Los y las usuarias de redes sociales en Ecuador podrían ser acusados por delitos de injurias y calumnias, según una propuesta de reforma penal que será presentada a la Asamblea Nacional en los próximos días. Según Alexis Mera, el secretario jurídico de la presidencia y principal impulsor de la propuesta, el delito podría sancionarse con dos años de prisión.
“Yo he propuesto que se regulen todo lo que sean procesos de calumnia en las redes sociales porque estas redes no puede ser un instrumento de impunidad. He pedido a la Mesa de Justicia que se haga un procedimiento especial cuando hay injurias en Twitter o en Facebook porque ahora una injuria de una persona que tiene unos 10000 seguidores puede ser más rápida y hacer más daño,” sostuvo Mera [1] a fines de agosto.
[2]Internet cafe. Photo by Pixelthing via Flickr (CC BY-SA 2.0)
Más recientemente, el asambleísta Mauro Andino declaró [3] que se están explorando maneras de llevar estas medidas a la práctica, ya que es “bastante complicado” identificar a las personas físicas detrás de varias cuentas de internet. Una de las opciones que manejó es la instalación obligatoria de cámaras en cibercafés, “no para atentar en contra de la privacidad de alguien, no para controlar las redes sociales” sino para que se puedan identificar a los responsables de los delitos.
Estas medidas, sin embargo, contradicen las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y constituyen una amenaza a la libertad de expresión de las y los ecuatorianos. Varias organizaciones de la sociedad civil, tanto ecuatorianas como internacionales, han repudiado esta propuesta insistiendo en que los derechos de las personas fuera de la red son los mismos en el entorno en línea, y que la expresión en redes sociales no deben tipificarse de manera diferente.
Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, ha señalado en diferentes informes que “dados los rasgos peculiares de internet, una serie de reglamentos o restricciones que pueden considerarse legítimos y proporcionales en el caso de los medios de comunicación tradicionales no suelen serlo cuando se aplican a internet”. También ha reiterado varias veces que “la difamación debe despenalizarse” [4]. Las y los impulsores de esta reforma están haciendo exactamente lo contrario.
Las medidas que se están manejando para la implementación (como imponer mecanismos de vigilancia en cibercafés) tienen un alto impacto en la libertad de expresión y la privacidad de ciudadanos y ciudadanas. Por un lado, atenta contra los principios de necesidad y proporcionalidad consagrados por la legislación internacional para las restricciones de la libertad de expresión. Por otra parte, les atribuye potestades de control a empresas privadas como cibercafés (y, si bien sus propulsores no lo han mencionado, probablemente a los proveedores de servicio de internet), obviando las garantías legales con las que cuenta la ciudadanía cuando no se trata de internet.
Medidas como las que se apunta a concretar en Ecuador desalientan la deliberación pública y se traducen en prácticas de autocensura, lo que resulta altamente nocivo para la democracia.