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Ley 140: espiando a los libaneses

Beirut. Photo by Varun Shiv Kapur via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Beirut. Foto de Varun Shiv Kapur via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Después de una, al parecer, breve y acalorada discusión del consejo de ministros el mes pasado en Líbano, los miembros del gobierno aprobaron una propuesta que consiente a las agencias de seguridad del país un acceso completo y sin restricciones a la información sobre intercambio electrónico de datos de los ciudadanos [ar]. Esta noticia no tuvo mucha repercusión en los principales medios libaneses, quienes la definieron sustancialmente como una consecuencia más de las divisiones internas en el actual gobierno. Se ha discutido poco acerca del impacto que la ley puede tener sobre los usuarios, o sobre la noción de que la privacidad es un derecho humano esencial e irrenunciable.

En su primer artículo, la Ley de Vigilancia de Líbano [ar] garantiza el derecho a la privacidad en todos los medios electrónicos de comunicación, a través de cable o inalámbricos, locales e internacionales.

Pero en los últimos años, al hacerse cada vez más disponible la cobertura 3G en el territorio de Líbano, las peticiones de información sobre las comunicaciones por parte del gobierno se han extendido a las comunicaciones en línea. Estas solicitudes de datos, que afectan a millones de residentes en Líbano, violan la Ley 140. Como expuso públicamente el Magistrado Awny Ramadan [ar], jefe de la agencia nacional responsable, “Es [ilegal] facilitar los datos de las llamadas telefónicas de cuatro millones de libaneses, porque todos los libaneses no pueden ser sospechosos”.

Como las instituciones legales libanesas por lo general imitan el sistema francés, en 2012 se formó una delegación para ir a Francia y estudiar la aplicación de la ley de vigilancia en ese país. Ramadan explicó: “La delegación que estuvo en París, dirigida por el magistrado Chokry Sader, y formada por diversos funcionarios y técnicos en comunicaciones, descubrió que las autoridades francesas no permiten [ar] que todos los datos de las comunicaciones queden a disposición de los departamentos militares… En realidad, el enfoque libanés sobre el tratamiento de datos de las comunicaciones no es habitual (en la administración francesa)”.

El gobierno libanés ha cruzado sus propios límites legales y los de la comunidad internacional. Los Principios Internacionales para la aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones imponen algunas consideraciones importantes al respecto. Estas incluyen: legalidad (cualquier limitación al derecho a la privacidad debe estar regulada por ley); necesidad (las autoridades tienen que demostrar claramente la necesidad de obtener los datos de las comunicaciones para desarrollar una investigación criminal); y autoridad judicial competente (las disposiciones acerca de la vigilancia, incluidas las peticiones de datos, deben ser revisadas y aprobadas por autoridades judiciales competentes e imparciales.

El gobierno libanés viola sus propias normas. No respeta el derecho a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, sino que en cambio trata a todos como a sospechosos. No sigue estos Principios en absoluto. El régimen actual y el estado libanés han vuelto a demostrar que las necesidades y los derechos de sus ciudadanos no constituyen su principal prioridad. Y al descuidar la privacidad de sus ciudadanos, el gobierno debilita la seguridad de todo el país.

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