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Amnistía Internacional acusa al gobierno español de proteger la impunidad

«El tiempo pasa, la impunidad permanece» es el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), publicado en junio de 2013, que analiza los progresos en la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil española y el periodo de gobierno dictatorial de Francisco Franco.

AI acusa al gobierno español de proteger la impunidad de los crímenes cometidos durante ese periodo. En la introducción del informe, podemos leer estas duras palabras:

En este informe, Amnistía Internacional constata que el comportamiento del estado español parece estar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Así se deduce del rechazo de los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo, de investigar, y la falta de colaboración del Gobierno y de la Fiscalía con la justicia argentina (como se explicará), para que otros países puedan investigar estos crímenes.

Amnistía Internacional acusa al gobierno de intervenir e intentar paralizar las acciones que se emprenden para investigar los delitos que se cometieron durante el franquismo. El diario Público enumera cinco formas en las que el gobierno español ha entorpecido estas indagaciones:

Portada del informe de AI. Captura de pantalla de su web.

Portada del informe de AI. Captura de pantalla de su web.

1. El gobierno de España se entromete y no colabora

2. La justicia no investiga

3. La fiscalía facilita afirmaciones falsas

4. España no ha firmado aún su adhesión a la Convención sobre imprescriptibilidad

5. Se mantiene vigente la Ley de Amnistía de 1977

El autor del informe, Ignacio Jotvis, afirmó durante su presentación que en España, el Poder Judicial obstaculiza sistemáticamente las indagaciones que se llevan a cabo en Argentina sobre estos delitos, acusando, por ejemplo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, de haber impedido que la jueza argentina María Servini tomara declaración por videoconferencia a varias víctimas.

Esteban Beltrán, presidente de AI en España declaró que «España está haciendo un intento vano de pasar la página sin leerla». El Boletín mencionó datos expuestos durante la presentación del informe:

(…) la organización detalla que, de los 47 casos de víctimas del franquismo derivados de la Audiencia Nacional a los juzgados territoriales, se habían archivado al menos 38.

Aún después del mucho tiempo transcurrido, los crímenes cometidos durante la guerra civil siguen siendo un tema muy sensible entre los españoles. Aunque ya quedan pocos protagonistas de la contienda –que transcurrió de 1936 a 1939–, no son pocos los españoles que han crecido sabiendo que algún familiar padeció los abusos de uno u otro bando. Por eso, este asunto sigue manteniendo divididos a los españoles y genera vehementes debates cada vez que aparece en la prensa.

Uno de los puntos que se critica a menudo es que esta investigación se limite a las víctimas republicanas. En un artículo del Huffington Post sobre este tema, el lector Elpaisdelamagia comenta:

Crímenes hicieron los dos bandos, ahora solo se habla del franquismo. Lo peor de un país una guerra civil, la lucha de hermanos contra hermanos…

Los dos cometieron crímenes e injusticias, cuando se llegó a la democracia, lo que se intentó es llegar a la reconciliación, no se puede vivir con odio y resentimientos (…).

También hay quien piensa que los recursos necesarios para buscar fosas comunes y clasificar los restos humanos es una carga que, en este momento de crisis, el país no puede permitirse. Las personas que se oponen a la investigación también alegan que resulta inútil esclarecer delitos que sucedieron hace más de 70 años, y por los que no se puede castigar a los culpables, que ya han fallecido. El lector Mike Hammer comentaba en Público:

Mas que impunidad, los presuntos responsables ya han entrado en la eternidad. Los argentinos que parecen estar dispuestos a meter las narices en el tema deberían recordar lo inútil que resulta “gastar pólvora en chimangos…”

Excavación de una fosa común en Lerma (Burgos). Foto de la web «La amapola libertaria».

Excavación de una fosa común en Lerma (Burgos). Foto del sitio web «La amapola libertaria».

Pero también son muchas las voces que defienden la postura de los familiares de estas víctimas, que reivindican su derecho a saber qué pasó con sus familiares, a recuperar sus restos y a enterrarlos dignamente. En el blog Cosas de Antonio podemos leer:

No se ha de pretender más que dejar las cosas en su sitio, que la historia diga la verdad de los hechos y que los muertos de las cunetas y de las fosas comunes sean enterrados y honrados como se merecen, (…)  por darles el mismo trato que se les ha dado a los otros contendientes y por merecerlo desde el punto de vista humano (…).

Mercedes Pinto dejó este comentario en el mismo blog:

Yo creo que posicionarse en uno u otro bando para rescatar la memoria histórica también es un error. La guerra siempre la gana un bando, pero la perpetran dos. Hubo muertos en los dos lados (una de mis tías abuelas fue quemada en un convento, su padre murió en Paracuellos y el hermano de su madre a manos del ejército de Franco. ¿No es una locura?) (…)

La periodista Olga Rodríguez (@olgarodriguezfr) publicó este comentario en Twitter:

@olgarodriguezfr: A quienes se niegan a condenar el franquismo: Las heridas solo cicatrizan cuando se las trata. Por eso la impunidad marca tanto este país…

Viñeta de El Roto publicada en la web de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

«La memoria histórica la compensamos con el Alzheimer jurídico». Viñeta de El Roto publicada en el sltio web de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

El pasado 26 de mayo se presentó la plataforma para la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por más de 40 asociaciones de memoria histórica y distintas personalidades, con el fin de «construir la memoria de las víctimas que complemente la memoria oficial del Estado y cierre, de una vez por todas, las heridas abiertas». Según el sltio web periodismohumano:

La Plataforma [por la Comisión de la Verdad] piensa llevar el asunto ante las instituciones internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos y Estrasburgo. También al Parlamento Europeo pero con la finalidad de que lo que se apruebe en Europa, tenga legalidad en España

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