[1]«Bosque de columnas» en el interior de la mezquita. Foto de joe en Wikimedia Commons, con licencia CC BY SA 2.0
En el año 2006, merced a la antigua ley hipotecaria, de época franquista, la Iglesia Católica «inmatriculó» la mezquita catedral de la ciudad de Córdoba [2] a su nombre, a cambio de un pago de 30 € por el trámite. Esto significa que de forma natural, la Iglesia asumiría la propiedad definitiva de dicho monumento en 2016. Hace unos días, un movimiento ciudadano ha iniciado acciones para impedir que se realice esta adjudicación, y piden a la Junta de Andalucía, comunidad autónoma donde se ubica la mezquita, que haga lo posible para que siga siendo un bien público.
El edificio, de asombrosa belleza, se empezó a construir en el año 786 sobre las ruinas de un templo visigodo que fue demolido. Tras la reconquista cristiana, la mezquita pasó a ser catedral, y se construyeron sucesivas capillas cristianas en su interior, a la vez que se mantuvo su uso y estructura de templo musulmán. A partir de 1523 se construyó una basílica renacentista en el interior de la mezquita. En la foto siguiente se puede ver la iglesia renacentista en el centro de la mezquita. En primer plano se aprecia el mihrab, y al fondo, el patio de los naranjos y el campanario, que podría contener el minarete de Abderramán III.
[3]Imagen subida a Wikimedia Commons por Hameryko, con licencia CC BY SA 2.0
La mezquita catedral de Córdoba fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984.
Dado su carácter histórico, la mezquita catedral nunca ha estado inscrita en el registro de la propiedad. Esta circunstancia permite que se aplique la ley hipotecaria, por la que cualquier persona física o jurídica puede inmatricular un bien a su nombre siempre que documente ser propietaria de dicho bien.
Ante la inminencia de que el monumento pase definitivamente a manos de la Iglesia Católica (ICAR), un grupo de ciudadanos ha fundado la «Plataforma Mezquita – Catedral de Córdoba: Patrimonio de tod@s» y ha lanzado una petición en Change.org [4] para intentar que permanezca como bien de dominio público. En el momento de redactar este artículo, la petición ya ha recabado más de 128 000 firmas, entre ellas las de personalidades [5] como Norman Foster [6], Ian Gibson [7], Antonio Gala [8] y Federico Mayor Zaragoza [9]. La plataforma está compuesta de ciudadanos de todas clases y creencias, entre los que no faltan grupos católicos. El maestro y bloguero Luis Ángel Aguilar, secretario de Comunidades Cristianas Populares, la describe así [10]:
(…) no está formada por socialistas, ni comunistas, sino por un grupo de ciudadanos/as de Córdoba formado por profesores de la universidad, periodistas, cristianos, musulmanes, agnósticos, miembros de Europa laica, Yayo-flautas…
Algunos especialistas dudan de que los artículos de la ley hipotecaria a los que se acoge la ICAR para hacer este tipo de inmatriculaciones sean constitucionales. El notario Ángel Aznarez, especialista en temas de la Iglesia habló así en una entrevista con Religión Digital [11]:
[La Ley Hipotecaria] permite a la Iglesia Católica como al Estado, Provincia, Municipio y las Corporaciones de Derecho público inmatricular sus bienes, cuando «carezcan de título escrito de dominio (escrituras)», mediante una simple certificación, que en el caso de la Iglesia ha de ser certificación expedida por el Diocesano. Lo que es una prerrogativa para las Administraciones Públicas, para la Iglesia Católica considero que es hoy un privilegio, que puede atentar a los principios constitucionales de igualdad y de libertad religiosa (…), pues eso no se permite a otras confesiones religiosas.
La periodista Carmen Reina explica en eldiario.es [12] un detalle que rebate la denominación de «catedral» que el obispado de Córdoba hace extensivo a todo el edificio:
(…) desde el Vaticano, sólo se reconoce como catedral de Córdoba el crucero mayor de la Mezquita-Catedral porque, de reconocer como templo cristiano todo el monumento como hace creer el Obispado de Córdoba, su superficie de 15.600 metros cuadrados -sin contar con el Patio de los Naranjos- superaría a San Pedro del Vaticano, algo inadmisible por la propia Iglesia.
Y Julia Camacho, en el Periódico de Aragón [13], señala otro factor que complica aún más la controversia:
Entrada al mihrab de la mezquita. Foto de la autora de este artículo.
La polémica por la titularidad de la mezquita de Córdoba (…) puede poner en peligro su calificación como Patrimonio Mundial, concedido por la Unesco en 1984. El organismo reconoció entonces el inmueble como un ejemplo de la convivencia entre culturas, un símbolo que ahora queda en entredicho al estar el obispado de la ciudad tratando de borrar cualquier referencia al pasado andalusí.
En el trasfondo de este asunto, aparte de las cuestiones religiosas, hay mucho dinero en juego. Raúl Solis, en andaluces.es [14], resume la importancia de las cifras:
El año pasado, la Mezquita facturó 13 millones por las visitas al monumento. Unos ingresos que no pagan IVA, IBI, ni ningún tributo, dado que la Iglesia católica está exenta de pagar impuestos en España. Lo que convierte a la Mezquita de Córdoba en un paraíso fiscal en virtud de los acuerdos firmados entre el Estado franquista y el Estado Vaticano.
La Junta de Andalucía ha encargado un informe para evaluar si le compete reclamar la titularidad pública del monumento, y no descarta recurrir a la vía judicial [15] para mantenerla si fuera necesario, aunque «no busca el «enfrentamiento», sino que apuesta por el diálogo para buscar la mejor solución posible a la demanda de los ciudadanos».
Los partidarios de que la mezquita catedral pase a manos de la iglesia han creado también una petición en la web hazteoir.org [16] dirigida a los líderes de la Junta de Andalucía para que «Anulen las gestiones iniciadas para apropiarse de los derechos de la Iglesia en la Catedral de Córdoba y archiven este asunto». También la organización Europa Laica ha creado su propia petición [17]. Según informa eldiario.es [18],
[Europa Laica pide] el apoyo de los ciudadanos contra las inmatriculaciones de la Iglesia católica y por una Mezquita pública y de uso civil. El documento para el que se piden firmas y que lleva recogidas hasta el momento unas 6.000 va dirigido al Congreso, Senado, Ministerio de Educación y Cultura, Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Parlamento y Unión Europea, Consejo de Europa y UNESCO.