La Nueva Agencia de Seguridad en Venezuela: Vigilando la Web Sin Aprobación Judicial

Mural of Hugo Chavez in Merida, Venezuela. Photo by David Hernandez via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Mural de Hugo Chavez en Merida, Venezuela. Foto por David Hernandez via Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

En octubre de 2013 el gobierno venezolano promulgó por decreto presidencial la ley de creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESSPA), un organismo orientado a “unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles de la Seguridad, Defensa, Inteligencia y Orden Interno, y Relaciones Exteriores” tanto del sector público como del privado. Dentro de la estructura organizativa del CESSPA está la figura de la Dirección de Estudios Tecnológicos y de Información, cuya función, entre otras, es la de procesar y analizar “las informaciones provenientes de la web”, y analizar los “eventos o acciones que afecten la cotidianidad y la política del Estado”. El CESSPA establece mecanismos de censura previa, al poseer la capacidad de clasificar cualquier información como reservada sin pasar por ningún tipo de procedimiento judicial.

Hoy en día en Venezuela, las protestas masivas, detenciones por parte de la Guardia Nacional, y la incertidumbre alrededor de la censura digital son parte de la vida cotidiana. Con el establecimiento del CESSPA, estas amenazas a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información podrían volverse incluso más institucionalizados de lo que ya están

El gobierno de Hugo Chávez, continuado en su sucesor Nicolás Maduro, se ha caracterizado por una intensa preocupación por las redes sociales y el contenido transmitido en Internet, exteriorizado en una amplia gama de acciones, que van desde la creación de un Viceministerio para las Redes Sociales, hasta sus recientes declaraciones de que las protestas actuales en Venezuela serían parte de un “golpe de Estado twittero” o un “golpe 2.0″. Al mismo tiempo que aplica medidas para restringir el flujo de información en la web y desarrolla una base de seguidores que difunden información y etiquetas a favor del gobierno en las redes sociales (la llamada “guerrilla comunicacional”), el socialismo venezolano es un gobierno hiperconectado que funciona en uno de los países con la peor infraestructura y una de las la conexiones a Internet más lentas y más costosas de Latinoamérica.

Para entender el contexto en el que se crea el CESSPA, es conveniente hacer un breve ejercicio de historia contemporánea. En una sesión exprés en el 2012, la Asamblea Nacional, en aquel entonces bajo el mandato del presidente Hugo Chávez, promulgó la reforma de la denominada “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo“. Esta ley estableció como delito “cualquier acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. Desde el instante de su aprobación la ley levantó preocupaciones debido al carácter vago y ambiguo de su redacción, que puede prestarse a abarcar casi cualquier conducta. Las organizaciones relacionadas con la libertad de expresión denunciaron desde entonces que esta ley estaba destinada a criminalizar la protesta, y más aún, establecía la delación como un deber ciudadano.

Ahora, para volver a la actualidad, la primera versión del decreto ley que crea el CESSPA contenía el concepto de “enemigo interno”, el cual fue eliminado en una posterior reimpresión. No obstante, el texto actual de la ley no distingue entre tipos de enemigos: su función es “neutralizar y derrotar los planes desestabilizadores en contra de la Nación”, defender el Estado y la construcción del socialismo de cualquier posible amenaza.

En su reporte “Enemies of the Internet” [en], Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que en diversos países, como Estados Unidos, Etiopía y Rusia, las agencias de seguridad han ido mucho más allá de sus responsabilidades centrales al censurar o espiar a periodistas y a otros proveedores de información. RSF señala que la tendencia de usar las necesidades de seguridad nacional como base para allanar derechos fundamentales está extendiéndose más y más en el mundo.

El gobierno de Venezuela ha demostrado a lo largo de los años que las libertades ciudadanas en lo que respecta al acceso a Internet no son una de sus prioridades. Durante años se ha forzado a los proveedores de internet (ISP) a filtrar contenido inconveniente: las páginas web que reportaban las tasas paralelas del dólar fueron bloqueadas, acusadas de “instigar a una guerra económica“; las comunicaciones a través de Zello fueron bloqueadas luego de que el gobierno denunciara que estaban siendo usadas para organizar las recientes protestas; y anteriormente ciudadanos han sido detenidos por difundir información “desestabilizadora” a través de redes sociales.

Después de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos en el 2010, que autoriza a un órgano administrativo dependiente de la Presidencia a exigir a los proveedores de servicio que bloqueen cualquier contenido violatorio, la creación del CESSPA se convierte en otra vuelta de tuerca para apretar más la llave del flujo informativo en la red en Venezuela.

 

Lea nuestra pagina de Cobertura Especial de las Protestas en Venezuela

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