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Brasil: Indígenas se resisten al “desarrollo” impulsado por el estado

Este artículo forma parte de nuestros dosieres especiales Belo Monte [pt] y Derechos indígenas [es].

[Todos los enlaces llevan a páginas en portugués a menos que se indique lo contrario.]

En un momento en que la economía de Brasil se dirige a toda velocidad hacia la era de los macroproyectos urbanísticos, muchos grupos indígenas se han visto despojados de sus tierras natales en pro del desarrollo.

La actual presidenta de Brasil, Dilma Roussef, con su política enfocada a la adquisición de tierras (construcción de carreteras, minería, centrales hidroeléctricas y explotación de los recursos naturales), ha provocado enfrentamientos violentos entre activistas y la policía por todo el país. La política indigenista de Rousseff ha sido blanco de numerosas críticas, tanto de expertos como de activistas, quienes señalan que tal desarrollo le está costando sus territorios a las tribus.

Algunos académicos como Idelber Avelar consideran al gobierno de Roussef como el más retrógrado en lo que respecta a los derechos indígenas desde el final de la dictadura militar (1964-1985), durante la cual se torturó y mató a cientos de indígenas. Este es el caso de 2.000 indígenas de la tribu Waimiri-Atroari, que desaparecieron de forma repentina por “obstruir” el camino del “progreso” y del llamado “milagro económico brasileño” [es].

Construcciones hidroeléctricas

La reciente construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte [es] quizá sea el ejemplo más significativo de la violencia que se está ejerciendo contra los indígenas en Brasil.

El pasado día 2 de mayo, las comunidades del río Xingú [es], el principal río afectado por la central, ocuparon el lugar donde se están realizando las obras a modo de protesta. Entre ellos, unos 200 indígenas de diferentes tribus promulgaron un manifiesto para denunciar la violencia a la que se les está sometiendo:

Vocês estão apontando armas na nossa cabeça. Vocês sitiam nossos territórios com soldados e caminhões de guerra. Vocês fazem o peixe desaparecer. Vocês roubam os ossos dos antigos que estão enterrados na nossa terra.

Vocês fazem isso porque tem medo de nos ouvir. De ouvir que não queremos barragem. De entender porque não queremos barragem.

Nos están apuntando a la cabeza con sus armas. Cercan nuestros territorios con soldados y camiones militares. Hacen desaparecer a los peces. Roban los huesos de nuestros ancestros, que están enterrados en nuestra tierra.

Lo hacen porque tienen miedo de escucharnos. De escuchar que no queremos vuestra presa. De entender por qué no queremos vuestra presa.

Canteiro de Belo Monte ocupado em 6 de maio de 2013. Foto de Paygomuyatpu Munduruku, sob licença CC by-sa 2.0

El lugar de construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, ocupado el 6 de mayo de 2013. Fotografía por Paygomuyatpu Munduruku, bajo licencia CC BY-SA 2.0.

Los indígenas, que ocuparon la presa durante tres días, recibieron el apoyo de unos 3.000 obreros que trabajaban en el proyecto, muchos de los cuales fueron despedidos, y que protagonizaron huelgas para denunciar las precarias condiciones de trabajo y alojamiento. Algunos trabajadores también han acusado al Consorcio Constructor de Belo Monte, responsable de la construcción de la presa, y a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública de haber secuestrado trabajadores, de haber usado la violencia contra los manifestantes y de haber cometido asesinato.

El periodista Ruy Sposati ha denunciado la violencia de la que ha sido víctima la prensa que se encontraba en el lugar de los hechos y también ha criticado el proyecto en una publicación en Facebook de Idelber Avelar:

Não é trivial. É a expulsão de jornalistas, em plena democracia, pelo aparato policial do Estado, do sítio de construção da obra mais cara da história do Brasil…., feita com dinheiro público, com seríssimos impactos humanos e ambientais, escassa demonstração de sua utilidade inúmeras acusações de violação da lei e, neste fim de semana, a incrível novidade de jornalistas expulsos por forças policiais, em plena democracia. Cabe lembrar que Belo Monte foi inicialmente orçada em R$ 4,5 bilhões e já se encontra em quase R$ 30 bilhões.

No es un asunto trivial. Estamos hablando de la expulsión de periodistas, en plena democracia, por parte del aparato policial del Estado, del lugar en que se está construyendo la obra más cara de la historia de Brasil… financiada con dinero público, con un gravísimo impacto humano y medioambiental, escasa evidencia de su utilidad, acusada innumerables veces de violar las leyes y, este fin de semana, se le suma la increíble novedad de que las fuerzas policiales han expulsado a periodistas, en plena democracia. Es importante mencionar que el presupuesto inicial para la hidroeléctrica de Belo Monte era de 4.500 millones de reales brasileños (1.600 millones de euros), y al día de hoy ha alcanzado los 30.000 millones (10.700 millones de euros).

Indígenas invadem canteiro de Belo Monte. Foto de Ruy Sposati, usada com permissão.

Indígenas ocupando el lugar de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. Fotografía por Ruy Sposati, usada con autorización.

Grupos indígenas han manifestado su rechazo hacia el espionaje [es] al que sometió la Agencia Brasileña de Inteligencia al Movimiento Xingú Vivo.

En el estado de Pará, al norte de Brasil, el pueblo indígena Munduruku también ha protestado [es] por la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y del Ejército el día 22 de marzo de 2013. Las fuerzas de seguridad ocuparon el territorio para que los 80 investigadores del Ministerio de Minas y Energía pudiesen evaluar de forma segura la viabilidad de la construcción de una planta hidroeléctrica en el Tapajós, el único río grande de la región que no tiene presas. El proyecto de construcción de la presa en dicha región se llama “Operación Tapajós” [en] y se ha suspendido. Los Munduruku siguen oponiéndose al proyecto.

Además, el pueblo Munduruku ha afirmado que representantes del gobierno brasileño no asistieron a la reunión fijada para el día 25 de abril de 2013 y que se utilizó a la policía como un arma de intimidación, según informa el periodista Ruy Sposati en su entrevista a Cândido Waro, presidente de la Asociación Pusuru (entidad que representa a los pueblos indígenas), dentro de un artículo publicado en la página web del Consejo Misionero Indígena (CIMI en sus siglas en portugués):

O indígena disse que, por três dias, Jacareacanga esteve sitiada. “O governo trouxe mais de 200 policiais pra cá, o pessoal da cidade viu chegar pelo menos sete caminhões, helicóptero, avião, caminhonete, carro. Ficou igual em Itaituba [local onde teve início a Operação Tapajós]”, explica [Cândido Waro]. “E queriam que uma comissão [de lideranças indígenas] saísse da aldeia e fosse encontrar com eles na cidade, cheia de polícia. E isso a gente disse que não, foi uma decisão do nosso povo durante a assembleia de que queríamos receber o governo, mas tem que ser na nossa terra e sem policiais” [afirma Waro].

“O governo disse que estava com medo de ser atacado, e os vereadores disseram que eles pessoalmente cuidariam da segurança de todos os representantes. Mas aí eles falaram que só viriam se fosse com Força Nacional, Polícia Federal dentro da aldeia, que o Gilberto Carvalho [ ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil] falou isso pra eles” [disse Waro].

Assembleia Munduruku em Jacareacanga. Foto de Ruy Sposati, usada com permissão.

Asamblea Munduruku en la ciudad de Jacareacanga. Fotografía por Ruy Sposati, usada con autorización.

El indígena afirmó que la ciudad de Jacareacanga estuvo sitiada durante tres días. “El gobierno trajo más de 200 policías, y la gente de la ciudad vio llegar por lo menos siete camiones, helicóptero, avión, camioneta, coche. Fue como en Itaituba [donde comenzó la Operación Tapajós]”, explica [Candide Waro]. “Y querían que una comisión [de líderes indígenas] saliese del pueblo y se reuniese con ellos en la ciudad, llena de policías. Así que dijimos que no, fue la decisión de nuestro pueblo durante la asamblea: queríamos reunirnos con el gobierno, pero tendría que ser en nuestro territorio, sin policías” [añade Waro].

“El gobierno declaró que temían un ataque, y los ediles afirmaron que se encargarían personalmente de la seguridad de todos los representantes. Pero entonces [los representantes del gobierno] aclararon que solo vendrían a la aldea si podían ir acompañados de la Fuerza Nacional y de la Policía Federal, que es lo que les había dicho Gilberto Carvalho [ministro jefe de la Secretaría General de la presidencia de Brasil]”.

El gobierno brasileño, por otro lado, publicó un comunicado en la página oficial de la Secretaría General de la Presidencia en el que afirmaba que los representantes del gobierno habían asistido a la reunión convocada para el 25 de abril de 2013. Por su parte, el pueblo Munduruku ha negado, a través de una carta abierta, que tal reunión tuviese lugar:

Exigimos que o governo pare de tentar nos dividir e manipular, pressionando individualmente nossas lideranças, caciques ou vereadores. Lembramos que quem responde oficialmente pelo nosso povo são as coordenações das associações Munduruku, chamadas Pusuru e Pahyhy, as entidades representativas de todas as comunidades Munduruku. […]

Também exigimos que nossos direitos constitucionais sejam garantidos, sem que sejam usados como moeda de troca. E reafirmamos: somos contra as barragens e queremos todos os nossos rios livres. E nós vamos lutar por eles.

Exigimos que el gobierno deje de intentar dividirnos y manipularnos, presionando a nuestros líderes, caciques o concejales. Les recordamos que quien responde oficialmente en nombre de nuestro pueblo es la coordinación de las asociaciones Munduruku, llamadas Pusuru y Pahyhy, las entidades que representan a todas las comunidades Munduruku. […]

Asimismo exigimos que se garanticen nuestros derechos constitucionales, y que no se usen como moneda de cambio. Y reiteramos: estamos en contra de las presas y queremos que nuestros ríos fluyan libres. Y lucharemos por ellos.

Preparativos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016 

En marzo de 2013 en Rio de Janeiro, los antidisturbios desalojaron de manera violenta a un grupo de indígenas que había ocupado el antiguo Museo del Indio, conocido como Aldea Maracanã [es], con el objetivo de tener más terreno [es] en el que crear una área comercial para los asistentes a la Copa Mundial de 2014 y, posteriormente, para habilitar dicho edificio como Museo Olímpico.

El 26 de abril hubo manifestaciones de resistencia al desalojo. El usuario de YouTube patrickgranja publicó un vídeo en el que se muestra la agresión policial a la que se sometió a los manifestantes:

http://www.youtube.com/watch?v=LbHUE499QUk[/ embed]

Indígenas despejados da Aldeia Maracanã sob as ordes da presidente Dilma Rousseff, do governador do Rio Sérgio Cabral e do bilionário Eike BAtista, futuro dono do espaço. Cartum de Carlos Latuff, uso livre.

La presidenta Dilma Rousseff contempla el desalojo de un indígena de la Aldea Maracanã, a manos del gobernador de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, y del alcalde de la ciudad, Eduardo Paes. Les acompañan la mascota de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y el empresario multimillonario Eike Batista, propietario de una de las empresas responsables de la privatización del complejo Maracanã. Dibujo de Carlos Latuff, de uso libre.

El lobby “ruralista”

En el estado federal de Mato Grosso del Sur [es], los indígenas Guarani-Kaiowá, el segundo grupo indígena más grande de Brasil, siguen luchando [es] por su supervivencia ante la masacre perpetrada por hombres armados, la policía y los grandes latifundistas, conocidos como “ruralistas” en Brasil. Este grupo indígena lleva mucho tiempo sufriendo a causa de los intereses de las explotaciones ganaderas, de la caña de azúcar y de la soja de la región, y viven bajo la amenaza de perder las tierras ya delimitadas a causa del lobby ruralista en el congreso.

En abril de 2013, cientos de indígenas invadieron el Congreso [es] a modo de protesta contra una propuesta de enmienda de la constitución (PEC 215) que trasladaría del poder ejecutivo al legislativo la capacidad de decisión final sobre la demarcación de las tierras indígenas. Dada la enorme influencia del lobby ruralista en el congreso, los grupos indígenas temen que la enmienda le allane el camino a los latifundistas a la hora de arrebatarles sus tierras.

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