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España: Jueces contra la ley que suprime la justicia universal

«¿Cómo se dice en chino 'resuelto el problema con la justicia universal?'». Viñeta de Fernando Saldaña

«¿Cómo se dice en chino ‘resuelto el problema con la justicia universal'?». Viñeta de Fernando Saldaña

España fue un referente en el ejercicio de la justicia bajo el principio de jurisdicción universal, que permitió a jueces españoles investigar e instruir crímenes contra el derecho internacional sucedidos en diferentes países del mundo. Pero los dos últimos gobiernos han cedido ante las presiones de estados poderosos –entre ellos, Estados Unidos y China– y han limitado su aplicación, acabando con años de lucha contra la impunidad. Tras la última modificación, varios jueces de la Audiencia Nacional buscan resquicios legales para continuar con algunos de estos casos. 

El parlamento español aprobó el pasado 11 de febrero la reforma de la justicia universal propuesta por el Partido Popular (PP). La ley se tramitó por la vía de urgencia, y salió adelante con los votos del PP en solitario, que se valió de su mayoría absoluta para contrarrestar la oposición de todos los demás grupos parlamentarios.

Esta reforma tiene antecedentes en el anterior gobierno socialista. Como explican J. Marcos y Mª Ángeles Fernández en euroxpress,

El Estado español ha sido uno de los más activos en la aplicación de este principio [de jurisdicción universal], limitado ya en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, en un gesto que fue bendecido por el presidente de Israel, Shimon Peres. Según revelaron los cables de Wikileaks, un año más tarde fue Estados Unidos quien presionó al Gobierno socialista para «frenar o boicotear» las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos.

Esta vez ha sido China el país que más ha pesado a la hora de llevar a cabo la reforma. Según la Agencia France-Presse:

“La agenda económica prevalece sobre los derechos humanos, que sólo son vistos por el gobierno como fuente innecesaria de problemas”, afirmó el diputado socialista Julio Villarrubia, en referencia a las tensiones que una de las investigaciones de la justicia por crímenes de lesa humanidad ha provocado con China.

La propuesta llegó al parlamento poco después de que el 10 de febrero un juez español emitiera una orden de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en el marco de una investigación a varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet, muy criticada por Pekín.

Amnistía Internacional añade otros elementos:

(…) esta iniciativa, que coincide con la campaña que el Gobierno español está llevando a cabo para ser miembro del Consejo de Seguridad [de la ONU], significa un considerable paso atrás y empaña el compromiso español con el sistema universal de derechos humanos. En resumidas cuentas, España transmite así el mensaje de que las autoridades españolas se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos.

Ciudadanos protestan en el Senado contra la reforma de la justicia universal. Foto del blog de Ignacio Aréchaga.

Ciudadanos protestan en el Senado contra la reforma de la justicia universal. Foto del blog de Ignacio Aréchaga.

La ley reformada endurece los requisitos para que un juez español pueda investigar un delito contra la justicia universal, e incluye una disposición que obliga a que las causas abiertas en el momento de la entrada en vigor de la ley queden «sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella». Esta disposición afecta a doce causas actualmente en marcha, entre ellas,

(…) la muerte en Irak del periodista José Couso; los responsables directos de su muerte fueron los militares estadounidenses (…) pero hasta ahora el Pentágono ha hecho caso omiso a los requerimientos del juez Santiago Pedraz.

También están en la cuerda floja las investigaciones judiciales sobre los genocidios de Guatemala, Ruanda y el Sáhara; la muerte de seguidores del grupo religioso chino Falung Lung; el proceso contra cuatro guardias de las SS en los campos de concentración alemanes, los vuelos de la CIA y sus posibles escalas en Palma de Mallorca con presuntos terroristas detenidos; los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria en Chile y del religioso Ignacio Ellacuría en El Salvador; así como el ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad de Gaza, y la ofensiva contra el campo de refugiados iraníes de Ashraf.

En un seminario sobre justicia universal, el exjuez Baltasar Garzón criticó duramente la nueva reforma, a la que acusa de violar «los convenios sobre genocidio, tortura y desapariciones forzosas, la Convención de Ginebra y muchas otras más porque se lía de tal manera que va a provocar problemas graves», según relata eldiario.es. También se pregunta «quiénes son los diputados del PP para usurpar el papel de los jueces», denunciando la injerencia del gobierno, que podría vulnerar la Constitución y el Código Penal.

El cámara José Couso, asesinado en Irak. Foto de Kaos en la Red con licencia CC BY 3.0

El cámara José Couso, asesinado en Irak. Foto de Kaos en la Red con licencia CC BY 3.0

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Couso, ha rechazado archivarlo porque hacerlo vulneraría la IV Convención de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempo de guerra. Según el auto emitido por el juez, que puede leerse en la web del diario Público

España no puede obviar dicha Convención ya que “la firmó, ratificó y publicó (vigente desde 1952)” y por ello forma parte de su ordenamiento jurídico. Está, por tanto, obligada a “perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén”. Si se archivara el caso, afirma Pedraz, se estaría “admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convencio internacional vigente para España”.

El jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador. Foto del blog de Élmer L. Menjívar.

El jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador. Foto del blog de Élmer L. Menjívar.

El juez Eloy Velasco, que instruye el caso del jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en 1989 por las Fuerzas Armadas de El Salvador junto con otras siete personas, deberá archivar la investigación del delito de lesa humanidad, pero como informa eldiario.es, «el magistrado cree que puede seguir adelante, ya que la querella se instruye también por otro [delito] de terrorismo, un supuesto que ha quedado a salvo de la reforma».

Otros jueces y la fiscalía de la Audiencia Nacional se han posicionado claramente en contra de la reforma, cuestionando su constitucionalidad. Manuel Ollé Sesé, abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense explica su punto de vista en la web del Consejo General de la Abogacía:

La futura reforma, en este aspecto, parece establecer víctimas españolas de primera y de segunda categoría, al privilegiar a las víctimas del terrorismo, respecto de las de otros delitos (…). Gráficamente: una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España, mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura, no, salvo la presencia de otros nexos de conexión, de muy difícil aparición.

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