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Proyecto de ley de medios de comunicación podría traer censura a Timor Oriental

East Timorese youth undergoing a journalism training sponsored by the Independent Centre for Journalism. Photo from Flickr page of DFAT photo library (CC License)

Jóvenes de Timor Oriental reciben formación periodística patrocinada por el Centro Independiente para el Periodismo. Foto de la página de Flickr del archivo fotográfico DFAT (CC BY 2.0)

Periodistas y grupos de derechos humanos de Timor Oriental se oponen a un proyecto de ley [en] de medios de comunicación propuesto por el gobierno que consideran conduciría a una posible censura y represión de los medios en el país. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, pero fue presentado en el Parlamento hace apenas dos semanas.

El Consejo de Ministros afirma que la ley es necesaria [en] ya que busca garantizar los derechos de los profesionales de la comunicación, así como alentar a los medios de comunicación a hacer su trabajo “con objetividad e imparcialidad”:

La Ley de Prensa tiene como objetivo garantizar la libertad de prensa y, al mismo tiempo, promover el necesario equilibrio entre el ejercicio de esa libertad y otros derechos y valores fundamentales incluidos en la Constitución. Su propósito es principalmente regular la actividad de profesionales debidamente preparados y éticamente responsables, para que puedan informar al público de manera objetiva e imparcial y fomentar una ciudadanía activa e ilustrada entre la población, contribuyendo así a una sociedad democrática.

Sin embargo, varios grupos de medios de comunicación han señalado que el proyecto de ley contiene varias disposiciones que socavan directamente la libertad de expresión. Destacaron el artículo 7 de la medida, que exige la inscripción de los periodistas para ser supervisados por un Consejo de Prensa. El grupo activista La'o Hamutuk argumentó [en] que la creación de un consejo de prensa es innecesaria:

Dado que la libertad de expresión ya está garantizada por la Constitución, no  se necesita ningún Consejo de Prensa para regularla. Un Consejo de organizaciones de medios de comunicación comerciales y de periodistas profesionales puede autorregular su negocio, incluso con su código ético, pero sus procesos no pueden imponerse a todos y no debe involucrar al Estado, ya sea mediante apoyo financiero o de cumplimiento legal. Además, ningún periodista debe ser obligado a afiliarse a una organización con el fin de practicar sus derechos constitucionales.

El grupo también cuestionó una disposición que restringiría la definición de periodista aquellos que trabajan para los medios de comunicación corporativos. Insistió en que el panorama de los medios de comunicación ha cambiado y que los periodistas ciudadanos también deben ser reconocidos por el gobierno:

Esta ley debe respetar el derecho de toda persona a la libertad de expresión, incluyendo estudiantes, blogueros, gente que publica en la red, organizaciones de la sociedad civil, autónomos, periodistas a tiempo parcial, grupos de discusión, iglesias, partidos políticos, columnistas, investigadores, grupos comunitarios y gente corriente. No debe ser monopolizada o controlada por los medios de comunicación con fines de lucro.

La'o Hamutuk concluyó afirmando que el proyecto de ley no es crucial en la promoción del derecho a la información y, peor aún, que viola la Constitución: 

Timor Oriental ha pasado por más de una década sin [en] una Ley de Medios, y no hemos tenido problemas con los medios de comunicación e información. Durante este tiempo, los timorenses disfrutaron de su derecho a la información y la libertad de expresión a través de diversos medios de comunicación, después de casi 500 años de represión y censura.

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esta Ley de Medios vulnera los artículos 40 y 41 de la Constitución de Timor Oriental sobre los derechos y la libertad de las personas a buscar, recoger, escoger, analizar y difundir información, ya sean palabras y/o imágenes, a todo el mundo.

Mientras tanto, la Asociación de Periodistas de Timor Oriental cree [en] que el proyecto de ley, de ser aprobado, significaría más regulación [en] en lugar de más protección para los medios de comunicación:

Queremos que la ley refleje las realidades de los medios de comunicación modernos y obedezca las normas internacionales. Lo que vemos en estas leyes crea la impresión de que su intención es regular la prensa en lugar de proteger los derechos de los periodistas de Timor Oriental.

El bloguero David Robie está preocupado por la transparencia en torno a la ley, preguntando por qué el contenido [en] del documento sólo se hizo público hace unas semanas:

La propuesta ley de medios de Timor Oriental es una mezcla draconiana. Y es irónico que un documento de este tipo, con pretensiones idealistas de protección de la libertad de prensa, esté rodeado de secreto durante los últimos seis meses.

Es alarmante el intento de bloquear el estatus y la definición de los periodistas, excluyendo efectivamente al periodismo independiente y autónomo, y dejando el registro de periodistas enteramente al capricho de los medios de comunicación comerciales.

No habría funcionado en ningún tipo de democracia en los días de los periódicos y publicación de medios de baja tecnología. Pero en estos tiempos de medios digitales, periodismo ciudadano y diversidad de información crítica en línea, es equivalente a censura ─ precisamente lo que el proyecto de ley dice rechazar.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya a los periodistas de Timor Oriental pidiendo una reevaluación [en] e incluso revisión del proyecto de ley:

Cualquier legislación que limite la capacidad de los periodistas locales e internacionales que informan sobre Timor Oriental, también limita el derecho del público a saber y es de gran preocupación para la FIP. Instamos al gobierno a asegurarse que estas reservas y perspectivas sean tomadas en serio e incorporadas en el proyecto de ley de medios.

En respuesta, el gobierno se comprometió a tener en cuenta todos los comentarios de las organizaciones de medios de comunicación antes de seguir deliberando sobre el borrador de ley.

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