Desplazados y libres de impuestos en El Tamarindo, Colombia

El siguiente artículo, escrito por Luke Finn, se publicó originalmente en el blog de NACLA [en] (North American Congress on Latin America) titulado Red Hot Burning Peace [en]. Luke Finn es escritor y acompañante internacional para la Fellowship of Reconciliation Peace Presence [en] de Colombia. Es egresado del Humanitarian and Conflict Response Institute de la Universidad de Manchester. Siga en Twitter a @Peace_Presence [en] y también en Facebook en].

La comunidad de El Tamarindo se encuentra a unos tres kilómetros de Barranquilla, la cuarta ciudad más poblada de Colombia, cuyo puerto es el más grande y urbanizado de la costa Caribe del país. El Tamarindo se extiende por 120 hectáreas que hacen parte del municipio de Galapa, y es hogar de aproximadamente 130 familias, las cuales han vivido y trabajado en su tierra durante los últimos cinco y doce años. Antes de llegar a este lugar, la región era un terreno baldío que nadie reclamaba como dueño, así que los habitantes de El Tamarindo terminaron ocupándolo de buena fe.

Chris, FOR Peace Presence, with Luis, of El Tamarindo

Chris, de FOR Peace Presence, con Luis, habitante de El Tamarindo

La mayoría de las familias que decidieron establecerse en El Tamarindo no provenían de Barranquilla, sino de distintos lugares de la costa Caribe u otras regiones, desplazados por la violencia. Una de las líderes comunales nació y se crió en el Chocó, un departamento de Colombia ubicado en la costa Pacífica, pero debido a la violencia de los años 80 tuvo que mudarse a la ciudad de Apartadó, en el Urabá antioqueño. En 1995 fue desplazada una vez más por otra oleada de violencia en dicha región, llegando finalmente a El Tamarindo, donde vive desde hace 12 años.

Hoy ella está siendo desplazada nuevamente.

El Tamarindo ha sido sometido a fuertes acosos de carácter judicial y físico por parte del gobierno en los últimos años, ya que éste ha intentado forzar a los pobladores a que desocupen una tierra que ellos llaman su hogar. Hasta la fecha el gobierno ha puesto 43 tutelas exigiendo que las tierras se desalojen. Esta es una estrategia para intimidar a la población y agotar sus recursos económicos. También han hecho varias peticiones oficiales a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, e incluso han hecho denuncias dirigidas a la presidencia.

El motivo de las recientes acciones en contra de la comunidad es la expansión de la Zona Franca de Barranquilla, un sector libre de impuestos, como tantos otros en el mar Caribe (véase: Colón, Panamá; Puerto Limón, Costa Rica; y Urabá, Colombia), y que está muy cerca de El Tamarindo. La exención de impuestos a ingresos y exportaciones hacen de este el lugar predilecto para empresas a lo largo del río Magdalena. El resultado de este proceso ha causado que las antes ignoradas tierras al lado de la carretera que sale de Barranquilla hoy tengan un gran valor.

Los interesados en comprar estas tierras son miembros de algunas de las más poderosas familias de la región, ocasionalmente llamadas el “Cartel de las Tierras,” tales como los Char Abdala, Tarud y Muvdi, que pertenecen a la élite económica y política de Barranquilla (un indicador del poder de una familia en esta ciudad es el reinado del carnaval de Barranquilla; Andrea Char y Daniella Tarud fueron coronadas en 2012 y 2013 respectivamente). Hasta el 2011 el alcalde de Barranquilla fue Alejandro Char Chaljub, cuyo hermano es senador de la república y quien ha ejercido cargos diplomáticos en Londres. Su padre, Faud Ricardo Char Abdala, ha sido senador, gobernador del Atlántico, embajador de Colombia en Portugal, y es el dueño del Atlético Junior, el equipo de fútbol de Barranquilla. 

Por consiguiente, la población de El Tamarindo ha enfrentado una intensa oposición por parte de la administración judicial de Barranquilla y de la policía. Dos personas fueron asesinadas, incluyendo el hijo de uno de los líderes comunitarios, y muchas otras fueron atacadas, sufriendo heridas.

En enero y febrero del año pasado, se enviaron bulldozers para destruir los cultivos de plátano y yuca que alimentan a los habitantes de El Tamarindo. Las máquinas sólo se detuvieron cuando los miembros de la comunidad hicieron una barrera humana frente a estas, arriesgando sus vidas. Al no moverse para dejar pasar los bulldozers, hombres armados vestidos de civil los amenazaron con cuchillos y disparos. El líder de los agresores es Lexman Parra González, hermano de Libardo Parra, un paramilitar de alto rango que actualmente cumple condena en los Estados Unidos. En otras ocasiones los bulldozers han logrado su objetivo, destruyendo casas y aplastando cuanto animal se les haya cruzado en el camino. Cuando los integrantes de la comunidad bloquearon una vía en acción de protesta, la policía los atacó con garrotes y gases lacrimógenos, hiriendo a catorce personas. 

Otro grupo involucrado en el conflicto es la empresa de seguridad 911 de Enilce López, alias “La Gata,” quien tuvo lazos cercanos con la administración Uribe y el grupo paramilitar AUC, y que hoy esta bajo arresto domiciliario en Managué. Adicionalmente, en febrero del presente año, el grupo paramilitar Los Rastrojos hizo un comunicado [en] con un listado de recompensas por la muerte de varias personas que han apoyado oficialmente a El Tamarindo y que van desde los 10 a los 50 millones de pesos (US$5.000 a US$25.000 más o menos). El comunicado cierra con la siguiente frase: “se van del país, o los acabamos.”

Como respuesta, la comunidad formó legalmente la Asociación de Trabajadores del Campo (ASOTRACAMPO) para denunciar las acciones en contra de ella y exigir protección por parte de organismos oficiales. También han creado una red de apoyo en la que participan el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Defensoría del Pueblo, y la organización para la que yo trabajo, FOR Peace Presence [en]. Grupos de estudiantes, uniones e iglesias en Barranquilla también se han unido para prestarle apoyo a El Tamarindo y servir como refugio de la violencia.

No obstante, la campaña en contra de esta población aún continúa. Hace más de un mes un grupo desconocido de hombres armados llegó a El Tamarindo con nuevas amenazas, mientras que a mediados de marzo un 50 por ciento de las tierras fueron desalojadas oficialmente.

La precaria situación de El Tamarindo ha generado gran preocupación (aunque la temporada de elecciones recibió más cobertura en esos días por parte de los medios) y la comunidad se está convirtiendo en un caso emblemático: familias que han sido desplazadas de su territorio por intereses económicos no sólo una, si no varias veces. Los habitantes han sido sometidos a amenazas y actos de violencia continuamente sin recibir apoyo del gobierno local, lo que revela la debilidad de las leyes de tenencia de Colombia y la maleabilidad de los derechos de los ciudadanos. Así como tantos otros que han llegado del campo a formar comunidades peri-urbanas, la gente de El Tamarindo tendrá que buscar otro hogar y empezar una nueva vida.

Como es común en Colombia, los habitantes de El Tamarindo no son tratados como ciudadanos con voz en una democracia representativa, sino como obstáculos en el camino hacia el desarrollo y el enriquecimiento de una clase política cleptocrática por herencia. Como uno de los líderes de la comunidad me dijo, “el pobre no vale en Colombia.”

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