonable, a la Internet), desde o hacia países que considera “enemigos” sin formal declaración de hostilidades. A modo de ejemplo: un usuario de Internet en Irán no puede acceder a servicios de Google como Analytics (16), no puede registrar dominios con GoDaddy, no puede conectarse a Android Market o AppStore, no puede adquirir un certificado SSL para un sitio .ir, etc., etc.

Volvamos a analizar las pretensiones de los EE.UU., sus aliados y las grandes corporaciones de Internet que surgen de (P1):

Evitar cualquier avance que signifique transferir aspectos centrales regulatorios de la Internet de la órbita del derecho interno de los Estados Unidos a la del derecho internacional.
Evitar cualquier avance que implique obligaciones de servicio universal.
Evitar cualquier regulación tarifaria.

El primero y el tercer objetivo pueden darse por cumplidos. El segundo también, en buena medida, aunque la declaración sobre derecho de acceso deja una hendija abierta. Con buena probabilidad es esta la raíz del show mediático y el escándalo. Todo lo demás es, por parte de los EE.UU y sus aliados, una gigantesca maniobra de PR que logró involucrar, cándidamente, a un gran número de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en el ciberespacio. No es que levantar la voz contra la posibilidad de que gobiernos que no se caracterizan por su respeto a las libertades dispongan de un instrumento jurídico internacional que les posibilite acciones de control sobre sus ciudadanos sea una postura errónea o censurable; pero veamos qué
sucede en realidad:

El ITR se aplica a los servicios de telecomunicaciones internacionales. Pero para acceder a esos servicios, un usuario debe pasar necesariamente por un servicio nacional (17). Y el ámbito nacional está reservado a los estados respectivos.
Nada parece indicar que una regulación internacional de telecomunicaciones detenga las acciones de censura y vigilancia de los estados que pretendan hacerlo.
Nada indica a priori que el ámbito del derecho internacional sea más nocivo para la Internet que el del derecho interno de los Estados Unidos.
Que UIT, y en consecuencia sus estados miembro, tenga un rol más importante en la gestión de aquello que resulte indispensable regular en la Internet no es buena idea. En particular, por sus procedimientos poco transparentes en la adopción de estándares y por su histórica ineficacia. Que los aspectos regulables de la Internet sean regulados por un mecanismo “un estado = un voto” es aún peor. Pero en el actual estado de cosas ICANN, que se encarga de estos aspectos (y de otros más que no precisarían regulación, pero que igual ha abordado) (18), comete atrocidades reales que empalidecen las potenciales que la ITU pudiera cometer (más sobre esto en la sección “Mientras tanto…”, más abajo).

Además de estas cuestiones, es necesario tomar en cuenta que la ITU carece de poder sancionatorio para hacer cumplir cualquiera de las normas que emite, con lo cual la supuesta “amenaza” es un fantasma de papel: los estados que quieran cumplir las normas lo harán, y los que no, no, sin consecuencias. Como ha sucedido hasta ahora. Y como, a diferencia de ICANN o WIPO, que medran y engordan con los aranceles generados por los sectores que supervisan (19), las finanzas de ITU dependen de las cuotas de membresía, la venta de los documentos de estándares, y donaciones, su poder económico es más que limitado. Finalmente, el rol de la ITU como organismo normalizador ha venido reduciéndose desde la década de 1980, lo que a su vez incide a la baja en la calidad técnica de sus subcomités en un proceso de espiral descendente. Únicamente las normas sobre radio de ITU-R tienen hoy día importancia significativa en cuanto a normalización.