[1]Geovideo de Carna Botnet de 24 horas de utilización media relativa de las direcciones IPv4 observadas mediante solicitudes de ping ICMP. este trabajo ha sido publicado al dominio público por su autor, Internet Census 2012.
Este artículo fue coescrito por Eduardo Bertoni [2]. Apareció originalmente en Huffington Post [3] [en].
En los primeros días de Internet, los Estados Unidos establecieron casi un monopolio sobre el protocolo de Internet y todo lo que fluye de él –código, regulación, políticas y una industria tecnológica inconcebiblemente poderosa. Las filtraciones sobre la NSA [4] [en] proveen un escalofriante ejemplo de las consecuencias que este grado de dominio puede causar en el mundo.
Hoy, la mayoría de ese sector privado tiene su sede geográfica en los Estados Unidos. Esto ha permitido al gobierno de los Estados Unidos desarrollar algunas de las políticas y prácticas más influyentes que afectan el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad, en la Internet global. Los gobiernos extranjeros tiene poca capacidad para influir o regular las acciones de compañías como Google o Facebook más allá de sus fronteras nacionales. Incluso dentro de estas puede resultar difícil hacerlo.
¿Y por qué deberíamos asumir que esas políticas funcionarán para el resto del mundo?
Esta dinámica puede traernos tanto pérdidas como ganancias. La Global Online Freedom Act [5] [en], un proyecto presentado ante el Congreso que restringiría la capacidad de las compañías norteamericanas de vender tecnologías de vigilancia y censura a gobiernos represivos, podría tener un impacto positivo en materia de derechos humanos. Pero muchas políticas hacen exactamente lo opuesto. Lo que ahora sabemos sobre la NSA prueba que, en esencia, el gobierno de los Estados Unidos creó un régimen de vigilancia no sólo para su propio país sino para el mundo entero. No sería posible a la NSA espiar a millones de usuarios de Internet si Google, Facebook, Yahoo! Y otras compañías líderes no estuvieran constituídas en los Estados Unidos.
Hemos esperado, antes, que el gobierno norteamericano regulase a esos gigantes con un ojo puesto en los derechos humanos de los usuarios del mundo entero. Pero las filtraciones de (Edward) Snowden demuestran que, en algunos casos, están haciendo lo opuesto. Han aprovechado su situación empresarial única para crear lo que es, probablemente, el más mayor régimen de vigilancia electrónica de la historia humana.
Para aquellos de nosotros que pertenecemos a lo que ahora es denominado “el Sur global”, la legitimidad de esas políticas es la misma si viene de los hacedores de políticas del gobierno norteamericano o de altos ejecutivos de Silicon Valley. No hemos estado involucrados en los procesos políticos de Washington ni hemos tomado parte en la toma de decisiones de las compañías tecnológicas sobre sus productos y servicios. Por supuesto, los Estado Unidos no tienen obligación de pedir nuestra opinión o de considerar nuestras necesidades personales. Pero la legitimidad que los Estados Unidos tienen de imponer un código de ley específico en Internet es similar al del sector privado. Ambos pueden hacerlo sin tomar en cuenta los derechos e intereses del resto del mundo. Como resultado, quedamos ante una paradoja: o aceptado algún tipo de “balcanización” de esas políticas –en la que cada sociedad tenga la capacidad de influir sobre el código mediante sus propias políticas—o aceptas que la única forma de avanzar es mediante decisiones tomadas en acuerdos internacionales.
Pero ambas opciones son, en esencia, erradas. La balcanización podría tornar imposible mantener la generosa naturaleza “sin fronteras” de Internar como la conocemos hoy. Y para que los acuerdos internacionales sean legitimados, reconocidos y cumplidos por los gobiernos nacionales, se requeriría un compromiso fuerte y serio de países de todo el mundo. Desafortunadamente, no parece que esto vaya a ocurrir todavía. Por ejemplo, hay solo dos países latinoamericanos miembros de la Freedom Online Coalition [6] [en], un grupo de gobierno que se reunió en 2011 para facilitar un diálogo global sobre las responsabilidades de los gobiernos para impulsar activamente la libertad en Internet. La participación de otros países de la misma región en el Internet Governance Forum [7] [en], anual, es igualmente baja.
En la era actual de Internet, los diseños de software y hardware impactan en forma significativa sobre nuestra capacidad de ejercer nuestros derechos. Esto es lo que Larry Lessig planteó muchos años atrás cuando escribió que “el código es la ley” [8]. Por esa razón, y porque el “código” es diseñado mayormente en los Estados Unidos, es razonable preguntarse –y dudar—sobre la legitimidad de esas políticas para el resto del mundo. La pregunta es si seguirá siendo este el estatus quo, o si alguna fuerza, corporativa o política, traerá un cambio hacia una Internet global más igualitaria y protectora de los derechos humanos.
Eduardo Bertoni es ex relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 2002 y 2005. También ha sido consejero legal de organizaciones defensoras de los derechos humanos y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. Es director del Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información [9] de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.