El pasado 5 de junio se cumplieron 4 años del «Baguazo [1]«–la protesta [2] de las comunidades indígenas contra ciertos decretos legislativos que el gobierno del entonces presidente Alan García [3] promulgó como parte de la adecuación de las leyes peruanas al Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos [4].
Si bien el origen de las protestas se remonta al mes de octubre del año 2007, es en abril del 2009 cuando la protesta empieza a radicalizarse ante la falta de intención del gobierno para derogar los decretos que los indígenas consideraban que constituían un atentado contra sus derechos de propiedad a sus tierras.
Finalmente el 5 de junio del 2009 el gobierno envió a la policía a despejar la zona conocida como «la curva del diablo», donde estaban protestando los nativos. El operativo terminó con un saldo de 23 policías muertos y un número indeterminado de indígenas muertos, que se estima podría ser de entre 9 y 40, además de unos 155 civiles heridos.
Estos cuatro años llegan en medio de la incertidumbre de la situación legal [5] de los 53 indígenas acusados por la muerte de 12 policías, así como la de los familiares de un policía [6] que aún lo consideran desaparecido, a pesar que un tribunal lo declaró [7] fallecido. También llegan en medio del estupor que aún produce saber que ninguna autoridad política ha sido hecha responsable [8] por lo sucedido.
[9]Imagen de Cyberjuan en Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Rolando Luque Mogrovejo, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, se pregunta [10] en el blog de la Defensoría por la relación entre el Estado y las etnias que protestaban en ese momento. Además señala que nadie les preguntó a estos pueblos sobre las normas que impactarían en sus vidas, a pesar que la Defensoría del Pueblo había alertado con 14 meses de anticipación la creciente gravedad del conflicto.
Se puede entrever elementos de menosprecio que menoscabaron su condición de interlocutores; un afán desmedido por ubicar las inversiones en el lugar más alto de la escala de valores; y, ciertamente, el viejo problema de creer que las políticas y hasta el sentido de la historia del Perú se irradian desde Lima, ignorando la complejidad y el vigor con que discurren los procesos sociales y políticos locales.
Así como hay autoridades en la centralidad del poder también hay apus en las comunidades. El Estado democrático debe tener tiempo para hablarles de tú y vos.
Santiago García de la Rasilla Domínguez S.J., Obispo Vicario Apostólico de S. Francisco Javier de Jaén, reflexiona [11] en el blog Yo soy Bagua sobre la esperanza de justicia que mantienen las comunidades indígenas y la injusticia que él ve en el proceso posterior a los sucesos de Bagua:
No puede ser que los únicos culpables se encuentren entre los indígenas y que las autoridades del gobierno y de la policía de entonces hayan quedado limpios de polvo y paja o a lo más con una sanción administrativa. No puede ser que los únicos todavía “encarcelados”, aunque se diga que dos de ellos están con arresto domiciliario, sean tres indígenas a quienes no les han probado los delitos de los que les acusan. No puede ser que se pida cadena perpetua o condenas gravísimas para quienes, según todos los testigos, su único delito fue reclamar unos derechos y luego tratar de impedir que se derramara sangre inocente en ambos bandos.
En la web Enlace Nacional entrevistaron [12] a Maricamen Gómez Calleja, Misionera también del Vicariato San Francisco Javier de Jaén, «quien dió cuenta del inicio de la campaña del colectivo ‘Yo soy Bagua’ que no solo busca recordar lo ocurrido hace 4 años para que no se repita sino que busca justicia para los inocentes que se encuentran procesados»:
Un tema que está muy relacionado con Bagua es el de la consulta previa [13], dispositivo legal que varios sectores vieron necesario luego de lo sucedido. Sin embargo, tal como señala [14] Emma Gómez en el blog de la revista Bajo la Lupa, hay algunos hechos preocupantes: anuncios de eximir del proceso de consulta a 14 proyectos mineros, y retroceso en la publicación de la base de datos de pueblos indígenas:
Esto devela que el actual Gobierno sigue sin entender el derecho a la consulta en su real dimensión y lo sigue viendo como un obstáculo para la inversión. Los logros a la fecha han sido más formales que reales y las demandas de los pueblos indígenas siguen sin ser atendidas, agudizando en muchos casos las situaciones de tensión en todo el territorio nacional. Además se han dado declaraciones de ex autoridades y del propio sector empresarial que han señalado que la ley de consulta atrasa las inversiones (1 [15]) o que han considerado que la ley es “una trampa en la que se ha metido el Estado”.
Por otra parte, Ricardo Marapi Salas se pregunta [16] en Spacio Libre: «¿Existe el riesgo de que se repita la masacre de Bagua?»
Las condiciones sociales, políticas y económicas siguen siendo similares a la de hace cuatro años. Sin embargo hay que reconocer que Humala no es García. Éste último hizo todo lo posible para expresar su desprecio hacia el destino o la misma existencia de los pueblos indígenas. Las políticas interculturales prácticamente no existieron durante su gobierno. La indiferencia de García y sus ministros frente al gran malestar indígena que se venía gestando en Bagua, son una clara evidencia. Humala no es García pero a veces prefiere gobernar siguiendo la inercia de su predecesor y en estos últimos meses no ha mostrado medidas decisivas para revertir aquellas condiciones políticas y sociales que devinieron en la masacre de Bagua. Es la gran deuda que aún sigue cargando.
En Bagua la población recordó [17] los cuatro años del Baguazo, y en la comunidad nativa de Wawas los nativos awajún disfrutaron de una olla común. En Yurimaguas hubo una gran movilización [18] de líderes indígenas, a la que se sumaron otras organizaciones y se corearon lemas como «¡No a la criminalización de la protesta social».
En Lima se realizó una vigilia [19] frente al Palacio de Justica la noche del 4 de junio, convocada por el colectivo “Yo soy Bagua” integrado por organizaciones de la sociedad civil así como miembros de los pueblos awajún y wampís.
En Youtube el usuario Bagua zo subió este video de una intervención en la acera de ingreso al Palacio de Justicia.
Durante la vigilia realizada en Lima, el ya mencionado colectivo Yo soy Bagua expresó [20] sus compromisos en la lucha por la justicia de los pueblos indígenas, uno de ellos dice:
3. En el Perú, la Amazonía representa más del 60% del territorio nacional, colocando al país como uno de los ocho países mega diversos; en ella, existe milenariamente una gran diversidad cultural que requiere un desarrollo con rostro humano; nos comprometemos, junto con las poblaciones que la habitan, a cuidar este pulmón de la única casa común que tenemos.
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