Con la reciente escalada de arrestos y procesamientos arbitrarios [1] por la acusación de «propagación de rumores [2]», las autoridades chinas se han convertido en blanco de las críticas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los expertos legales del país.
Sin base legal para la represión de los rumores
Varios abogados de derechos humanos han expresado su preocupación [3] [en] por la base legal de la campaña gubernamental contra los rumores, señalando el daño que podría hacer a la libre expresión, en particular por la ausencia de definición legal de lo que constituye un rumor. En una entrevista [3] [en] con Radio Free Asia, el abogado Sui Muqing explicó que las leyes existentes prácticamente no mencionan los rumores. «El Código Penal y el Código Civil aluden a los rumores dos veces, en caso de que se haya producido un daño directo, deliberado y evidente a la sociedad», dijo. Sui describió la actual campaña como «el mayor paso atrás de la ley china desde que comenzaron las reformas económicas en 1979».
[4]Oficial chino de la policía de tráfico. Foto de Beijing Patrol de EE.UU. [CC-BY-2.0), via Wikimedia Commons.
Incluso los académicos del partido comunista cuestionan [5] [en] la campaña. En una entrevista con Global Times, periódico portavoz del Partido Comunista Chino (PCC), el profesor Wang Zhangyang del Instituto Central del Socialismo señaló:
«Las autoridades todavía no han dado una definición precisa de rumor, y aun así la campaña ha evolucionado hasta ser un movimiento nacional… esto ha hecho surgir distintas formas de llevar a cabo la campaña por parte de los diferentes departamentos de policía local».
Y lo que es peor, Wong señaló que «la policía local debe tener también cuotas que cumplir, lo que aún hace más confusa la situación».
La justicia aclara lo que es «viral»
Para proporcionar una base legal al encausamiento de quien propague rumores, el Tribunal Supremo Popular de China y la Fiscalía General Popular emitieron [6] [zh] una nueva normativa el 9 de setiembre, en la que se expone que quien publique deliberadamente mentiras difamatorias contra personas o contra el gobierno se enfrenta hasta a tres años de prisión si sus comentarios se reenvían más de 500 veces o los leen más de 5000 personas. Al perseguir la capacidad viral de estos mensajes, la normativa socava las leyes básicas de la publicación en Internet.
Una reciente aclaración [6] [zh] judicial intenta modificar lo que constituye un rumor dañino bajo la ley existente. Ahora, las siguientes disposiciones definen lo que se considera un «rumor» y abordan los aspectos relativos a cómo debe tratarse la difusión de rumores en los tribunales:
1. [Los mensajes que] difamen personas o grupos.
2. La escala del daño: Un mensaje difamatorio que haya sido visto 5000 veces y retuiteado 500 veces; un mensaje que provoque daños y sufrimiento psicológico; la persona que tenga antecedentes de propagar rumores; otros.
3. Mensajes que alteren el orden social y los intereses nacionales induciendo a incidentes masivos [protestas y manifestaciones], desorden público, conflictos étnicos y religiosos, que dañen los intereses y la imagen nacionales, etc.
4. Personas que hayan propagado muchos rumores a lo largo de un año, cuando el número acumulado de retuits y lecturas de sus mensajes lleguen a 500 y 5000 respectivamente.
5. Los mensajes que insulten o amenacen a otras personas y perturben el orden social serán acusados del cargo de «provocar desórdenes sociales».
6. [Las entidades que obtengan beneficios] del hecho de amenazar personas propagando información falsa y los servicios de eliminación de mensajes serán encausados por «chantaje».
7. [Las entidades que obtengan beneficios] proporcionando servicios de eliminación de mensajes y de propagación de información falsa a una escala empresarial de hasta 50 000 yuanes en el caso de personas y 150 000 yuanes en el caso de corporaciones, serán acusadas de «operaciones empresariales ilegales».
8. El apoyo financiero, tecnológico y administrativo a la difamación, la provocación de desórdenes sociales, chantaje y operaciones empresariales ilegales serán considerados «conspiración para cometer actos delictivos».
9. Cuando los delitos de difamación, provocación de desórdenes sociales, chantaje y operaciones empresariales ilegales causen un daño real a empresas, incitando a la violencia social, la sentencia será más severa.
El portavoz de la Fiscalía General Popular especificó que no es su intención que la normativa judicial limite la función de «vigilante» de los medios sociales. En lo que al público respecta, en general se cree que las medidas pretenden restringir la libertad de expresión en la red a mayor escala.
La normativa se cobrará el mayor precio entre los líderes de opinión en Internet, muchos de los cuales tiene decenas de miles de seguidores. Cualquier mensaje no restringido que publiquen llegará automáticamente a la escala de daño legalmente definida: 500 retuits o 5000 lecturas. En respuesta a la nueva norma, el comentarista social Hugo publicó [7] [zh] con sarcasmo:
Te retuitean 500 veces y te pueden procesar. Qué miedo. Primero, quiero pedirle a los grandes V (líderes de opinión influyentes) que por favor, no publiquen ni retuiteen mis comentarios o llegaré a los 500 retuits y 5000 lecturas en seguida. Segundo, me pregunto si han preparado suficientes celdas en las prisiones. Las subcontratas de servicios carcelarios van a tener enormes beneficios. Tercero, si quieres meter a alguien en un lío, solo tienes que contratar a 500 personas para que retuiteen su mensaje. Retuitear se convertirá en el arte de meter a gente en la cárcel.
Tomándose las noticias con sarcasmo, el novelista Jin Manlou sugirió [8] [zh] que la campaña podría tener beneficios económicos para el país:
La economía no está bien. Los 500 retuits pueden tener alguna consideración económica. Una estimación conservadora es que la política puede conseguir un 1% de crecimiento económico y la razón es simple: cuanta más gente se procese, más abogados, jueces y fiscales necesitará la sociedad; cuanta más gente se meta en la cárcel, más prisiones habrá que construir, y más oficiales de policía… desde luego, esto puede mejorar el empleo y el negocio de la construcción. Qué maniobra más astuta.
Los medios estatales, por ejemplo, no han recibido ningún castigo por propagar rumores: hace poco, la Televisión Central China y la agencia de noticias Xinhua informaron falsamente [9] [en] de que Estambul había sido elegida para celebrar los Juegos Olímpicos 2020, cuando en realidad la ciudad elegida fue Tokio. Los internautas se burlaron del error, incidiendo en que el estado y el partido tienen el monopolio para distribuir información inventada.
Aunque las normas judiciales arrojan alguna luz sobre la definición de «rumor», pocos creen que vayan a cambiar la arbitraria naturaleza de la detención y procesamiento por propagar rumores en China.