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Proyecto de ley paquistaní facilitaría la violación de derechos humanos

Activistas de derechos humanos están arremetiendo contra una nueva ley en Pakistán apoyada por el Presidente y el Primer Ministro en la cual se considera a toda persona sospechosa de terrorismo como enemigo del Estado y, por tanto, las fuerzas de seguridad pueden realizar registros sin orden judicial y quitarle el derecho a fianza a cualquiera de los arrestados.

En cientos de ciudades y pueblos a lo largo y ancho de Pakistán, especialmente en la región de Sind, se han realizado manifestaciones contra esta ley. 

El 20 de octubre de 2013,  Mamnoon Hussain, presidente de Pakistán, aprobó [en] la Ordenanza de Protección Paquistaní (nombre de la nueva ley) siguiendo el consejo del primer ministro Nawaz Sharif. Próximamente, la aprobación de esta ley se debatirá en el parlamento. Por otra parte, se dice que esta ley, que no se ha dado a conocer al completo, clasifica a cualquier individuo que imposibilite la paz como enemigo estatal y, asimismo, establece que el principal objetivo del Estado debería ser la protección de la vida y la propiedad, además de mejorar la vida de los paquistaníes.

Sheeren is a widow woman protesting with her orphan children at the Karachi Press Club against the murder of her husband. The victim's family demanded that police arrest the killers and gives us peace and justice. Image by Ayub Mohammad. Copyright Demotix (29.9.2013)

Una viuda protesta con sus hijos en el Club de Prensa de Karachi por la muerte de su marido. La familia de las víctimas exigía que la policía arrestase a los asesinos y, de esta forma, consiguiesen paz y justicia. Fotografía de Ayub Mohammad. Copyright Demotix (29.9.2013)

A principios de octubre, el Presidente promulgó una serie de enmiendas [en] dentro de la normativa antiterrorista, que proponían arrestos más largos para sospechosos, aceptación de pruebas electrónicas y realizar juicios en vídeo. 

Citando fuentes oficiales, el diario paquistaní Dawn [en] se ha hecho eco de las preocupaciones y del potencial de esta ley para que se produzcan violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la Ordenanza de Protección Paquistaní, las fuerzas de seguridad (policía, militares, fuerzas paramilitares, tropas de asalto, guardia y policía fronterizas) podrán entrar y efectuar registros en cualquier lugar sin orden judicial. Las personas arrestadas no tendrían derecho a fianza. Por su parte, las fuerzas de seguridad podrían confiscar propiedades, armas o bienes sin permiso previo de las autoridades judiciales si así lo considerasen necesario. Además, cualquier persona declarada culpable de obstruir la aplicación de la ley o un proceso judicial será castigado con diez años de prisión.

Además, para un mismo delito, se designarán a diferentes comisarías de policía. Asimismo, los fiscales federales se harán cargo de la acusación; por tanto, se creará un nuevo colectivo de fiscales de forma paralela al ya existente. También, los delincuentes habituales irán a cárceles especiales. El gobierno ha sido autorizado para crear un sistema jurídico paralelo a través de estas ordenanzas. Los Tribunales Antiterroristas y los fiscales antiterroristas ya están en activo. Sin embargo, de acuerdo con la Ordenanza de Protección Paquistaní, el gobierno va a crear “tribunales y fiscales especiales” para proteger al país.

La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC, según sus siglas en inglés) ha criticado la nueva ley por su carácter draconiano [en], ya que ayudará a que se puedan justificar desapariciones, asesinatos extrajudiciales, tortura y juicios sin garantías:

Las ordenanzas también contradicen el Artículo 24, que garantiza los derechos de propiedad y deniega el derecho del gobierno a confiscar cualquier propiedad.

El Artículo 10 de la constitución en salvaguarda de detenciones o arrestos establece: 

  1. Ninguna persona que sea arrestada puede ser detenida bajo custodia sin ser informada y, tan pronto como sea posible, dependiendo del tipo de arresto, tampoco se le podrá negar su derecho a consultar y ser defendido por el abogado que considere oportuno.
  2. Cualquier persona que sea arrestada y detenida bajo custodia deberá citarse con un juez dentro de las primeras veinticuatro horas después del arresto, en dicho período de tiempo no se contabilizará el viaje del lugar del arresto al juzgado más cercano. Ninguna persona podrá estar detenida bajo custodia durante más tiempo del acordado sin la autorización de un juez.

Según lo expuesto, el gobierno de Pakistán tiene que retirar las ordenanzas y debatirlas en el parlamento. El gobierno tiene que garantizar los juicios justos y el Estado de derecho en lugar de dedicarse a producir leyes draconianas que restringen los derechos fundamentales y constitucionales de los ciudadanos. También, ha de tener en cuenta que con este tipo de leyes no se va a acabar con el terrorismo; más bien, acabará generando otros tipos de terrorismo. Dichas ordenanzas no son legales.

Saleemullah Khan, abogado y ex inspector general de la policía, ha desafiado [en] la Ordenanza de Protección Paquistaní en el Tribunal Supremo de Islamabad donde expuso que algunas de sus secciones se oponían a los derechos fundamentales de los ciudadanos según se recoge en la constitución.

El primer ministro Nawaz Sharif quiere [en] que todos los partidos políticos voten a favor de la Ordenanza de Protección Paquistaní de 2013, ya que su aprobación se ha pospuesto en el parlamento. La oposición, el Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), ha dejado claras sus intenciones. El senador Raza Rabbani realizó la siguiente declaración [en]:

El PPP va a votar en contra cuando el gobierno presente en el parlamento la propuesta de ley. El contenido actual de la ordenanza es inaceptable, ya que va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las regiones de Sind y Baloch están especialmente preocupadas por esta ley a causa de los movimientos separatistas que les afectan (especialmente en Balochistán) [en].

Activities of JSQM holds a rally from Qasimabad to Gul Center against the freedom of Sindh. Hyderabad, Pakistan. Image by Janali Laghari. Copyright Demotix (6/7/2013)

La organización Jeay Sindh Muttahida Mahaz (JSMM) da un mitín de Qasimabad al centro de Gul por la libertad de Sind (Hyderabad, Pakistán). Fotografía de Janali Laghari. Copyright Demotix (6/7/2013)

Jeay Sindh Muttahida Mahaz [en] (JSMM), la organización nacionalista de Sind, mostró su preocupación en relación con la ordenanza y puso de manifiesto que era una conspiración para conseguir el genocidio de los habitantes de Sind y Baloch.

El 29 de octubre, se publicó un anuncio de grandes dimensiones en el periódico más importante de región de Sind donde el presidente del JSMM declaraba [si] lo siguiente:

Recientemente, el Estado ha introducido la “Ordenanza de Protección Paquistaní”, y la nación del Sind considera esta medida como una sentencia de muerte para las personas inocentes que habitan las naciones de Sind y Baloch. Es un plan para el genocidio en masa de ambas naciones. A través de estas leyes, el Estado conspira para acabar con el derecho a decidir de las regiones de Sind y Bacholistán. Creemos que estas leyes son un ataque político y jurídico contra las naciones de Sind y Baloch. La nación de Sind y el JSMM anuncian una huelga (no se usarán vehículos ni tampoco se abrirá ninguna tienda) en contra las leyes anti-Sind el 30 de octubre en toda la región.

El 30 de octubre, en algunas zonas de Sind se pudo observar la huelga general organizada [en] por el JSMM contra la Ordenanza de Protección Pakistaní. La huelga alteró la normalidad [en] en muchas localidades de Sind, en la administración pública, colegios y en algunos negocios. Algunos dirigentes del JSMM hicieron público [en] que al menos 102 personas asociadas con la organización habían sido arrestadas en diferentes localidades de la región. Además, más de 12 desaparecieron durante la huelga.

BBC-Urdu consideró [ur] la huelga como la primera reacción política en contra de la nueva ley. Asimismo, según se informa [en] en la página web Indus Tribune, en más de 140 localidades, se han podido observar huelgas en contra.

Saba Imtiaz, periodista independiente, publicaba [en] lo siguiente en su blog:

Imaginen la situación: las fuerzas de seguridad entran en tu casa, arrestan sin orden judicial, registran tu propiedad, te dejan detenido, te juzgan en una localidad diferente a la tuya y se te declara culpable de alterar la paz hasta que puedas probar lo contrario. Este podría ser el peor caso posible o, a lo mejor, hasta podría ser peor. Asimismo, puede que tampoco tengas la posibilidad de demostrar tu inocencia, ya que las fuerzas del orden ya podrían haber hecho uso de la fuerza contra ti.

En Twitter, Sherry Rehman (@sherryrehman [en]), exembajadora de Pakistán en los EE.UU., compartía este mensaje:

La “Ordenanza de Protección Paquistaní” es una atrocidad. Acaba con la obligación de presentar órdenes de arresto, acaba con todo. Es aún peor que la Ley Patriótica. Despierten.

Heer Soho (@HeerSoho [en]), miembro de la asamblea provisional de Muttahida Qaumi Movement [en], formulaba la siguiente pregunta:

¿La Ordenanza de Protección Paquistaní va a proteger o atacar a la gente inocente? Habrá que verlo.

Shafi Burfat (@ShafiBurfat [en]), presidente de la organización JSMM, declaró que esta ley ataca a los habitantes del Sind:

 El “Estado” ha promovido esta ley contra los habitantes de Sind debido que demandan, por razones históricas, la región del Sind como suya.

Shoukat Zardari (@ShoukatZardari [en]), periodista y blogger del News anchor, realizaba esta crítica: 

Si lo que quieren es proteger Pakistán. La nueva ordenanza sobre protección no es más que un trozo de nuestro testamento.

Maian Javed Latif de la Liga Musulmana de Pakistán (LMP) defendía la medida de esta forma:

Mian Javed Latif (de la LMP): la Ordenanza de Protección Paquistaní no tiene por objeto reprimir individuos de diferente ideología política.

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