Sigue la lucha entre el gobierno brasileño empujando hacía la construcción de otra represa hidroeléctrica en la cuenca del río Tapajós en la región brasileña del Amazonas y los indígenas Mundurukú [en] que ahí viven.

En los estados del Mato Grosso do Sul y Pará, donde viven muchos indígenas, existen 11 plantas hidroeléctricas en diferentes etapas de construcción y autorización, incluyendo la controvertida presa de Belo Monte. En otras áreas de la región están siendo llevadas a cabo investigaciones de planeamiento de futuras presas, que están siendo construidas para atender a la creciente demanda de energía eléctrica resultante del enorme crecimiento económico del país.

Los indígenas que viven en el área se quejan de que no han sido consultados sobre los proyectos y que la construcción les está arrebatando y destruyendo sus tierras.

Enfadados y privados de sus derechos, los Munduruku y otros grupos indígenas están llevando a cabo una campaña de resistencia en contra de las iniciativas del gobierno. Desde que las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte empezaron en junio del 2011, ha habido 92 interrupciones [pt] causadas por las protestas de los indígenas.

La última manifestación logró intensificar todavía más el ambiente ya bastante tenso alrededor de la situación, que empezó en mayo del 2013 cuando los indígenas ocuparon las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte por tres días.

Luego a principios de junio del 2013, 144 indígenas de la etnia Munduruku ocuparon [pt] el edificio de la Fundación Nacional del Indígena en la capital federal de Brasil y sede del gobierno, Brasilia, para exigir la suspensión de la construcción de Belo Monte y de otros proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Tapajós en los estados del Pará y Mato Grosso.

Los indígenas fueron recibidos por el Secretario Privado del Presidente, Gilberto Carvalho [pt], que reafirmó que las obras de la presa seguirán, pero prometió a los Mundurukú mayor agilidad en la demarcación de las tierras indígenas, además de una compensación en forma de asistencia sanitaria y educación..

A la vez, los Mundurukú firmaron una carta [pt] en protesta en contra de la construcción de la hidroeléctrica de Teles Pires, responsable por hacer explotar cascadas consideradas por los Munduruku como símbolos sagrados.

El 21 de junio del 2013, el grupo secuestró a tres biólogos [pt] mientras llevaban a cabo los estudios ambientales para la construcción de la presa. Dos días después, el gobierno se reunió con los Mundurukú, que liberaron a los biólogos en cambio de la promesa que otras investigaciones ambientales para el desarrollo de futuros proyectos en el área del río Tapajós, donde viven 12,000 indígenas Mundurukú [pt], serían suspendidas.

En un anuncio público, los indígenas afirmaron que no van a tolerar la actitud del gobierno en el que concierne a la construcción de otras presas en las tierras indígenas. Los investigadores fueron liberados pacíficamente, pero los agentes de la Policía Nacional fueron enviados a la región. En respuesta a la acción del gobierno, los indígenas afirmaron [pt]  en un documento:

Esperamos que esses militares não tenham vindo para nos atacar, mas sim npara defender o nosso direito pela nossa terra, a lei e a Constituição.

Afiche de la campaña de los Munduruku en Facebook que dice: «Tenemos el derecho a ser previamente consultados. Exigimos ser consultados. A favor de la suspensión de los estudios y de las obras de construcción de hidroeléctricas en los ríos Xingú, Tapajós y Teles Pires – ninguna presa hasta que seamos consultados».

«Se comportan como enemigos»

En una declaración [pt] publicada por los promotores públicos en los dos estados afectados el 4 de junio del 2013, las agencias enfatizan que las comunidades tradicionales e indígenas deberían ser consultadas sobre los proyectos hidroeléctricos, como demanda la Convención de los pueblos indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Brasil es uno de los signatarios.

El promotor público Ubiratan Cazetta, explicó [pt]:

Esses momentos tem que ser precedidos de consulta aos povos afetados, ou então o Brasil estará violando o compromisso assumido na Convenção 169.

Emerson Kalif Siqueira, el promotor público [pt] para el estado de Mato Grosso do Sul, declaró:

Falta vontade política para resolver o conflito

El gobierno brasileño se está enfrentando a tres demandas expedidas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas Arara, Juruna, y Munduruku así como de la población tradicional ribereña, afectada por el desarrollo de los proyectos. Según el tribunal, hay unas 17 demandas en curso concerniendo a la planta hidroeléctrica de Belo Monte, una disputa legal que está siendo llevada a cabo hace 7 años.

El gobierno buscó el apoyo del poder judicial del país, para legalizar la operación de envío de la policía federal a la región, para proteger los estudios de impacto ambiental llevados a cabo, según los promotores públicos de los estados del Pará y Mato Grosso. Este sería uno de los motivos de la rebelión de los indígenas Munduruku.

El líder indígena Valdeni Munduruku planteó la siguiente pregunta [pt] después del encuentro con el Secretario Privado del Presidente Gilberto Carvalho [pt], a principios de junio:

Aqui (Palácio do Planalto) não é a nossa casa. Nossa casa é a aldeia, que nós queremos proteger das usinas do governo, que se porta sim como nosso inimigo. Se fosse nossa casa, daqui não sairia esse tipo de projeto.

Este sitio (el Palacio del Planalto) [sede del gobierno federal] no es nuestra casa. Nuestra casa está en el pueblo indígena que queremos proteger de las plantas hidroeléctricas del gobierno, que actúa como nuestro enemigo. Si fuera esta nuestra casa, no se llevarían a cabo este tipo de proyectos.

El cofundador del Portal Imazon, Beto Verissimo (‏@betoverissimo), expuso [pt] algunas de las situaciones hipotéticas que podrían desarrollarse:

Vamos ver se vai mudar a postura do governo federal em relação as questões como Hidrelétricas na Amazônia. Vai ter debate com sociedade…

— Beto Verissimo (@betoverissimo)  23 de junio de 2013[pt]

Vamos a ver si cambiará la postura del gobierno con relación a las hidroeléctricas del Amazonas. ¿Habrán debates abiertos a la sociedad? (…)

Ou vai manter o goela abaixo ? Vai ouvir os povos indígenas, a ciência e aqueles que criticam o modelo de grandes projetos hidrelétricos…

— Beto Verissimo (@betoverissimo)  23 de junio del 2013[pt]

¿O el gobierno mantendrá la actitud de imponernos sus decisiones? ¿Escucharán finalmente a los indígenas, a la ciencia y a los críticos de los mega proyectos hidroeléctricos?…

La indigenista Helena Palm (‏@helenapalm) dio su opinión en Twitter:

Jacareacanga: Munduruku querem compromisso público do governo federal que estudos de usinas param enquanto não houver consulta.

— helenapalm (@helenapalm) 23 de junio del 2013[pt]

Jacareacanga [un distrito [eng] en el estado del Pará]: los indígenas Mundurukú quieren un compromiso público por parte del gobierno de parar a los estudios para las plantas hidroeléctricas, hasta que sean consultados.

La interacción entre el gobierno y los indígenas se ha vuelto más violenta. Recientemente, el 30 de mayo, un hombre indígena, Oziel Terena, fue muerto [pt] en un conflicto con la policía durante la evacuación de la granja Buriti, en el distrito de Sidrolândia, en el estado del Mato Grosso do Sul. Los indígenas ocuparon la granja el 15 de mayo, aunque están peleando por las tierras hace 13 años. El Ministerio de Justicia declaró las 17,200 hectáreas donde están la granja Buriti como territorio tradicional del Pueblo Terena en 2010. Poco después de las protestas y de la ocupación de mayo, el tribunal expidió una orden de embargo de la granja, de propriedad del antiguo diputado del estado, Ricardo Bacha.

Las autoridades fueron poco hábiles en el trato del conflicto y los indígenas sufrieron ataques racistas [pt] por parte de los medios de comunicación y de la policía federal. El Ministro de Justicia reconoció el error [pt] en la forma que la policía trató el caso que culminó con una muerte y reafirmó que los indígenas no son el blanco de las fuerzas de seguridad, que estaría en el área para proteger los intereses de la gente involucrada en el conflicto.

Rio Xingu, Brasil, 15 de junio del 2012. Un centenar de indígenas, pequeños granjeros, pescadores y vecinos se juntaron en el sitio de obras de la planta hidroeléctrica de Belo Monte para alinearse y escribir: “Pare Belo Monte» a fin de llamar la atención de la comunidad internacional sobre el impacto ambiental del proyecto. Foto: Atossa Soltani/ Amazon Watch / Spectral Q compartida en Flickr por International Rivers (CC BY-NC-SA 2.0)

El Consejo Misionario Indigenista (Cimi) [pt], una organización que defiende los asuntos indígenas, declaró que en la última década, 560 indígenas fueron asesinados en Brasil [pt] y eso refleja la creencia popular de que los indígenas son culpables del retraso en el progreso y desarrollo del país, y son un obstáculo en el camino de la agroindustria apoyada por el gobierno.

El Promotor Público Federal cree que la ausencia de demarcación de las tierras y la parcialidad por parte del gobierno en la cuestión de las tierras indígenas, alargó el problema judicial, aumentando la violencia, y que la solución se encuentra en una mayor agilidad en la demarcación de las tierras indígenas.