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Irán en el Día para terminar la vigilancia masiva

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Banner de The Day We Fight Back, traducción al farsi. Imagen de Alec Perkins via Wikimedia Commons, (CC BY-4.0)

Las revelaciones en torno a las prácticas de vigilancia de la NSA y otras agencias de inteligencia de gobiernos occidentales pueden haber hecho del 2013 el año que Internet perdió su inocencia dentro de los estados democráticos. Pero este estado de perpetua vigilancia generalizada ha sido durante mucho tiempo parte de la vida cotidiana dentro de la República Islámica de Irán. Mientras que las preocupaciones de seguridad y privacidad se han convertido recientemente en una preocupación principal en el mundo occidental, los iraníes han sabido por mucho tiempo los riesgos de compartir información a través de tecnologías de la comunicación.

Shunood, el término más utilizado para la palabra vigilancia en farsi, viene de la palabra shenidan, lo cual significa escuchar. En relación con esto, la vigilancia dentro de Irán se asocia comúnmente con la interceptación de teléfonos – una práctica común dentro de Irán desde la introducción de la tecnología en el país. En julio del 2013, el reconocido parlamentario Ali Motahari descubrió que su oficina había sido infestada con dispositivos de grabación – muchos sospecharon que los dispositivos fueran instalados por la anterior línea dura del Ministro de Inteligencia de Irán. En los últimos años, los avances en las tecnologías de la comunicación han cambiado el aparato de vigilancia del estado. De la búsqueda de datos y espionaje a través del método ultra pervasivo Inspección Profunda de Paquetes (DPI por sus siglas en inglés), al control de los meta-datos recogidos por las empresas de telecomunicaciones, y las escuchas telefónicas físicas (que es el método más popular dentro de Irán), los investigadores han identificado diversos métodos de vigilancia digital.

Durante y después del Movimiento Verde del 2009, el investigador de seguridad Chris Parsons encontró fuerte evidencia [en] que sugiere que las tecnologías de vigilancia sofisticados como el DPI fueron utilizados [fa] por el gobierno durante este período. Tebyan Zanjan [fa], un sitio web iraní de noticias que cubre las TIC, ha informado sobre los diferentes métodos de recolección de datos del gobierno, desde el DPI hasta las escuchas telefónicas, lo que demuestra aún más la capacidad de vigilancia del gobierno.

En suma, es de conocimiento común entre los iraníes que si el Estado puede, va a espiar a sus ciudadanos.

Existen dos normas legales importantes para las prácticas de vigilancia. Ambas reclaman por un debido proceso en los casos en que el Estado decide por la vigilancia. El artículo 25 [en] de la Constitución indica:

La inspección de las cartas y la falta de entrega de ellas, el registro y la divulgación de las conversaciones telefónicas, la divulgación de las comunicaciones telegráficas y de télex, la censura, o la omisión intencional de transmitirlos, las escuchas, y todas las formas de investigación encubierta están prohibidas, con excepción de lo previsto por la ley.

Al mismo tiempo, el artículo 104 [en] del Código Penal de Procedimiento para el Público y los Tribunales Revolucionarios de Irán declara:

En los casos en que exista la necesidad de inspeccionar y detectar correos, telecomunicaciones, audio y correspondencias visuales relacionadas con el acusado, en relación con la investigación de un delito, el juez informará a los respectivos funcionarios para confiscar [estos materiales] y enviarlos a él o ella. Una vez que se reciban, serán presentados a los acusados, anotados en las actas, y se adjuntarán al archivo después de haber sido firmadas por el acusado. La negativa del acusado a firmar se hará constar en el acta y en el caso de los artículos que no sean de relativa importancia, y si la confiscación no es necesaria, le serán devueltas al dueño obteniendo un recibo como confirmación.

Aunque existen leyes para proteger la privacidad de las personas, hay una disonancia entre las leyes y prácticas del Estado. Estas medidas de protección a menudo se pierden entre las tantas y distintas autoridades que administran estas prácticas dentro de un complejo y enorme aparato estatal, con varios ministerios y organizaciones de diferentes ramas involucradas. La entidad central que interviene en la recopilación masiva de datos desde la tecnología de las comunicaciones es la Empresa de Telecomunicaciones del Irán (TCI por sus siglas en inglés), o Mokhaberat en farsi. Esta organización está bajo la jurisdicción del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pero mantiene accionistas privados. Si bien hay informes contradictorios acerca de la naturaleza exacta de la influencia de la Guardia Revolucionaria de Irán sobre el TCI, es bien sabido que son dueños de las mayores acciones de la TCI, poniendo a este cuerpo en manos de una entidad que responde sólo al Líder Supremo. Aunque a menudo es difícil probarlo, muchos expertos sospechan [fa] que estos accionistas se asocian a elementos dentro de la Guardia Revolucionaria de Irán y Basij (IGRC).

El Ministerio de Información, el IGRC, FETA (Policía Cibernética de Irán), el Ministerio de Defensa, Ministerio de las TIC, la Organización de Defensa Pasiva (DOP), y el Consejo Supremo para el Ciberespacio (SCC) son todos los involucrados en el sistema de vigilancia del país, pero a menudo son responsables ante distintas autoridades y representan diferentes motivaciones e ideologías, que van desde los elementos de línea dura en oposición a las influencias reformistas o moderados dentro de la élite.

El 11 de febrero, cuando el mundo toma partido por los derechos de privacidad a raíz de las filtraciones de la NSA de parte de Edward Snowden, no debemos olvidar las prácticas que siempre han existido y continuan para perseguir y encarcelar a los iraníes. Mientras nos ponemos de pie en contra de países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido por sus violaciones de nuestros derechos a la privacidad, ASL19 insta al mundo a no olvidar las circunstancias en un país que no requiere revelaciones para revelar el estado injusto de la vida privada y los derechos humanos.

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