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El podcast satírico ‘KFC’, la prueba decisiva para la libertad de expresión en Corea del Sur

Promotion Image of New Podcast 'KFC', Fair Use Image

Imagen promocional del nuevo podcast ‘KFC’. Uso legítimo.

El humorista Kim Ou-joon [en] es un importante crítico de la administración del expresidente Lee Myung-bak, y el principal impulsor del novedoso podcast “Naneun Ggomsud” [en]. El mes pasado volvió a las ondas después de ser absuelto de cargos de difamación hacia la presidenta Park Geun-hye este mismo otoño. Su nuevo show, “KFC” [ko] (llamado así por ser “pollo” el apodo de la mandataria) ha empezado a emitirse regularmente en Hankyoreh TV, y supone una nueva prueba a la hora de determinar cuánto margen dará la administración de Park a sus críticos. 

Aunque Corea del Sur es ampliamente vista como una de las principales democracias asiáticas, críticas recientes [en] por parte de varias organizaciones internacionales de derechos humanos respecto al tratamiento otorgado por el gobierno a voces disidentes han llevado a temer que el país se halla por detrás de otros [en] en cuanto a libertad de expresión.

En particular, las leyes de difamación criminal siguen siendo un arma poderosa en la supresión gubernamental de la libre expresión, lo que ya se indicó repetidamente en un informe de 2011 del Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU y en Reporteros sin Fronteras. Según otro informe de los profesores de la UC San Diego Stephan Haggard y Jong-sung You [en], los casos por difamación criminal se han multiplicado por cinco, de unos cerca de 2.000 casos anuales a finales de la administración de Kim Dae-jung a más de 10.000 a finales del mandato presidencial de Lee.

Este incremento de acusaciones por difamación se corresponde con un pronunciadísimo repunte en la cantidad de contenido web bloqueado o eliminado por el órgano gubernamental de regulación de Internet, la Comisión de Comunicaciones y Estándares de Corea (KCSC) [en]. Estadísticas de fácil acceso en la web de la KCSC [en] muestran cómo la eliminación de contenidos objetables (abarcando categorías que van desde la obscenidad y la difamación a cuestiones de seguridad nacional) se ha disparado desde la creación de la agencia, desde unos 10.000 sitios web y posts bloqueados o borrados en 2008 a más de 85.000 en 2013. Mucha de esta actividad ha sido llevada a cabo de acuerdo a la Acta de Redes del país, que define vagamente el “contenido online ilegal” y criminaliza la circulación en línea de “información ilegal o indecente”.

Además de estas preocupantes tendencias respecto a la difamación criminal y a la regulación de Internet (a la censura, dirían algunos), las formulaciones de cargos bajo el paraguas de la polémica Ley de Seguridad Nacional han comenzado a multiplicarse [en], pasando de 32 en 2008 a 103 en el año pasado [ko]. El aumento de la retórica al estilo de la época de la Guerra Fría ha revivido el tema de la seguridad nacional como un asunto crucial en la política coreana, forzando a los críticos de izquierdas a adoptar una mayor precaución en sus comentarios, bajo la amenaza de ser tildados de “simpatizantes pro-Corea del Norte” [en].  

En 2012, Amnistía Internacional publicó un duro informe [en] sobre la Ley de Seguridad Nacional, señalando con acierto que el uso ambiguo y arbitrario del Artículo 7 produce un escalofriante efecto en quienes cuestionan las políticas del gobierno. Esta cláusula prohíbe alabar al régimen norcoreano, unirse a una organización “anti-gobierno”, participar en actividades en contra del Estado, así como poseer o distribuir libros o medios de comunicación norcoreanos. El hecho de que muchos de estos críticos estén ahora bajo cargos de difamación en vez de acusados por violar la Ley de Seguridad Nacional sirve de poco consuelo. 

Así, muchos de los críticos con la presidenta han guardado cautela respecto a sus posturas en cuanto a esta situación se refiere, y ella ha hecho poco para mitigar las preocupaciones. Conforme 2013 llegaba a su fin, el país fue sacudido por una serie de huelgas, principalmente debidas al temor de que el gobierno se propusiera privatizar una nueva línea ferroviaria. En relación con las causas de la huelga, la presidenta culpó a los ‘medios sociales’ de extender “rumores salvajes”, declarando que el gobierno debía actuar “rápida y agresivamente contra grupos que tergiversan la situación”. El hecho de que estas declaraciones fueran hechas un día después de que la sección de regulación de la estación  oficial del gobierno cargara contra varios medios de comunicación (incluyendo los sitios web Global y Newstapa) por publicar artículos que la agencia tachaba de “noticias no reales” hizo que se propagara el miedo a que el gobierno pueda estar preparándose para intensificar sus esfuerzos a la hora de regular tanto los contenidos en Internet como los medios de comunicación tradicionales.

Queda por ver cuán agresivo será el contraataque de la presidenta para con los críticos de su administración. En ese sentido, puede que el presentador de KFC (que ya se ganó la ira de Park en un momento anterior de su mandato) pase a encarnar el papel de otro tipo de ave: el canario en la mina de carbón. 

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