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Taller de Vigilancia I: Mapeando estrategias para contrarrestar el espionaje digital en Latinoamérica

surveillance-bannerEste es el primero de una serie de artículos que describen los retos de la vigilancia estatal en Latinoamérica y las lecciones aprendidas en el Taller de Vigilancia Estatal de EFF en Río de Janeiro, Brasil.

¿Qué sucede cuando reúnes una mezcla de periodistas, tecnólogos, abogados por los derechos humanos, activistas por los derechos digitales y víctimas de vigilancia de todo el mundo en un salón, para cartografiar los problemas del espionaje electrónico? Lo que emerge es una historia complicada hecha de cantidades de historias complicadas. Cada participante trae su experiencia particular para hacer más grande el rompecabezas de la vigilancia. Visto como un todo, estas voces pintan un retrato de la vigilancia estatal que es mucho más contextual y diverso de lo que la mayoría pudiera imaginar. Más que nada, lo que se aprende es el rol crítico que tiene ese contexto —las historias políticas y conflictos únicos, esperanzas socioculturales y las legislaciones extranjeras y nacionales— en dar forma a cómo están siendo llevados los programas y prácticas de vigilancia estatal. Esto incluye a quién puede ser espiado y la capacidad de los ciudadanos de sortear esa vigilancia. A pesar de estas condiciones dispares, algunas prácticas de vigilancia son comunes en Latinoamérica y continúan apareciendo en contextos muy diferentes.

Con esto en mente, a finales del año pasado, varios miembros de Global Voices Advocacy asistieron al Surveillance and Human Rights Camp (Taller de Vigilancia y Derechos Humanos) de EFF en Brasil, que juntó la experiencia de diferentes elementos interesados en la vigilancia electrónica y esto es lo que hemos aprendido:

Vigilancia en contexto

Mientras la mayoría de los países latinoamericanoa tienen gobiernos electos por vía democrática, pocos tienen tradiciones de protecciones fuertes a la privacidad. La intensa inestabilidad política, guerras internas y regímenes militares han establecido por mucho tiempo la cultura de la vigilancia estatal en muchos países. Colombia, Perú, México, Paraguay y otros países centroamericanos han experimentado múltiples guerras internas: la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico, por nombrar algunas. Estas guerras han creado un clima reaccionario y han engendrado una rápida expansión de la arquitectura de vigilancia. Del otro lado del espectro, países como Argentina y Chile han superado regímenes militares, pero no han enfrentados guerras de narcotráfico o conflictos de terrorismo igualmente intensas. Sin embargo, muchos de esos países, incluyendo Argentina, han instituido esquemas obligatorios nacionales de identificación y han almacenado la información en enormes bases de datos, abriendo las compuertas de los abusos a la privacidad. Esas bases de datos, que de por sí son fragmentos de los regímenes militares previos, están siendo “modernizados” actualmente para recopilar identificadores biométricos en varios países de la región. Las tecnologías de vigilancia han sido reformuladas [en] para silenciar jueces y voces de la oposición, demostrando la facilidad con que pueden ser abusadas para sortear el estado de derecho en cualquier nación democrática que carezca de revisiones y balances robustos.

Contextos distintos para aquellos con acceso a la tecnología

¿Por qué los gobiernos deciden vigilar a sus ciudadanos? ¿Qué limitaciones legales y salvaguardas han sido establecidos? ¿Se cumplen? ¿Cómo reaccionan y perciben los ciudadanos la vigilancia estatal? Las respuestas a estas preguntas depende, por supuesto, del contexto. Las realidades de cada país varían drásticamente. El problema puede ser dividido en contextos distintos para aquellos con acceso a la tecnología y para aquellos al otro lado de la división digital. Los activistas de la información y gente en poblados urbanos (bloggers, periodistas, en toda su extensión, compañías de noticias, activistas digitales) y los que trabajan en áreas rurales (activistas indígenas, activistas ambientales, periodistas rurales y comunitarios) han notado diferentes prácticas de vigilancia, tácticas y problemas —particularmente en áreas donde tienen lugar los conflictos por la minería y la extracción de recursos a gran escala. Muchos de los conflictos más violentos en Perú, México y Centroamérica ocurren en zonas rurales, a menudo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. La atención atraída intensifica el espionaje, principalmente debido a la ayuda extranjera agregada.

Desafiando la suposición de que vigilancia es igual a seguridad

En muchos contextos regionales, los civiles han aceptado nuevas medidas de seguridad bajo la idea falsa de que las medidas más intrusivas llevarán naturalmente a una mayor seguridad. En países como Guatemala, grupos de la sociedad civil hasta han abogado por leyes opuestas a las protecciones básicas de la privacidad, como la ley que exige el registro de teléfonos móviles. En México, varios grupos apoyaron fuertemente una ley de geolocalización que permite a las autoridades rastrear datos de ubicación sin una orden judicial. Los asistentes a nuestro Surveillance and Human Rights Camp acotaron que muy a menudo el público no desafía la vigilancia del gobierno y del sector privado que se lleva a cabo y muchos simplemente aceptan estas actividades sin cuestionarlas.

El papel de Estados Unidos en las tecnologías de vigilancia en Latinomérica

Por varios años, la Agencia de Control de Drogas de EEUU (DEA) ha estado facilitando cooperación a los Estados latinoamericanos para fortalecer el cumplimiento de la ley y los esfuerzos de la agencia de inteligencia para combatir el narcotráfico. Esta asistencia en tecnología de vigilancia ha estado implicada en abusos de poder. Por ejemplo, el gobierno colombiano espió ilegalmente [en] a oponentes políticos y activistas por los derechos humanos en lugar de capos de la droga. El escándalo de “Las Chuzadas” surgió debido a los abusos a la privacidad, en 2009, del ex presidente colombiano Alvaro Uribe y la agencia de inteligencia de Colombia (DAS). Como resultado, el ex director de la agencia de inteligencia de 2002 a 2005, Jorge Noguera, fue sentenciado a 25 años de prisión por espionaje ilegal a activistas políticos y colaboración con los escuadrones de la muerte paramilitares.

Los cables diplomáticos filtrados de EEUU [en] arrojaron luz sobre el programa de vigilancia de las comunicaciones de la DEA. En los casos de Paraguay y Panamá, el gobierno estadounidense fue presionado para permitir el uso de estas tecnologías para espiar grupos de izquierda en operaciones no relacionadas a las investigaciones de narcóticos.

El contexto juega un rol principal en definir cómo son manejados los programas y prácticas de vigilancia estatal. Mientras existen muchas diferencias, algunas prácticas de vigilancia son comunes en la región. La ayuda foránea de EEUU para la vigilancia, dirigida a combatir el crimen, ha sido utilizada para prácticas que llevan al abuso. Luego estaremos escribiendo acerca del rol de externalizar la actividad policial.

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