El 5 de noviembre de 2013, el Parlamento húngaro adoptó cambios al Código Penal del país con respecto a grabaciones de video o audio potencialmente difamatorios. Los nuevos cambios a este ley incluyen penalidades como prisión de hasta tres años por hacer públicos esos materiales. La mayor sentencia de prisión se relaciona con materiales publicados a una «amplia audiencia» y según la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) y otros, esto se dirige directamente a los medios. Dunja Mijatović, representante de OSCE para libertad de los medios, hizo una declaración oficial el 6 de noviembre de 2013, donde resalta las preocupaciones referidas a las nuevas leyes y cómo impactarán al periodismo y a la libertad de los medios. Mijatović dijo [1] [en]:
Estas reformas al código penal pueden luego restringir la libertad de los medios. Las penalidades por publicar grabaciones difamatorias son desproporcionadas y pueden llevar al silencio de opiniones críticas o diferentes en la sociedad. […]
Estas medidas son excesivas pues pueden tener un efecto paralizador en el periodismo de investigación y evitar que se difundan expresiones satíricas y puntos de vista.[…]
La legislación húngara ya incluye disposiciones para proteger la dignidad humana y penaliza la fabricación de hechos. En lugar de agregar nuevas maneras de paralizar el discurso público y contener la libertad de los medios, Hungría debería eliminar los obstáculos legales existentes a la libertad de los medios.