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Timor Oriental acusa a Australia de ir en contra de la soberanía nacional

La batalla legal comenzó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: Timor Oriental presentó cargos contra Australia por espionaje y por atacar a la soberanía y a los recursos naturales de los timorenses.

Graffiti Stencil by Alfe Tutuala shared on Wikimedia (public domain)

Graffiti esténcil de Alfe Tutuala, compartido en Wikimedia (de dominio público).

Lo que se discute es si Australia robó cierta información confidencial sobre los yacimientos de petróleo y gas en el mar de Timor, lo que perjudicó a los timorenses durante la negociación del Acuerdo del mar de Timor [en] (CMATS por sus siglas en inglés) con Australia en 2004.

El 17 de diciembre de 2013, Timor Oriental presentó una demanda internacional [en] contra Australia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Timor Oriental exigió [en] la devolución de los documentos incautados ese mismo mes en el allanamiento de la oficina de un abogado que representaba a Timor Oriental en la negociación del Acuerdo, y acusó a Australia de violar su soberanía.

“A luta kontinua”

Durante todo el mes de diciembre de 2013, la ola de protestas inundó las calles de Dili, capital de Timor Oriental, y las redes sociales timorenses. 

El Movimiento contra la Ocupación del mar de Timor y la ONG La’o Hamutuk [en], una reconocida defensora de los derechos de Timor Oriental, han movilizado a docenas de timorenses, principalmente jóvenes, a reclamar por los derechos soberanos de la nación. 

El lema “a luta kontinua” (la lucha continúa), que se utilizó ampliamente durante los 24 años de ocupación indonesia hasta la declaración de la independencia con el referéndum de 1999, cerraba el comunicado de prensa [en] (pdf) que circuló a principios de diciembre e instaba al gobierno australiano a:

1. Detener la explotación ilegal y ocupación del mar de Timor y demostrar la buena voluntad de una nación hegemónica que debería regirse por principios democráticos y respetar el límite marítimo determinado por la ley internacional. 
2. Ser ejemplo de lo que debe ser una nación soberana respetando y reconociendo los derechos de los ciudadanos de Timor Oriental.
3. No promover ni continuar el neocolonialismo contra los ciudadanos de Timor Oriental, quienes hemos sufrido durante siglos: No seguiremos siendo sus esclavos.
4. La administración de Abbott debe disculparse con el pueblo maubere, que ha sido víctima constante de la discriminación australiana. De no hacerlo, seguiremos con nuestras protestas frente a la Embajada de Australia por tiempo indeterminado.  

Photo from a demonstration in front of Australia's embassy in Dili, December 20, 2013. By Veronica Fernandes on Facebook (used with permission)

Protesta frente a la Embajada de Australia en Dili el 20 de diciembre de 2013. Fotografía del perfil de Facebook de Veronica Fernandes (utilizada con su consentimiento).

El 20 de diciembre de 2013 se desarrolló otra protesta frente a la Embajada de Australia, ubicada en Dili, en la que varios miembros del Parlamento de la nación afectada tomaron parte [pt] para demostrar su apoyo a la causa. 

Las primeras protestas se llevaron a cabo a principios de diciembre, luego de la noticia difundida por medios australianos de que la Organización Australiana de Inteligencia sobre Cuestiones de Seguridad (ASIO por sus siglas en inglés) había allanado la oficina del abogado que defendía al gobierno timorense en el proceso de arbitraje internacional de La Haya.

Durante el allanamiento, se incautó evidencia documental y electrónica que el abogado podría haber presentado en la primera audiencia. 

Ese mismo día, ASIO incautó el pasaporte de un supuesto informante australiano, un exempleado del ASIS (Servicio Secreto de Inteligencia Australiano, por sus siglas en inglés) que habría estado involucrado en actividades de inteligencia en Timor Oriental y que estaría dispuesto a testificar en la corte sobre la supuesta existencia de ciertos dispositivos de escucha plantados en las oficinas del primer ministro timorense durante la negociación del Acuerdo. Este exespía del gobierno australiano, cuya identidad no fue revelada, hubiera sido el testigo clave para Timor Oriental, pero la jugada de Australia logró detener su llegada a los Países Bajos y su presencia en la corte. 

Acuerdo del mar de Timor

En abril de 2013, el gobierno timorense notificó [en] a Australia que iniciaría un proceso de arbitraje internacional en el que exigiría que el Acuerdo del mar de Timor (CMATS), firmado en 2006, se declare nulo por no haber sido negociado en buena fe.

Según el gobierno timorense, el espionaje del gobierno australiano, realizado por intereses comerciales, pone en duda el principio de buena voluntad de las partes negociantes y vuelve nulo al Acuerdo del mar de Timor por contravenir tanto sus cláusulas así como la ley internacional vigente, i.e. la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

Ratificado en 2007, el Acuerdo regula cómo los dos países se distribuyen la explotación de los recursos naturales en el mar de Timor, los yacimientos de gas y petróleo conocidos colectivamente como “Gran Amanecer”, cuyos activos tienen un valor estimado de 40.000 millones de dólares estadounidenses. El Acuerdo entre los países estipula [en] que Timor Oriental debe ceder en su reclamo de mantener límites marítimos por un lapso de 50 años, una cláusula muy conveniente para Australia: La totalidad del sector entraría en territorio timorense si los límites se marcaran de acuerdo a la ley internacional.

Estos arreglos se explican en el documental producido por ABC Australia, Tiempos impositivos en Timor [en], que analiza el conflicto entre el gobierno timorense y los colosos de las industrias del gas y petróleo: 

La noticia de diciembre impulsó al actual primer ministro de Timor Oriental, Xanana Gusmão, a demostrar su indignación por la maniobra de Australia en los medios locales. Según un artículo [tet, en] publicado por el periódico Tempo Semanal el 11 de diciembre, Xanana acusó al gobierno australiano de ir en contra de la justicia y de faltar a la ética en las relaciones entre países vecinos. También subrayó la amenaza que este asunto representaba hacia la seguridad nacional. 

George Brandis, el fiscal general de Australia y quien autorizó la operación de ASIO, defendió [en] la legalidad del allanamiento alegando que la medida tenía interés nacional. Esto era así porque, según Brandis, la publicación de la identidad de exespías del Servicio Secreto Australiano podría comprometer la seguridad nacional. 

El Exministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, quien negoció el CMATS con el gobierno de Timor Oriental en 2004, acusó [en] al actual mandatario timorense de oportunismo por hacer peligrar la continuidad del Acuerdo. Inmediatamente después de dejar su cargo en el Parlamento, Alexander Downer se volvió asesor de Woodside Petroleum, una compañía que pertenece al consorcio que explota los yacimientos de Gran Amanecer. Esta es una de las razones por las que el antiguo miembro del Servicio Secreto Australiano deseaba [en] testificar a favor de Timor Oriental.

Protest in Timor-Leste against the 'return of colonialism'. Facebook page of Mario Amaral

Protesta en Timor Oriental en contra del “regreso del colonialismo”. Página de Facebook de Mario Amaral.

Para los timorenses, el incidente diplomático es una injusticia comparable a otras sufridas a lo largo de su historia. Por ejemplo, cuando Australia decidió recabar información sobre los recursos minerales de Timor Oriental de manera ilegal en 1989 al reconocer oficialmente la integración territorial indonesia de facto y hacer la vista gorda a las atrocidades y a las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo durante la ocupación indonesia de 1975-1999. 

Tanto manifestantes como políticos han subrayado que este asunto evidencia claramente la brecha entre ricos y pobres y argumentan que el estatus político y económico de Australia está siendo utilizado para perpetuar esta relación asimétrica. 

Léase también: “Australia espió a Timor Oriental para obtener ventajas comerciales” (13 de diciembre de 2013).

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