¿Permiso para protestar? Ley de Manifestaciones desata polémica en México

Foto de por trontnort en Flickr, bajo licencia Creative Commons  (CC BY-NC 2.0)

Foto de por trontnort en Flickr, bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC 2.0)

En el marco del día internacional de los Derechos Humanos, organizaciones civiles mexicanas alertaron sobre actividad en el Congreso Federal para regular la protesta social en la capital mexicana. La iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Sotomayor en octubre de 2013, fue calificada como un importante retroceso en materia de derechos humanos luego del análisis realizado por más de 90 organizaciones.

En términos generales, la iniciativa prevé que aquellos que quieran manifestarse lo hagan previa solicitud de un permiso. La autoridad dispone de 48 horas para otorgarlo o no o, en su caso, decidir realizar modificaciones al horario, fecha y recorrido. También prohíbe el bloqueo de vías primarias, establece horarios para las marchas (de 11:00 a 18:00) y faculta a la Secretaría de Seguridad del DF para disolver las manifestaciones si alteran el orden público.

Las organizaciones y legisladores que instan a la Cámara de Diputados a rechazar la ley, argumentan que ésta contraviene a la Constitución Mexicana (artículos 122, 6, 9 14 y 16) y a principios internacionales de derechos humanos. Concretamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas en artículos relacionados con el derecho a la asociación y libre manifestación de ideas.

En sus cuentas de Twitter, organizaciones como Article 19 (@article19mex), el Centro Jurídico para los derechos humanos (@CJDDH) y Propuesta Cívica AC (@PropuestaCivica), así como algunos diputados, aseguran que la ley es “contraria al derecho a la libre de expresión” e “inhibe el uso del espacio público para fines políticos y sociales”, además de que los “arrestos generan un efecto inhibidor para la sociedad”

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (@CDHDF) manifestó por su parte que espera “que la Ley no se apruebe”, ya que “viola estándares de derechos humanos”, “es punitiva” y “establece censura previa”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (@CNDH), hasta ahora, no se ha pronunciado.

Además, la iniciativa es fuertemente criticada por ser técnicamente incorrecta y exceder el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Al respecto Karen Quiroga, secretaria de la Comisión del Distrito Federal, señaló que la iniciativa aborda competencias que sólo pertenecen a la Asamblea Legislativa del D.F.

La senadora Angélica de la Peña (@angelicadelap) escribió:

Según el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX), la regulación de movilizaciones debe llevarse a cabo en la Asamblea del D.F. y la iniciativa más que establecer limitantes y prohibiciones, debería completar protocolos de intervención de las autoridades y revisar que no se violen los derechos de los manifestantes.

A su vez, Amnistía Internacional subrayó que la terminología ambigua puede dar pie al uso discrecional de la ley y a la limitación arbitraria de derechos; por ejemplo, los criterios para conceder el permiso o la calificación de “manifestación legitima” a aquella conforme a “las buenas costumbres”. Advirtió, además, sobre la posibilidad de emplear la fuerza para disolver una manifestación pacífica en la que en que una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

El 10 de diciembre el dictamen se aprobó sin discutir las más de 30 reservas, en una sesión de menos de una hora que se celebró a puerta cerrada, sin que se permitiera el paso de organizaciones de la sociedad civil. 

Por otro lado, al tuitear parte del dictamen, el diputado Jorge Sotomayor comentó

En efecto, la iniciativa señala que, en caso de prohibirse una manifestación, se tendrá la posibilidad de inconformarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF; los manifestantes podrán denunciar irregularidades; y será obligatoria la presencia de personal del ombudsman capitalino en toda manifestación. Para garantizar que las demandas de los manifestantes sean atendidas (no forzosamente resueltas) propone el nombramiento de un representante de gobierno. 

Calificada por unos como #LeyAntiProtesta y por otros como #LeyProDerechos, la iniciativa, cuyo dictamen ya fue aprobado por Comisiones legislativas y pasará ahora al pleno de la Cámara de Diputados, se anuncia como una búsqueda de “equilibrio” entre los derechos de manifestantes y los de terceros, como si éstos estuvieran en contraposición y conflicto.

En un país cada vez más fragmentado, debatir la regulación de la protesta es válido. Sin embargo, más allá de si se aprueba o no la ley, la iniciativa es reflejo de la falsa idea de que existe oposición entre derechos (libre expresión, manifestación y asociación vs circulación) que pareciera deliberadamente ignorar que las protestas tienen un origen.

Actualmente, agentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya asisten a las manifestaciones y ya se capacitan policías capitalinos en derechos humanos. ¿Por qué justificar entonces una ley, que parece querer limitar el derecho a manifestarse, con medidas que ya existen?

¿Por qué protesta la gente? ¿Permitirá la ley reprimir las protestas por la Reforma Energética? ¿Hay un horario para ejercer y defender los derechos humanos? ¿Mienten las organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales? ¿Cuánto tiempo tardará en desahogarse un recurso por inconformidad ante un tribunal administrativo?

Son algunas de  las preguntas que quedan.

“La ley se encuentra en segundo debate, ya ha sido aprobado el primero y necesita ser aprobada en tres debates para convertirse en ley de la república.”

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