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#FreeRod: Tuitero chileno enfrenta juicio por parodia

La libertad de expresión en Chile podría estar deteriorándose. En el 2012, luego que la policía y las autoridades de gobierno reprimieron activamente la cobertura de los medios de comunicación de las manifestaciones de los estudiantes universitarios y de los grupos indígenas mapuches, Chile cayó al lugar número 47 en la clasificación de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras. Esto es preocupante, especialmente dadas las sólidas políticas de Chile sobre los derechos de Internet — Chile se convirtió en el primer país en legislar la neutralidad de Internet en el año 2010.

Andronico Luksic Craig. Image by Canal_13_Luksic.jpg: Pontificia Universidad Católica de Chile, retouched by Warko. Licensed for reuse by Wikimedia Commons.

Andrónico Luksic Craig. Foto de Canal 13, Pontificia Universidad Católica de Chile. Retocada por Warko. Licencia de uso de Wikimedia Commons.

El caso Luksic

Un caso reciente relacionado con el multimillonario Andrónico Luksic, quien ha acusado a un usuario de Twitter de “usurpación de identidad” por mantener una cuenta que parodia a Luksic, también constituye una amenaza a la libertad de expresión. Pero es diferente de los casos anteriores. Aquí el poder judicial y los poderosos intereses comerciales en Chile parecen haber cooperado entre sí para suprimir la libertad de expresión en línea.

En el 2011, el abogado chileno Rodrigo Ferrari se dio cuenta que había sido desactivada una cuenta ficticia o de parodia (@losluksic) que había creado en Twitter, donde se burlaba de la rica y poderosa familia. Ferrari decidió no apelar a Twitter sobre este caso. Lo que él no sabía era que la cuenta fue cerrada debido a una investigación de dos años que implicaba al Sr. Luksic, autoridades del gobierno chileno, el gobierno de EE. UU. y Twitter.

A pesar del carácter claramente caricaturesco de los tuits enviados desde la cuenta, Ferrari pronto será juzgado por usurpación de identidad (relacionado pero diferente a robo de identidad) un crimen que puede significar una pena de prisión según las leyes chilenas, de entre 61 a 541 días. Si Ferrari es considerado culpable el caso podría sentar un preocupante precedente en Chile tanto para la libre expresión como para la privacidad.

Esta no es la primera vez que el Sr. Luksic (en la lista de Forbes 500 [en]) ha intentado impedir la disponibilidad pública de contenidos. Luksic ha trabajado para impedir la circulación de libros mediante órdenes judiciales y ha pedido sacar videos de YouTube.

¿Violación del debido proceso?

El derecho a la libertad de expresión, consagrado en la constitución chilena, debe claramente proteger a Ferrari quien simplemente ejercía su derecho de comentar sobre una figura pública. La constitución de Chile y La Ley de protección de la vida privada también protegen la privacidad individual y la ley chilena pide a los fiscales una orden judicial cuando buscan información sobre la identidad de un usuario. Sin embargo parece que las autoridades eludieron este requisito en el caso de Ferrari. Las autoridades chilenas solicitaron la colaboración del Departamento de Estado de EE. UU. el que a su vez pidió ayuda al Departamento de Justicia para producir una orden judicial pidiendo los registros de identidad pertinentes de Twitter.

Debido a que la política de Twitter es [en] cumplir con todas las solicitudes realizadas por las órdenes judiciales emitidas en los EE. UU., Twitter cooperó y proporcionó la información necesaria para identificar a Rodrigo Ferrari. Con esta información el Sr. Luksic y su abogado fueron capaces de continuar con el caso. No es claro si alguna vez Twitter notificó al Sr. Ferrari de la investigación de su cuenta.

La definición de “robo de identidad” es diferente en Chile que en los EE. UU. — bajo la ley chilena un demandante no necesita probar que el acusado obtuvo algún beneficio económico del delito a fin de que el acusado sea declarado culpable. Esta distinción puede poner en tela de juicio la decisión de agencias del gobierno de EE.UU. para cumplir con la solicitud de las autoridades chilenas.

Si la información que han reunido los defensores resulta cierta, el caso incorporará una alarmante violación del debido proceso y a la privacidad y la libertad de expresión.

Los abogados responden

La ONG chilena Derechos Digitales y su Director Claudio Ruiz están defendiendo a Ferrari en el Tribunal. Ruiz expresó su preocupación sobre este caso en una carta abierta:

El caso de Andrónico Luksic muestra gráficamente estas fisuras de la libertad de expresión. Muestra, además, el excesivo celo con que el Ministerio Público ha actuado persiguiendo un delito de bagatela, utilizando recursos fiscales por más de dos años sin haber mostrado, incluso al momento de la formalización, siquiera indicios de la configuración de un ilícito penal respecto de Rodrigo Ferrari. La prepotencia que ha mostrado el sistema judicial tiene un efecto perverso, incluso en caso de ser demostrada la inocencia de Ferrari: ¿Estaríamos dispuestos a criticar en público si sabemos que podemos ser expuestos a persecución criminal?

En una breve entrevista con el periódico La Tercera, Luksic respondió a las críticas diciendo que no ve parodia en la cuenta y que la libertad de expresión debe ser ejercida con el nombre propio de una persona. La entrevista no se refirió a si la cuenta realmente causaba daño a Luksic. Luksic se negó a responder cuando se le preguntó si emprendería acciones legales contra otras cuentas que usan el apellido “Luksic” – se han creado varias cuentas desde que el caso se hizo público.

Después de confirmar la participación de autoridades de EE. UU. en el caso, grupos de defensa, con sede en EE. UU., han comenzado a hablar sobre el tema. La organización ‘Access’ presentó una solicitud bajo la Ley de libertad de información [en] para “solicitar cuáles gobiernos están pidiendo información sobre usuarios a través de tratados de asistencia legal mutual.”

PEN America (NdT: organismo de defensa de la libertad de expresión) escribió una carta [en] a las autoridades de EE. UU. solicitando una explicación sobre la situación:

En una carta al Secretario de Estado John Kerry y Fiscal general Eric Holder, PEN manifestó su preocupación por la divulgación de la información del usuario, la que habría ocurrido sin una citación formal del Tribunal que conoce el caso y señaló que los Tratados de asistencia legal mutua permiten a los países rechazar tales solicitudes en los casos en que los procesos judiciales pretenden suprimir la libertad de expresión. Subrayando que la promoción de la libertad de expresión ha sido una política prioritaria de la administración Obama, PEN advierte que “cumplir con una solicitud de información de un usuario que condujo a la identificación y procesamiento del Sr. Ferrari socava los principios que el Departamento de Estado ha trabajado de tantas formas para avanzar.

La carta de PEN solicita información aclaratoria sobre la participación de los Departamentos de Estado y Justicia en la revelación de la identidad del Sr. Ferrari así como “información sobre cómo estas solicitudes son evaluadas para asegurar que la información relativa a los usuarios de medios digitales no se divulga cuando tiene implicaciones sobre la libertad de expresión.”

Global Voices Advocacy solicitó información sobre el caso a Twitter. Los abogados de Twitter respondieron pero no pueden entregar ningún comentario sobre el caso Ferrari.

Apoye la campaña #FreeRod

Derechos Digitales está liderando una campaña pidiendo que se retiren todos los cargos contra Ferrari. La campaña y sus seguidores se están comunicando y apoyando la causa usando la etiqueta #FreeRod. Solidarizandose con este esfuerzo muchos usuarios han creado cuentas incorporando el apellido Luksic.

Image by Super45 (CC-BY-NC)

Foto de Super45 (CC-BY-NC)

Si el Sr. Ferrari es considerado culpable debido a las evidencias encontradas usando métodos que ignoran el debido proceso legal y si el juez no reconoce que la parodia es una forma de expresión protegida puede haber un efecto sumamente nocivo en el anonimato, privacidad y libertad de expresión en Chile. El caso podría obstaculizar los esfuerzos de los ciudadanos para respetar y ejercer sus libertades fundamentales, en línea y fuera de ella.

Es preocupante que el caso ha sido apoyado no solo por la evasión del debido proceso por las autoridades chilenas si no también por la colaboración del gobierno de EE. UU., un vehemente promotor de los derechos en línea en todo el mundo.

 

Personal de Derechos Digitales, Fundación Fronteras Electrónicas (EFF) y Twitter facilitaron la información de base para este post.

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