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Brasil acusado de atropellar derechos indígenas con propuesta de ley

[Todos los enlaces llevan a páginas en portugués a menos que se indique lo contrario.] 

El gobierno brasileño presentó una ley que invalida los derechos de los indígenas sobre parte de sus tierras en una votación de emergencia en el pleno del Senado, alarmando a los grupos indígenas y a sus simpatizantes.

Cuando una ley de emergencia es presentada, va directo al pleno del Senado para votación, sin ser debatida por otros comités. La Ley Complementaria (PLP) 227/2012 permitiría al estado, en la práctica, explotar las tierras indígenas para atender a diferentes intereses económicos.

La votación urgente del PLP 227 debe ocurrir en fines de agosto, aunque el Presidente del Frente Parlamentario de Defensa de los Derechos Indígenas, el cura católico conocido como Padre Ton, prometió impedirla antes de esta fecha.

En un artículo escrito por Márcio Santilli, el coordinador del Instituto Socioambiental y ex presidente de la Fundación Nacional del Indígena, la agencia gubernamental brasileña encargada de los asuntos indígenas, dice que el gobierno legalizará grandes extensiones de tierras, implementará asentamientos de reforma agraria, abrirá carreteras, construirá represas y ciudades y llevará a cabo la explotación de minerales y otros recursos naturales en las tierras indígenas.

Tukano tribe, AM

Una tribu de etnia Tukano en las márgenes del Rio Negro. Manaus, Amazonas, Brasil. 5/11/2011. Foto de Edson Grandisoli en Flickr. Usado con permiso.

El especialista acusa el gobierno de manipulación política y de violar la Constitución Brasileña respecto a los pueblos indígenas:

Mas, se é que é possível, a aberração no processo legislativo em curso é ainda mais grave que o conteúdo de verdadeiro estupro aos direitos constitucionais dos índios.

Sin embargo, si es posible, la aberración en el proceso legislativo en curso es todavía más grave que el contenido del auténtico ataque a los derechos de los pueblos indígenas.

En una carta a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff a través de la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), los indígenas contestan:

Somos totalmente contrários a quaisquer tentativas de modificação nos procedimentos de demarcação das terras indígenas atualmente patrocinados por setores de seu governo, principalmente a Casa Civil e Advocacia Geral da União (AGU), visando atender a pressão e interesses dos inimigos históricos dos nossos povos, invasores dos nossos territórios; hoje expressivamente representados pelo agronegócio, a bancada ruralista, as mineradoras, madeireiras, empreiteiras, entre outros.

Nos oponemos a cualquier intento de modificar los procedimientos de la demarcación de las tierras indígenas actualmente financiado por sectores de vuestro gobierno, principalmente el Jefe de Estado y el Departamento del Procurador General del País (AGU) [la autoridad responsable por el asesoramiento legal del Poder Ejecutivo y Judicial y de la representación oficial del País ante otros países según Wikipedia], con el objetivo de rendirse a las presiones y a los intereses de los enemigos históricos de nuestro pueblo, invasores de nuestras tierras; hoy significativamente representado por el agro negocio, los sectores rurales, las empresas de explotación minera, las empresas de explotación forestal y las empresas de construcción, entre otros.

En el documento, los indígenas rechazan el plan del gobierno por considerar que es un modelo de desarrollo no sostenible, que no respeta el derecho original y fundamental de la gente y de la naturaleza, “garantizados por la Magna Carta, por la Convención 169 y por la declaración de las Naciones Unidas”.

Muchos protestaron en las redes sociales utilizando la etiqueta #GolpePLP227Não (No al golpe de la Ley Complementaria 227). La ex senadora Marina Silva (@silva_marina) tuiteó el 16 de julio:

En marcha en el congreso, un gran ataque contra los derechos de los indígenas #GolpePLP227Nao  Entienda lo que pasa aquí: http://t.co/g6kZwfjaio

La organización ambiental Greenpeace (@GreenpeaceBR) y Xingu Vivo (@xinguvivo) también comentaron:

El PLP 227 busca revocar, sin ningún debate, el capítulo “Sobre los Indígenas” de la Constitución Brasileña.  #GolpePLP227NÃO

Esto es lo que los legisladores intentan derribar: la fuerza del movimiento indígena y los acuerdos firmados http://t.co/c4nxviC6qo #GolpePLP227NÃO

En oposición a los defensores de los derechos de los indígenas, el diputado federal Moreira Mendes, uno de los principales representantes del sector rural, criticó las protestas de los medios sociales en su Facebook: 

Os comentários feitos nas redes sociais estão completamente desprovidos de conteúdo. Esses ongueiros, essa quadrilha de antropólogos, como já foram denunciados inúmeras vezes por aí, não têm interesse nenhum em regularizar a terra indígena. Querem, na verdade, usar o índio como massa de manobra para os seus interesses escusos.

Los comentarios hechos en las redes sociales no tienen contenido. Esta gente de las ONGS, esta cuadrilla de antropólogos, como han sido denunciados un sin número de veces, no tiene ningún interés en legalizar las tierras indígenas. Quieren en realidad, utilizar los indígenas como un títere, en función de sus propios intereses.

Autorización de la represa de Belo Monte 

"Workers and the plaque that marks the construction site of Belo Monte Dam, in the Xingu region, in Pará state - the Pimental site." Photo by Programa de Aceleração do Crescimento [Growth Acceleration Program] on Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

“Trabajadores cerca de un cartel que delimita las obras de construcción de la presa de Belo Monte en la región del Xingu  en el estado del Pará – el área Pimental.” Foto del Programa de Aceleração do Crescimento [Programa de aceleración del crecimiento] en Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Mientras la atención estaba centrada en la ley que violaba la Constitución y los derechos de los indígenas, otra derrota para la comunidad indígena ocurrió el 16 de julio: El Tribunal Federal autorizó la licencia para la represa hidroeléctrica de Belo Monte en la región amazónica.

Pretendiendo un ataque en contra del orden público y de la economía, el tribunal desestimó la demanda presentada por el Consejo Misionario (Conselho Indigenista Missionário), que exigía el cese de los trabajos de la presa hasta la elaboración de una ley específica que regule la explotación de la energía potencial en las áreas indígenas. La organización subrayó la existencia de impacto ambiental para las comunidades indígenas alrededor del proyecto (vea la ilustración).

El Artículo 176 de la Constitución brasileña describe que los recursos de energía potencial hidroeléctrica pertenece al gobierno federal de Brasil, legalmente nombrado la Unión, y la explotación por empresas brasileñas tiene que atender a condiciones específicas cuando estén en frontera o en tierras indígenas. El Procurador General de la Unión argumenta que el proyecto y el impacto ambiental resultante están fuera de las tierras indígenas, pero el sector legal del Consejo Misionario Indígena apelará la decisión.

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