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Perú: Cuatro años de incertidumbre para los acusados del “Baguazo”

Faltando pocos meses para que se cumplan cuatro años de los sucesos de Bagua, la situación legal de los 53 indígenas acusados por la muerte de 12 policías sigue sin ser resuelta.

El pasado viernes 8 de marzo, el tribunal de la Sala Penal liquidadora Transitoria de Bagua continuó la Audiencia de Control de la Acusación Fiscal contra estos 53 acusados. Tras la exposición, que se inició el día anterior, de dieciséis abogados defensores y la réplica de representantes tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría, el tribunal decidió aplazar el proceso.

Dado que se afirma que el Ministerio Público no ha mostrado medios probatorios de la culpabilidad de los procesados, ni ha individualizado el delito para cada uno de ellos, se esperaba que el presidente del tribunal determinase el archivamiento del caso o la devolución del expediente a la Fiscalía para que se reformule la acusación. Sin embargo, esto no ha sucedido.

Inicia la marcha de apoyo. Foto de Denis Pashanase.

Inicia la marcha de apoyo. Foto de Denis Pashanase, usada con autorización.

En Servindi informaron de algunos de los pormenores de la audiencia:

Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina la defensa de tres de los 53 indígenas procesados, la Fiscalía Superior de Bagua demostró una vez más que no existen pruebas para el inicio de un proceso oral. La Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua […] escuchó hoy los argumentos de titular de la Fiscalía Superior de Bagua, Edwin Humberto Vargas Daza. […]

Para sorpresa de muchos y ante la evidente ausencia de argumentos, explica Quispe, el fiscal superior acusó a la Sala de ser ésta la que lo obligó a acusar a los nativos. […] El abogado de IDL sostuvo finalmente que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua decidiría en 15 o 30 días el archivo o el inicio de un juicio oral contra los dirigentes procesados por el denominado “Baguazo”.

Por su parte en el blog de Radio “La Voz” de Bagua Grande añaden más sobre el tema:

El abogado de IDL manifestó […] que de las 197 paginas de la acusación fiscal contra varios procesados que incluso se les ha solicitado cadena perpetua, no veía motivaciones, no le encontraba nada para acusar a los indígenas de haber matado a los policías, cuando ni siquiera las balas en los fallecidos no han sido ubicadas, más bien las desaparecieron, incluso los exámenes de absorción atómica no han encontrado hasta hoy rastros de polvora en las manos de los indígenas. Calculó por último, que un promedio de 150 personas serán citadas en este proceso que según su parecer demorará dos años.

Vigilia en apoyo de los acusados. Foto de Denis Pashanase.

Vigilia en apoyo de los acusados. Foto de Denis Pashanase, usada con autorización.

En Bagua la situación estuvo un poco movida. El 5 de marzo llegaron las comunidades Awajún Wampis de la región Amazonas con el propósito de estar presentes en la audiencia y realizar vigilias frente a la sede de la Sala Penal.

Aunque Aidesep, la asociación que agrupa a las diversas comunidades indígenas y que ha rechazado el pedido de cadena perpetua para algunos de los acusados, pidió calma a sus representados. Estos, y la propia población de Bagua, se mostraron indignados por la posible sentencia condenatoria. Ellos aducen que los que deben pagar condena deben ser los asesinos de los policías, y no los indígenas abocados a la defensa del medio ambiente.

Cartel preparado para la marcha de apoyo a los acusados en Bagua. Foto de Denis Pashanase.

Cartel preparado para la marcha de apoyo a los acusados en Bagua. Foto de Denis Pashanase, usada con autorización

En el extranjero también hay preocupación por el resultado de estas acusaciones. Diversas organizaciones enviaron una carta al presidente de la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, en la cual hacen un llamado a los jueces para preservar la integridad, independencia e imparcialidad del Poder Judicial sin permitir el inicio de juicios penales basados en acusaciones sin sustento fáctico ni jurídico.

Cabe indicar que los congresistas Verónika Mendoza y Eduardo Nayap, enviaron también una carta solicitando al Fiscal de la Nación realizar una supervisión de los estándares jurídicos que se vienen aplicando en el seguimiento del caso, añadiendo que “Este caso es muy delicado para el país y demanda una urgente reconciliación entre las partes implicadas.”

Post original publicado en el blog Globalizado de Juan Arellano.

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