GreenPeace desplegó una pancarta inmensa en el edificio España con el lema NO a la #LeyAntiProtesta.

Las manifestaciones de diversos colectivos en contra de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana no se han hecho esperar pocos días luego de que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz presentara el anteproyecto. Una nueva versión de la ley podría restringir derechos civiles fundamentales, particularmente afectando a activistas, tanto online como en la calle.

Esta ley sustituirá la llamada Ley Corcuera, aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González en 1992, y que en su época ya era conocida como la «ley de la patada en la puerta» porque permitía que las fuerzas y cuerpos de seguridad entraran y registraran un domicilio sin previo paso por la vista de un juez. Posteriormente fue declarada inconstitucional. Ahora, el gobernante Partido Popular pretende complementar esta ley, pero en 1992 votó en contra.

Esta nueva versión podría llamarse, como bien decía Joan Coscubiela, diputado de Iniciativa per Catalunya- Verds (ICV) y portavoz de Izquierda Plural, la «ley de la patada en la boca a la democracia» porque lo que pretende es abrir una «ofensiva brutal contra los derechos civiles», mientras que el grupo parlamentario Izquierda Unida comentaban que «el Partido Popular pretende llevar al país a un sistema totalitario». También el eurodiputado de Izquierda Unida (IU), Willy Meyer, denunció  ante la Comisión Europea que de aprobarse España estaría violando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A pesar de que el Gobierno insiste en que el anteproyecto es eso mismo, un borrador, se ha comprobado que contiene una serie de medidas en contra de los movimientos civiles y de cualquier tipo de disidencia. Se espera que debido a las presiones sociales y de los demás grupos parlamentarios e incluso de jueces, el borrador cambie durante los próximos días hasta que se apruebe el texto definitivo.

Debido a que muchos de los detenidos en las manifestaciones, sobre todo desde que empezó la crisis, no han podido ser condenados por vía penal, puesto que la mayoría de los jueces no han encontrado hechos probables en las acusaciones de la policía, este nuevo texto legal contempla la posibilidad introducir las infracciones por vía administrativa. De 39 infracciones vigentes se incrementará a 55, de las que 21 son muy graves. La nueva ley contemplaría infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros y 600.000); infracciones graves (de 1.001 euros a 30.000) e infracciones leves (sancionadas de 100 a 1.000 euros) muy por encima de las ahora contempladas por la ley vigente.

De todos las nuevas infracciones que se incluyen, las más problemáticas son:

• Se prohíbe participar en una manifestación ante una institución del Estado si ésta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.
• Aquellos que la hubieran convocado a través de Internet, las redes sociales o cualquier otra vía podrán ser también sancionados por haber cometido una infracción muy grave. 
• La difusión de imágenes de antidisturbios durante las manifestaciones también pasará a constituir una infracción muy grave, castigada hasta con 600.000 euros.
• Desobediencia o resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
• «Insultar, vejar, amenazar o coaccionar» a los miembros de las Fuerzas de Seguridad constituirá una infracción grave.
• Difundir en Internet datos de los agentes que se entiendan como un atentado contra su intimidad o la de su familia, o que contribuyan a desbaratar una operación, será castigado igualmente con multas de hasta 600.000 euros.
• No entregar el DNI [cédula de identidad] al policía que lo reclame.
• Taparse la cara con una capucha, una gorra o un casco supondrá igualmente una fuerte multa y una infracción muy grave si el sujeto es detenido durante una manifestación en actitud violenta.
• Infracción por violencia contra el mobiliario urbano
• Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de prisión de siete a 12 meses. (Ver hashtag en twitter como respuesta de repudio a esta nueva norma, #OfendeAEspaña)

Amnistía Internacional España ha elaborado una campaña e incluso un vídeo denunciando los recortes democráticos del Gobierno:

La plataforma de movilización online Avaaz también ha lanzado una campaña para firmar en contra de dicha ley, que en menos de 24 horas ya había conseguido más de 100.000 firmas.

Como puede verse en este vídeo, el parlamentario socialista Eduardo Madina comenta que si esta ley se aprueba se recurrirá ante el Tribunal Constitucional, e incluso asegura que se derogará ante un posible cambio de Gobierno en las próximas elecciones. Mientras tanto el Ministro del Interior le insulta y pierde los nervios: 

Uno de los grupos más activos en las protestas civiles en España, el 15M, ha visto en esta ley un ataque directo, y mediante el hashtag #leyAnti15M se puede comprobar la reacción ciudadana.

En la manifestación, que ocurrió en Madrid el pasado fin de semana, GreenPeace también participó desplegando una pancarta inmensa en el edificio España, en Madrid, con el lema NO a la #LeyAntiProtesta en contra de los recortes al derecho de protesta pacífica:

2 activistas de @greenpeace_esp despliegan pancarta #LeyAntiProtesta en #23NPlazaEspaña #Madrid pic.twitter.com/cUzy6TzoN2 (foto vía @thomsh1)

— Àgora Barcelona (@_agorabcn) noviembre 23, 2013 

Existe una preocupación, no obstante, de que el revuelo causado por la Ley desvíe la atención de los flagrantes casos de corrupción en el Partido Popular, en la que altos cargos están imputados de violaciones a la ley e incluso en la cárcel.