Manifestación frente a la Dieta durante la sesión plenaria para aprobar el proyecto de ley para la protección de secretos de Estado de Japón. Imagen capturada de la transmisión en directo en IWJ.

La Cámara de Representantes de Japón aprobó el polémico Proyecto de Ley para la Protección de Secretos de Estado el martes 26 de noviembre de 2013, en sesión plenaria. La sesión se inició por la noche, cinco horas después de la hora programada originalmente, debido a las peticiones de los partidos de oposición de retirar la legislación.

El proyecto de ley introducirá castigos más severos por filtrar secretos nacionales relacionados con la defensa, la diplomacia, la lucha contra el terrorismo y el contraespionaje. El proyecto de ley utiliza una definición de «secreto especial» que es vaga y amplia. No queda claro cómo la información se categorizará como tal, ni qué organismos se encargarán de esta tarea.

Defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en Japón y en todo el mundo han expresado su fuerte oposición al proyecto de ley. A nivel local, ha puesto el dedo en la llaga de aquellos que fueron los más afectados por el desastre nuclear de Fukushima en marzo de 2011. Según numerosas [en] fuentes, los funcionarios gubernamentales sistemáticamente limitaron sus informes sobre las condiciones ambientales después del desastre, en detrimento de la salud de muchas personas.

Comentando sobre el proyecto de ley en su blog [ja], el periodista Ryusaku Tanaka citó a Tamotsu Baba, el alcalde de la ciudad de Namie en la prefectura de Fukushima, recordando el desastre de Fukushima. El alcalde reflexionó sobre la dolorosa experiencia que resultó de la falta de información pública inmediatamente después del desastre:

SPEEDIの情報が的確に公開されず、避難に活かせなかった。情報公開さえしてくれれば何らかの方法があった。東電と通報協定を結んでいたが守られなかった。我々は民主主義の拠り所である幸福追求権、生存権、財産権を全て侵害されている。人権を守って、情報公開してほしい。明るみに出せるところは出してほしい。もうちょっと慎重な対応をするべき。国民と論議を尽くすことが大切だ

[Tras el terremoto y el accidente nuclear de marzo de 2011], la información de SPEEDI [N.del T. sistema informático que predice la propagación de sustancias radiactivas en caso de accidente nuclear] no se dio a conocer con prontitud, y los residentes no pudieron hacer uso de la información de SPEEDI. Podría haber habido otras formas de operar la evacuación si la información se hubiera hecho pública. El acuerdo de informar entre TEPCO y [el gobierno local] no se cumplió. Todos nuestros derechos ─ el derecho a buscar la felicidad, el derecho a vivir, el derecho a la propiedad ─ fueron violados. La información debe hacerse pública para proteger los derechos humanos. Todo lo que se pueda sacar a la luz debe ser sacado a la luz. La medida legislativa debería ser más prudente. Es crucial que los funcionarios debatan esto con el público.

La Cámara Baja celebró una audiencia pública ante el comité especial para la seguridad nacional en la ciudad de Fukushima, poco antes de la votación. Representantes de la comunidad en la audiencia expresaron su firme oposición al proyecto de ley.

En una entrevista [ja] con Our Planet TV, una estación de radiodifusión en línea sin fines de lucro, el alcalde Baba dijo que si bien apreciaba el hecho de que la audiencia se celebrase en Fukushima, consideró que la audiencia «fue casi como un ardid.»

El proyecto de ley cuenta con una impresionante variedad de críticos en todo el mundo. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU llamó al proyecto de ley [en] una amenaza para la transparencia y el New York Times lo calificó [en] de «iliberal». El catedrático de periodismo Yasuhiko Tajima denunció que iría en contra de los Principios de Tshwane [en], un conjunto de principios globales que cubren la seguridad nacional y el derecho a la información. El proyecto de ley también ha sido criticado por el ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Morton Halperin [ja].

Después de obtener la aprobación de un comité ad hoc en la Cámara Baja el martes por la mañana, el proyecto fue aprobado por la Cámara Baja por la tarde de ese mismo día, con un fuerte apoyo del Partido Liberal Democrático. Mientras tanto, los manifestantes realizaron una vigilia en el exterior de la Dieta para mostrar su oposición al proyecto de ley.

El usuario de YouTube fukusima311 publicó imágenes de video de la precipitada aprobación del proyecto de ley en el comité el 26 de noviembre por la mañana.

Defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos temen que la ley podría restringir el derecho a la información ante lo que ya se considera un gobierno no transparente. El Índice de Libertad de Prensa 2013 de Reporteros sin Fronteras clasificó a Japón en el puesto 53 en abril. El informe destacó la falta de transparencia y acceso a información, en particular sobre la información relativa a Fukushima.

PEN International emitió un comunicado [en] hace unos días, señalando que el proyecto de ley podría no ser necesariamente sobre la protección de secretos.

El designado proyecto de ley de secretos del gobierno japonés no aborda las necesidades del Estado o los secretos reales o la protección del bien público. Parece ser sobre los políticos y empleados del Estado que se ocultan detrás de una idea exagerada de secretismo y una obsesión por la seguridad que raya en la histeria, todo con el fin de reunir más poder para sí mismos, socavando los derechos de los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión.

La Agencia France-Presse citó [en] al Primer Ministro Shinzo Abe, que insistió en que el proyecto de ley ni restringiría la libertad de prensa, ni animaría a las autoridades a designar «arbitrariamente» información como restringida. Abe también dijo [en] que es de vital importancia para Japón preparar un marco jurídico para el intercambio de información sensible con otros países.

Las directrices de contrainteligencia adoptadas [ja] en agosto de 2007 por el Comité de Promoción de Contrainteligencia japonés incluyen aproximadamente 420 000 piezas de información «secreta», en su mayoría consistentes en imágenes de satélite y criptogramas. Abe dijo [ja] que la información secreta sería seleccionada estrictamente, instando a la gente a no preocuparse por una excesiva clasificación de datos como «secretos».

El proyecto de ley aguarda ahora el debate y la votación en la Cámara Alta, que se espera tenga lugar a principios de diciembre.