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Veredicto de Derechos Humanos podría afectar a Cisco en China

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Foto de kaoticsnow. (CC BY-SA 2.0)

En 2011, se presentaron dos demandas contra Cisco Systems alegando que su tecnología permitió al gobierno de China monitorear, capturar y matar a ciudadanos chinos por sus opiniones y creencias.

El primer caso [en] implicaba a practicantes de Falun Gong, una religión que es comunmente conocida por su uso de ejercicios de qigong y se calcula que tiene al menos dos millones de miembros en China. La demanda fue presentada en nombre de Charles Lee, Guifu Liu, Ivy He y varios demandantes anónimos y acusa a Cisco de comercializar su tecnología para construir el Escudo Dorado, conocido popularmente como el Gran Cortafuegos de China, aún sabiendo que sus productos se utilizarían para acosar a disidentes. Al menos 2.000 miembros de Falun Gong han sido asesinados por el gobierno de China, según The New York Times [en], y muchos más han sido torturados o acosados​​.

El segundo caso [en] (el caso de los escritores) involucró a un grupo de escritores y activistas en Internet que, del mismo modo, fueron blanco de los censores del Gran Cortafuegos. Du Daobin, Zhou Yuanzhi, Liu Xianbin, y co-demandantes anónimos afirman haber sido acosados, detenidos y torturados debido a sus escritos en línea.

¿Hasta qué punto son estas violaciones de derechos humanos atribuibles a la tecnología proporcionada por Cisco? La demanda del caso de los escritores afirma que Cisco comenzó a comercializar sus productos con el gobierno chino en 2002, cuando el Gran Cortafuegos estaba todavía en sus inicios. La evidencia disponible es especialmente concluyente en el caso de Falun Gong. Incluye una diapositiva filtrada de Powerpoint del equipo de marketing de Cisco que explica [en] que sus sistemas podrían ser utilizados para “combatir a la malvada religión ‘Falun Gong’ y otros [elementos] hostiles”. Otros documentos revelan que Cisco podría haber personalizado sus productos para monitorear específicamente a grupos como el Falun Gong, y eran tan importantes que los demandantes en el caso de Falun Gong modificaron su querella [en] en marzo de 2012. (Para un excelente documento sobre el contexto de 2011, lea el artículo de Jillian York para EFF aquí [en])

Los demandantes en ambos casos demandaron bajo una variedad de leyes incluyendo la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute or ATS), una importante ley de 200 años de antigüedad que ha sido utilizada con éxito para hacer responsables a violadores de derechos humanos en los tribunales de EE.UU.

La ley ATS se utilizó en varios procesos judiciales en Nigeria involucrando a un grupo de escritores y activistas que fueron encarcelados, torturados o ejecutados por el régimen militar a mediados de los años 1990 por protestar pacíficamente contra la destrucción de los humedales del Delta del Níger por Royal Dutch Shell y otros conglomerados petroleros internacionales. Los demandantes en estos casos demandaron a Shell, con el argumento de que la compañía había ayudado e incitado al gobierno de Nigeria y violado el derecho internacional.

Cuando el Tribunal Supremo accedió a revisitar la ATS en el caso de Kiobel contra Shell—el último en una serie de casos en Nigeria que utilizan la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros—los dos casos de Cisco se suspendieron en octubre de 2011 debido a que su resultado se vería afectado por la decisión del alto tribunal. Activistas de derechos humanos temían lo peor del tribunal conservador, y tenían motivos para tener miedo. En su decisión, el tribunal redujo significativamente el alcance de la ATS citando un principio llamado “presunción contra la extraterritorialidad”, una expresión técnica legal que significa que las leyes deben interpretarse sólo como aplicables dentro de los EE.UU. a menos que claramente se indique lo contrario. (Haga click aquí [en] para leer una explicación a fondo del caso Kiobel en PEN.org.)

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Practicantes de Falun Dafa. Foto de longtrekhome. (CC BY 2.0)

Los jueces del Tribunal Supremo emitieron tres votos coincidentes en el caso Kiobel, que no tienen fuerza de ley. Esto sugiere que si hay un interés norteamericano lo suficientemente significativo, un tribunal federal podría juzgar un caso de ATS. Cisco tiene su sede en los EE.UU. y vendía sus productos en el extranjero, lo cual parece un interés significativo para los estadounidenses. Las víctimas, sin embargo, eran de nacionalidad china, aunque algunos de ellos ahora residen en los EE.UU. Por lo tanto, no está claro si los demandantes habrían conseguido demostrar que las acciones de Cisco afectaron a un interés estadounidense.

Incluso si los tribunales federales de Estados Unidos sostienen que la ATS no es aplicable a los casos Cisco, los demandantes en cada pleito también presentaron demandas alegando violaciones de leyes estatales (en California y Maryland, respectivamente) y la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas (ECPA, por sus siglas en inglés) de 1986, que regula la capacidad de las empresas para divulgar datos privados de usuarios a los funcionarios del gobierno y a agentes del orden público. A primera vista, estas acusaciones no son tan sólidas como una demanda ATS anterior al caso Kiobel. En 2009, un juez de un tribunal federal de California sostuvo en el caso Zheng contra Yahoo! que la ECPA no es aplicable en el extranjero, aun cuando la información que se da a conocer en el extranjero pasa a través de servidores ubicados en suelo norteamericano.

Antes de Kiobel, no había ninguna garantía de que las víctimas de violaciones de derechos humanos pudieran ganar un caso de ATS basándose en el fondo del asunto ante un tribunal federal, y los casos a menudo resultaban en acuerdos extrajudiciales. Pero ahora hemos llegado a un punto en que casos críticos de derechos humanos no pueden siquiera defenderse ante los tribunales de EE.UU. Esta es una terrible pérdida para los derechos humanos, e incluso una pérdida para las empresas. Litigar los casos Cisco en juicio público proporcionaría un antecedente de derechos humanos fundamental para la comunidad mundial sobre cómo operan las empresas de alta tecnología.

Hay otro tremendo obstáculo: el equipo legal que defendió a Royal Dutch Shell en Kiobel, liderado por la ex decana de la Stanford Law School Kathleen Sullivan, también defiende a Cisco.

Los derechos humanos son buenos para los negocios. Una carta abierta de 2012 de un grupo de inversores socialmente responsables, representando más de 548 mil millones de dólares en inversiones, declaraba explícitamente [en] (PDF) que los derechos humanos pueden y deben ser protegidos por las empresas. Este objetivo se vio reforzado por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que exigen a las empresas proteger activamente los derechos humanos, respetarlos, y proporcionar recursos a las víctimas de violaciones de derechos humanos derivadas de las acciones de empresas. Por desgracia, los hechos en los casos Kiobel y Cisco sugieren que no hemos llegado a ese punto todavía, y necesitamos que los tribunales nos muestren el camino a seguir. En este sentido, el Tribunal Supremo no ha proporcionado ninguna orientación real.

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