El gabinete del primer ministro japonés Shinzo Abe aprobó un proyecto [1] [ja] el 25 de octubre de 2013 para imponer penalidades más duras a los servidores civiles, legisladores y otros que filtran secretos nacionales y perjudican la seguridad nacional. La llamada ley de protección a la información secreta no ha sido popular entre la prensa japonesa, defensores de derechos humanos y ciudadanos que temen que el gobierno oculte informacion sobre la radiación.
Lawrence Repeta, experto en derecho de seguridad de la información, examina los riesgos potenciales [2] [en] de esta ley como el derecho de acceso a la información en comparación con los casos estadounidenses de Edward Snowden y Bradley Manning.
Antes de la aprobación de la ley, el gobierno aceptó comentarios del público, y entre 90,480 comentarios enviados en el plazo de dos semanas a comienzos de setiembre, 69,579 estaban contra el proyecto. El proyecto espera la aprobación del Parlamento.